La ofensiva judicial oficialista que amenaza a Bobadilla por copy paste en la nueva ley de pesca

El diputado Sergio Bobadilla (UDI) ha permanecido en el centro de una vorágine luego de que Ciper diera a conocer que 211 indicaciones en torno a la Ley de Pesca, que fueron presentadas por él y otros dos parlamentarios, son idénticas a propuestas de la gremial Sonapesca.

Como esta semana es distrital -por lo que cada parlamentario está en su respectivo distrito-, entre los diputados de la Comisión de Pesca no han tenido instancias formales para evaluar qué acciones tomarán. Sin embargo, algunos ya han comenzado a delinear una estrategia judicial.

Desde la semana pasada en el oficialismo se ha planteado la posibilidad de que esto podría tener consecuencias legales. De hecho, el presidente de la cComisión de Pesca, Jorge Brito (Revolución Democrática), adelantó que “ante la posibilidad de que acá se hayan configurado los delitos de cohecho o cualquier otro delito (...), solicitamos a la secretaría general de la Cámara estudiar el mérito jurídico para que estos antecedentes sean derivados al Ministerio Público”.

Para algunos eso no fue suficiente. El diputado Matías Ramírez (PC), también integrante de la comisión, dijo a este medio que “en la última comisión solicité el acuerdo de la comisión para derivar los antecedentes al Ministerio Público. Sin embargo, se optó por remitir al secretario de la corporación la información a objeto de que se determine o no la presentación de alguna acción judicial, en atención que es el secretario el que tiene la representación legal del Congreso”.

“Dada la gravedad de los mismos, como diputado voy a ingresar denuncia penal a objeto de que se indaguen todos los antecedentes y se determine la existencia de delitos o no”, advirtió Ramírez.

El parlamentario adelantó que la denuncia se presentará “en cuanto esté lista”. Eso sí, explicó, como el principio de ejecución es en Valparaíso, la presentaré allá probablemente al regreso de la semana distrital. “La idea es que se sumen quienes estén interesados, eso lo estamos viendo”, sostuvo Ramírez.

Desde ya, Brito sostuvo que “nos sumaremos a todas las instancias que permitan garantizar que no se manche la nueva Ley de Pesca, en especial por parte de quienes nunca han querido que reemplacemos la Ley Longueira”.

Por su parte, la diputada María Candelaria Acevedo (PC), quien también forma parte de la Comisión de Pesca, dijo que “por lo que hoy vemos, el copy paste solo constituye un hecho que roza la indecencia por lo burdo que fue, pero no podemos descartar que exista algo más detrás de esta presentación de indicaciones, tal como ya pasó en la discusión de la anterior Ley de Pesca, en donde legisladores de la UDI fueron condenados por delitos de corrupción”.

En ese sentido, la legisladora reconoció que “queremos despejar cualquier duda que pueda surgir en el actual proceso. Para eso usaremos, con otros diputados, las herramientas jurídicas que tengamos a disposición, siendo una opción una denuncia penal. Además, tengo que insistir en levantar el secreto bancario y con esto darle una muestra de transparencia a la ciudadanía”.

Desde la semana pasada, Bobadilla se ha defendido al argumentar que el gobierno copió del mismo informe diez indicaciones. Además, afirmó que evaluaba una querella por injurias y calumnias en contra del subsecretario de Pesca, Julio Salas (Convergencia Social). Todo ello, en medio de una tensión debido a que se recordaba que la tramitación de la anterior reforma a la Ley de Pesca en 2012 fue cuestionada y terminó en condenas por cohecho y soborno.

En ese momento, el plan de contención de la UDI implicó pedirle a la Fundación Jaime Guzmán que elaborara una minuta en la que se analizaron las diez indicaciones copiadas de parte del gobierno para arremeter de vuelta contra La Moneda, y poder sustentar una posible querella. Ahora el partido ha avanzado más, y la bancada de la UDI se encuentra buscando indicaciones de los parlamentarios oficialistas de distinto tipo, para recalcar que algunos han copiado. Por ejemplo, se cita un caso en que, según acusan, Brito copió una indicación de la Fundación Veg para un proyecto de ley de bienestar animal.

Hasta el momento el tema penal ha sido encargado al diputado Juan Manuel Fuenzalida, que se maneja en esa área, pero en el gremialismo recalcan que todavía se está evaluando, y que no ha avanzado a algo más formal.