Superintendente de Salud defiende su cálculo de devolución de isapres: “Corresponde a la aplicación literal del fallo de la Corte Suprema”

La comisión técnica asesora para la Comisión de Salud del Senado que se creó en el marco de la ley corta de isapres que se tramita en el Congreso, concluyó esta semana su labor, entregando el martes su propuesta respecto de cómo implementar el fallo que dictó la Corte Suprema sobre la tabla de factores.

Un paso clave para aplicar la sentencia que mandata a las aseguradoras a utilizar una nueva tabla de factores con todos los afiliados y restituir los cobros en exceso, era determinar el monto que las isapres deben devolver, labor que estuvo en manos de la Superintendencia de Salud, ente que el pasado 10 de mayo, a través del superintendente Víctor Torres, informó que eran $1.112.615 millones, es decir, más de US$ 1.400 millones.

Pero los expertos convocados, dentro de los cuales se cuentan asesores de todos los senadores de la Comisión de Salud del Senado, así como del Ejecutivo, de algunas universidades y de las propias isapres, volvieron a revisar la cifra y en su informe concluyeron que la devolución que tienen que hacer las isapres es de $402.341 millones, del orden de US$ 451 millones. Una diferencia significativa, pues el nuevo monto propuesto es un tercio del cálculo original.

¿Por qué se produce esa diferencia? Esta es la pregunta que la mayoría de los parlamentarios de la mentada comisión, integrada por Sergio Gahona (UDI), Francisco Chahuán (RN), Juan Luis Castro (PS), Juan Ignacio Latorre (RD) y Ximena Órdenes (ind.), querían que el superintendente Torres respondiera en la sesión de este miércoles, donde estaba citado desde las 16:00 horas para discutir sobre el informe del ente técnico, y en la cual también estuvieron presentes la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el director de Fonasa, Camilo Cid.

A los senadores también les llamaba la atención que el superintendente de Salud hubiera asegurado, en más de una ocasión, que el fallo no se podía aplicar con una cifra más baja.

De hecho, la autoridad señaló a La Tercera el pasado 10 de mayo que “este es el monto más bajo en virtud de todos los criterios que se fueron aclarando durante todo este tiempo. Recordemos que hay elementos que se fueron clarificando por parte de la Corte Suprema y que fueron ordenando la manera en que podíamos llegar a ese cálculo. Ahora, si alguien tiene un cálculo más bajo, sería importante saber qué elementos se consideran y si esos criterios cumplen con lo instruido por la Corte Suprema”.

Y también añadió que no había otras formas para calcular: “Nosotros hicimos modelamientos, pero cuando se fueron clarificando criterios por parte de la corte, se fueron ordenando mucho. Y claro, nosotros al terminar el último modelo pedimos la información a las isapres y ya se hizo el chequeo en detalle con la información que se nos entregó. Entonces, ojo, puede haber muchos modelos, pero el punto es cuál calza con todos los criterios establecidos por la corte”.

Idea que repitió el 16 de junio en La Segunda, cuando consultado si esa cifra podría cambiar, respondió tajante: “No veo por dónde”.

Y tal como lo querían los parlamentarios, el superintendente de Salud explicó este miércoles las razones de esta diferencia, puntualizando que el monto que él entregó en mayo y que repitió en varias oportunidades corresponde a la “aplicación literal del fallo. Yo reiteré en varias ocasiones que la superintendencia no puede interpretar los fallos, tiene que tener un tenor literal y eso nos llevaba a los US$ 1.400 millones”.

En ese sentido, agregó que el trabajo que realizó con los equipos técnicos estaba lejos de ser irresponsable: “Tuvimos una ardua pelea durante enero y febrero por no dar ninguna cifra respecto de cuál pudiera ser el pasivo que se generará por la deuda, por un sentido de responsabilidad. Por una parte teníamos que modelar distintos escenarios y también habían elementos que requerimos que fueran clarificados por la Corte Suprema para ir acotando ese cálculo. Si nos equivocábamos podía impactar en los indicadores que nosotros mismos supervisamos y hacer que alguna isapre cayera en insolvencia”.

Sobre esta diferencia, la ministra Aguilera explicó que “los supuestos con los que se está calculando por parte de la comisión son distintos, en el sentido de que el fallo en el cálculo de la superintendencia fue una aplicación literal, y en este caso la comisión está recomendando que se considere que no haya planes que impliquen un precio o un aporte inferior al 7%”.

El monto a pagar fue el primer consenso que lograron los expertos del más amplio espectro político. Y es que advierten que calcularon la cifra no de manera literal, sino que pensando en el contexto en que se aplicaría el fallo. Por esta razón, incorporaron dos aspectos a la metodología: la cotización obligatoria del 7% y la mutualización. Al ser aplicados ambos criterios la deuda se cifra finalmente en $402.341 millones, es decir, US$ 451 millones.

En ese contexto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, también explicó en Radio Infinita que ”el informe de la comisión de expertos descansa sobre una metodología distinta, y en vez de evaluar caso a caso, evalúa el sistema en su conjunto. Por eso, uno de los elementos que tiene la propuesta es la mutualización; es decir, el efecto que producen todos los seguros, donde en algunos casos unos compensan a otros. Ese elemento no está en la evaluación inicial”.

“El cálculo hecho por la comisión técnica, que por lo demás contó con la presencia de la Superintendencia de Salud, utiliza elementos propios de la legislación vigente como la cotización obligatoria del 7% y las características esenciales de un sistema de seguros como la mutualización de riesgos. Haber lanzado públicamente esa cifra, la de US$ 1.400 millones, sin considerar estos elementos, fue una irresponsabilidad”, criticó, por su parte, el senador Sergio Gahona (UDI).