La inquieta mirada de las FF.AA. al debate en el gobierno sobre un despliegue militar en la RM

Cuando surgió la discusión sobre lo pertinente o no de diferenciar la comunicación para las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) en casos de migrantes o disidencias sexuales, en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) tomaron palco. No les interesó esta “polémica”, pues de decretarse así no tendrían problemas en hacerlo. Su inquietud, dicen, es otra.

Es que en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada ya asumieron que el gobierno, cada vez más, cede en la intención de desplegar a las fuerzas militares en labores de apoyo a las policías para contener la crisis de seguridad en la Región Metropolitana. En lo que va del año, según cifras del STOP de Carabineros, se han registrado 78 homicidios, ocho más que en la misma fecha del 2023.

El tema de su presencia en algunas zonas urbanas de la Región Metropolitana, para ellos, parecía haber estado superado, tras la última reunión del Cosena. El 5 de febrero, la ministra del Interior, Carolina Tohá, expuso esa vez que “dadas las dificultades de instalar estados de excepción en grandes ciudades, deben explorarse nuevas formas de colaboración entre policías y militares, y que se ha analizado la posibilidad de complementar la presencia policial con el resguardo de perímetros de la infraestructura crítica para que las FF.AA. tengan una protección disuasiva adicional”.

La intención era que hubiera una acción conjunta entre las FF.AA., Carabineros y la PDI para “concentrar la acción policial en aquellas tareas que son más complejas para las Fuerzas Armadas, especialmente en zonas urbanas de alta densidad. Como ejemplos de perímetros de infraestructura crítica a resguardar, la ministra mencionó la Estación Intermodal de La Cisterna, la Estación Central y terminales de buses”.

La respuesta del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, fue que “son tareas en las que hay que interactuar con la población”, algo de lo que los funcionarios militares “carecen de entrenamiento, educación o equipamiento adecuado”.

La idea de desplegar fuerzas militares en algunas zonas de Santiago resurgió ayer, luego de que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), pidiera a la ministra Tohá poder disponer de contingente militar en determinados lugares de la comuna.

El requerimiento de Vodanovic encontró respuesta en el Ejecutivo. Tohá insistió en que es una situación que se está evaluando e, incluso, el propio Presidente Gabriel Boric sostuvo que “los militares lo han señalado ellos mismos, el comandante en jefe del Ejército, que no tienen una capacitación para realizar funciones de orden público, pero desde nuestra perspectiva pueden colaborar en algunas funciones específicas para liberar a policías que sí están preparados para aquello (...). No me cierro en ningún caso a poder disponer de esas herramientas, por ejemplo, mediante la ley de infraestructura crítica, algo que tiene que ser discutido en el Congreso”.

Que en el gobierno se haya instalado, nuevamente, esta idea hizo que las FF.AA. volvieran a alinearse: “sin RUF, ni infraestructura crítica, no salimos”, aseguran algunos de los uniformados consultados. Agregaron que en sus departamentos jurídicos eso está más que zanjado.

Por lo mismo, por ejemplo en Ejército, la diferenciación de comunicar procedimientos a migrantes o a disidencias sexuales solo era una anécdota, pues señalan que lo que sí realmente importa es que se apruebe el artículo que les “permitirá invocar” las eximentes establecidas en el Código Penal.

En específico, argumentan que lo que se necesita aprobar es lo referente a eximirlos de responsabilidad penal en caso de obrar “en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo”.

En las últimas indicaciones ingresadas por el gobierno puede que las capacitaciones al personal deben “realizarse de forma periódica y su cumplimiento deberá acreditarse mediante las certificaciones que corresponda”.

La tramitación de las RUF sigue en la Cámara, donde en su última intervención ante los diputados, el 6 de marzo, la ministra Tohá se abrió a cambiar las indicaciones. Esto podría seguir dilatando el camino legislativo de esta ley, lo que a juicio de los militares vuelve a entrampar el que sean usados en labores de orden público.

Juan Carlos Manríquez, abogado que expuso ante la comisión del Senado sobre el proyecto, señaló que “el tema de las RUF debe tratarse de manera integral, junto a infraestructura crítica, ley de inteligencia y ciberseguridad. Si bien el apoyo de las FFAA en materias de seguridad y orden público es siempre excepcional y temporal, se debe dotar de balances y reglas claras de respeto de los DDHH y de la posición de los funcionarios para evitar áreas grises donde terminen condenados por cumplir esa función”.

Que esta ley vea o no la luz es lo que apremia a las FF.AA. en términos legales, pero también hay preocupación por la señal que se dé. Algunos oficiales ejemplifican que al ser utilizados en labores de orden público, cada vez que se atraviese por una crisis de seguridad, se transformarían en una especie de “coadyuvantes” permanentes de las policías, o derechamente medidas “parche” para enfrentar el alza de la delincuencia no solo en este gobierno, sino que también en otros.

En esa misma línea, en el Ejército ya asumieron que el estado de excepción en la Macrozona Sur ya no es excepcional: en mayo de este año se cumplen dos años de su presencia, específicamente en La Araucanía, donde mantienen desplegados -por turnos- a cerca de mil efectivos. Eso ya se asumió, dicen, como una normalidad, y podría ocurrir lo mismo en caso de ser requeridos para la Región Metropolitana.