La invitación a los expresidentes y los sueldos de los asesores: los conflictos en la recta final de la Convención

“Ha sido una torpeza de parte nuestra. A veces parecemos estar regando la plantita del Rechazo”.

De esa forma, el convencional Agustín Squella (Colectivo del Apruebo) se refirió a la polémica levantada a raíz de la no invitación de los expresidentes de la República -decisión que el jueves pasado fue rectificada por la mesa directiva-, al acto de cierre de la Convención Constitucional, agendada para el próximo 4 de julio.

En medio de las críticas a la mesa directiva por la exclusión de los exmandatarios Ricardo Lagos, Eduardo Frei, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera informaron que no participarán del acto. El último de ellos especificó que su decisión se debió a “la forma confusa y contradictoria en que se invitó”.

Así, los dichos de Squella responden a los resultados de la última encuesta Cadem, publicada ayer, en la que se mostró un aumento de tres puntos porcentuales en la intención de votar Rechazo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, llegando a un 46%, nueve puntos por sobre el Apruebo.

Aunque el sondeo no identifica causalidad, distintos convencionales reconocen que la polémica de los exmandatarios tuvo que ver. “Cosechas lo que siembras, nomás” dice, en privado, un convencional del Colectivo Socialista como reacción ante los resultados. Según explica él y otros de sus pares, la negativa ante la invitación impactó la percepción ciudadana de la Convención y es un problema que la mesa directiva pudo evitar.

Desde ese grupo, además, afirman que han sido críticos de la “excusa” de esconder las motivaciones que se tuvieron a la vista para no invitarlos y plantear como argumento los problemas de aforo. “Fue poco creíble”, se quejan algunos en la Convención.

Pero eso no es todo. Durante el fin de semana, cuando algunos daban por superada la polémica desatada a raíz de la exclusión de los exjefes de Estado, se hizo público que 52 convencionales firmaron una propuesta de enmienda al reglamento de la Convención, con el objetivo de concretar el pago de honorarios a asesores que prestaron servicios durante julio de 2021, es decir, casi un año después.

El documento fue firmado por convencionales de Independientes No Neutrales, Movimientos Sociales Constituyentes, Chile Digno, Pueblo Constituyente, la Coordinadora Plurinacional, el Frente Amplio y escaños reservados. Entre los adherentes al documento está la presidenta del órgano, María Elisa Quinteros (MSC); el del vicepresidente, Gaspar Domínguez (INN), y los vicepresidentes adjuntos Bárbara Sepúlveda (Chile Digno), Francisco Caamaño (PUCO) y Natividad Llanquileo (Pueblo Mapuche).

Debido a la transversalidad de las firmas, al interior de la Convención ven como un escenario probable que la enmienda se apruebe, pues requiere de la mayoría simple del pleno que se llevará a cabo este viernes. Por lo mismo, ven con preocupación cómo el resultado de la votación puede afectar la percepción sobre la Convención y la intención de voto en el plebiscito.

Desde el Colectivo Socialista -grupo que no firmó la enmienda- sostienen que la propuesta responde a un problema real, pues efectivamente se tuvo a asesores trabajando durante julio de 2021, aunque enfatizan que es una mala idea. En esa línea, Maximiliano Hurtado (PS) explicó que “efectivamente hay muchos que tuvimos asesores durante ese mes de julio y, siendo justos, está bien que se paguen. Pero es mala idea abrir esa discusión a una semana del cierre. Creo que comunicacionalmente no se entiende el porqué, y abre innecesariamente un flanco de críticas otra vez”.

Frente a las dudas sobre los tiempos en que se presentó la enmienda, uno de los firmantes, el convencional Javier Fuchslocher (INN), sostuvo que “no hay que temer hacer lo correcto. Personalmente, no creo que buscar solucionar una situación laboral pendiente sea determinante en el resultado del Apruebo. Por el contrario, es lo que corresponde a todo empleador responsable”.

Otro de los firmantes, el convencional Marcos Barraza (Chile Digno), justificó en redes sociales la solicitud. “El trabajo de la Convención comenzó el 4 de julio de 2021 y los equipos de los y las constituyentes comenzaron a trabajar desde esa fecha. Por ineficiencia de la administración de (Sebastián) Piñera no se pagaron sueldos, aunque desde un inicio se informó a Segpres quiénes eran los equipos asesores para que estos pudieran ingresar al edificio del ex Congreso a trabajar. Lo que piden los trabajadores es que se les pague el mes de julio del 2021, el que fue trabajado, manifestó.

Ante la publicación de Barraza, el exsubsecretario de la Segpres Máximo Pavez respondió que el artículo 134 de la actual Constitución sostiene que las asignaciones que percibirían los convencionales -de donde provendría el pago a los asesores- se pagarían una vez establecido el reglamento de asignaciones de la Convención, el que comenzó a aplicar en agosto del año pasado, mes en que comenzó a realizarse el pago.

Según señaló Pavez, ellos advirtieron desde la Segpres sobre este detalle durante la primera semana de funcionamiento de la Convención, a través de un oficio que enviaron a la entonces presidenta del organismo, Elisa Loncon (Pueblo Mapuche). En ese documento, se argumentó que no se podía acceder a los recursos sin un reglamento.

El oficio especificaba: “(No es) posible para esta Secretaría de Estado utilizar recursos destinados en otros subtítulos para dichas materias, en atención al principio de la legalidad del gasto y en consideración a que las autoridades constituyentes no tienen la calidad de funcionarios públicos”.

Pavez, por su parte, agregó: “Si quieren recursos de todos los chilenos para que sus operadores hagan campaña, pídanlo claramente y no nos echen la culpa a nosotros”.

En esta línea, Fuchslocher argumentó que “existe un mes que no se pagó el dinero destinado a la remuneración de asesores. (...) Es un punto pendiente que creemos es necesario zanjar. En su momento la discusión se centró en la necesidad de tener un reglamento de presupuesto que permitiera el funcionamiento de la Convención. Esta reforma habilitará lo que corresponde, que se pague por su trabajo a quienes prestaron servicios de asesoría o asistencia técnica”.

“Creo importante recordar que el subsecretario Pavez tenía asesores contratados con fondos de la Convención, mientras los propios convencionales no tenían recursos para el pago de esos servicios”, añadió el convencional de INN.

Desde el gobierno, en tanto, transmiten que esto es algo que tiene que resolver la Convención. En caso de aprobarse la enmienda en el pleno, desde el órgano constituyente tendrían que hacer la solicitud para concretar el pago. Además, las mismas fuentes puntualizan que es discutible que los convencionales, cuando hicieron su reglamento en agosto, hayan establecido una norma retroactiva. Sin embargo, puntualizan que la Segpres no tiene competencias para poner en duda eso.