La disputa por la paridad en el Colegio de Abogados que amenaza con una fuga masiva de colegiadas

La pugna en el Colegio de Abogados por la aplicación de las reglas de paridad está cada vez más intensa. Lo que en un inicio se intentó de resolver de manera interna, actualmente se está ventilando ante la justicia electoral. Son dos los requerimientos ingresados por un grupo de abogadas y abogados con el cual se pretende impugnar la composición de una de las listas que salió ganadora en la última elección de representantes del gremio.

El conflicto apareció en diciembre de 2021 luego de que se dieran a conocer los resultados de las elecciones que se convocaron para escoger a 10 de los 19 integrantes del Consejo del Colegio de Abogados. Las personas que son adherentes de las listas “Libertades Públicas” y “Un nuevo Colegio para un nuevo Chile” cuestionan a la lista “Gremiales por un Estado de derecho”, por haber violado los estatutos sobre cuotas de género cuando resultaron electos seis de sus consejeros.

Al salir victoriosos, la lista proclamó a cuatro hombres y dos mujeres. De esa agrupación pertenece el actual presidente del gremio, el excontralor Ramiro Mendoza. De haber realizado la corrección que está normada en el artículo transitorio, entonces el consejero Florencio Bernales debía dejar su puesto para que asumiera la abogada Tatiana Vargas.

La norma transitoria establece que se hará una corrección por paridad para que “ni los candidatos electos hombres ni las candidatas electas mujeres de cada lista superen el 60% del total de consejeros electos por cada lista”. El requerimiento acusa que en la lista gremialista los hombres representan casi el 67%.

Si la paridad significa una relación de igualdad o semejanza de dos o más cosas entre sí, ¿cuatro hombres y dos mujeres es una integración paritaria? Esa es la pregunta que originó la batalla entre ambas facciones del organismo. A juicio de los requirentes, la lista de Mendoza debió haber aplicado la corrección de paridad para que sus consejeros electos fueran tres hombres y tres mujeres.

La semana pasada fueron los alegatos de estos requerimientos. Por la parte requirente alegó la abogada Claudia Sarmiento y el abogado Luis Cordero. En su argumentación, ambos explicaron que la lista de Mendoza está desconociendo el artículo 24 del estatuto y la norma transitoria.

Ambas fueron fruto de una fuerte negociación política transversal que ocurrió en 2019. En ese momento surgió un gran movimiento al interior del Colegio en que las mujeres comenzaron a impulsar una agenda para aumentar su presencia en el organismo y en los espacios de poder. El resultado de esa negociación fue tan exitoso que las normas introducidas en los estatutos fueron celebradas por ser de vanguardia e incluso el organismo fue premiado por Comunidad Mujer.

Durante esos alegatos además se reveló un hecho clave en esta trama. Cuando el Colegio quiso resolver esta disputa en su consejo, el entonces presidente Héctor Humeres sometió el asunto a votación para proclamar a los consejeros y resolver las impugnaciones. Ese 27 de diciembre de 2021, antes de entrar al fondo, se reclamó que el consejero Bernales debía inhabilitarse. El conflicto de interés era evidente ya que lo que se iba a resolver implicaba que eventualmente tenía que dejar su propio cargo. En esa primera votación Bernales no se marginó y votó sobre su propia inhabilidad. ¿El resultado? Por 10 votos contra nueve el consejo estimó que Bernales no debía inhabilitarse. El décimo voto fue el suyo. De haberse marginado de esa decisión habría ocurrido un empate.

Luego se procedió a votar sobre la aplicación de las reglas de paridad. La idea era que el consejo determinara si se habían interpretado correctamente o no. En esa votación, otra vez con Bernales incluido, se repitió el mismo resultado. Por 10 votos contra nueve se decidió no objetar el resultado, o sea, la lista gremialista podía seguir con su integración de cuatro hombres y dos mujeres. Lo ocurrido en esa sesión provocó que en enero de este año se presentaran los requerimientos ante el Segundo Tribunal Electoral Metropolitano.

“Es evidente que las cuotas no son cómodas para muchos. Si lo fueran no serían necesarias. Vienen a cumplir con el mandato de igualdad que razonablemente quienes somos parte del Colegio de Abogados esperamos. Uno razonablemente también habría esperado que ese consenso que se alcanzó en 2019 fuera respetado por el consejo porque en caso contrario la interpretación que se propone hace que esa norma carezca de total sentido y que las abogadas y abogados que depositamos nuestra fe en ese cambio estatutario no tengamos motivo para creer que nuestro propio Colegio respete las normas que todos y todas nos hemos dado”, afirmó Sarmiento al cierre de sus alegatos durante la semana pasada.

Por la contraparte alegó el abogado Héctor Parra, quien argumentó que el Tribunal Electoral no tiene competencias para conocer este requerimiento, dado que el Colegio de Abogados es un organismo autónomo y que resuelve sus disputas de forma interna. “Los estatutos del gremio, ese ordenamiento, estableció la competencia en el Consejo General y era ese el órgano competente entonces para resolver respecto de las impugnaciones y así se hizo”, dijo Parra.

El abogado también reprochó que no se hayan hecho las reclamaciones internas en el momento oportuno. Además expuso que, a juicio de la lista gremialista, la aplicación de las normas del estatuto sobre la regla de paridad comienzan a regir recién en el año 2025. Este punto fue desvirtuado también en los alegatos de los requirentes.

La causa ya está en acuerdo y el fallo en redacción. Los encargados de escribirlo serán la ministra de la Corte de Santiago Jessica González y el abogado miembro Cristián Peña y Lillo. Sea cual sea el resultado, lo más probable es que el asunto llegue finalmente hasta el Tribunal Calificador de Elección, que es la última instancia en la justicia electoral.

El tema está siendo analizado por varias abogadas que forman parte del Colegio y que además años atrás impulsaron de manera activa estos estatutos. Entre ellas está sobre la mesa la opción de renunciar de forma masiva al gremio en caso de que no se respeten las reglas de paridad. Para eso estarán atentas a lo que se resuelve en la justicia electoral. De hecho, hace algunas semanas circuló una carta, firmada por 76 abogadas, y que llevaba como título “Indignadas”. En esa misiva las abogadas afirmaron que “el Colegio de Abogados no ha sido capaz de respetar a sus asociadas y eso nos hace dudar sobre el sentido de nuestra pertenencia en esa organización”.