La mañosa igualdad del voto
El verdadero riesgo a la legitimidad democrática no es que un voto tenga, justificadamente, más peso relativo que otro, sino que sus autoridades actúen de forma partisana y cuestionen la existencia de otros órganos del Estado.
La independencia de los órganos autónomos del Estado -como el Banco Central, el TC, la Contraloría o el Servicio Electoral- tiene sentido en la medida en que quienes los dirigen actúen con el pudor y la mesura acorde a su rol. La semana pasada, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, rompió con esa regla no escrita al escribir una columna poniendo en duda la legitimidad democrática de la Convención Constitucional y, de paso, el sistema con que se elige al actual Congreso. Lo grave de este asunto no es sólo que haya emitido opiniones personales desde su cargo, sino que además lo hizo defendiendo una interpretación mañosa –y en mi opinión, errónea– del principio de la igualdad de voto y su primacía.
En el mundo, diversos sistemas electorales plantean necesarias distorsiones a la idea de que todos los votos tienen el mismo peso relativo. Sin ir más lejos, el principio de representación territorial que alimenta, en parte, la conformación de los distritos en Chile otorga más valor relativo a votantes de zonas menos pobladas. Eso se hace, principalmente, porque una democracia liberal requiere de asegurar que zonas menos pobladas no sean avasalladas por decisiones políticas desde el centro. Por otro lado, lo esencial es que todos quienes votan por el mismo distrito tengan el mismo peso relativo.
En Nueva Zelanda, desde 1967, el Congreso tiene un número reservado de escaños para personas maorí. En Bélgica, Kosovo, Eslovenia, India o Colombia existen distintas versiones de los escaños reservados. No sé si Tagle creerá que esos países atentan contra los derechos humanos de sus votantes o que sus instituciones carecen de legitimidad democrática. Para ser sinceros, el presidente del Consejo del Servel ha defendido esa rígida interpretación por años, desconociendo la literatura de décadas en el tema.
El Servel no sólo debe organizar elecciones, sino que tiene la responsabilidad de fiscalizar a los partidos políticos y candidaturas. Las decisiones de su consejo son tan importantes que pueden dejar fuera de competencia a candidaturas o multarlos por faltas a la ley electoral. Su existencia y atribuciones son esenciales en el funcionamiento democrático; su ecuanimidad es la que sostiene el sistema. El verdadero riesgo a la legitimidad democrática no es que un voto tenga, justificadamente, más peso relativo que otro, sino que sus autoridades actúen de forma partisana y cuestionen la existencia de otros órganos del Estado.
Pero el problema del Servel no se resume en el poco pudor de su presidente, sino que requiere una revisión a su estructura de gobernanza. El actual cuoteo de su Consejo obedece a una lógica binominal, donde hay cupos para 5 partidos que eran hegemónicos hace una década (UDI, RN, DC, PPD y PS). Esto nos ha llevado al absurdo que la coalición del próximo gobierno no tenga representación directa. Podemos discutir sobre si es saludable que el Consejo represente a los partidos políticos; pero ya que esa es su composición, corresponde revisar su representatividad.
En momentos en que los organismos autónomos y no electos se encuentran bajo cuestionamiento, parece poco sensato que sus autoridades ayuden a esas dudas. No le vaya a pasar al Servel lo que tiene hoy al Tribunal Constitucional al borde de la extinción.
