La tensión que enturbia al Consejo para la Transparencia por el rol de su presidente

Fue el martes de la semana pasada cuando -en medio de una de las reuniones periódicas de su plana mayor- el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia (independiente en cupo de RN) se enfrentó a la consejera de esa entidad, Gloria de la Fuente (PS).

La cientista política y ex presidenta de la entidad le planteó que sus vocerías no eran acertadas y que algunas se excedían del rol que tiene el organismo: velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia en los organismos públicos. Ese día la discusión en el directorio quedó grabada y será publicada en un acta que estará lista el próximo 30 de agosto.

A poco más de tres meses de asumir en el cargo, el rol de Leturia -abogado y doctor en Derecho- no ha estado exento de polémicas. Primero han sido frases desafortunadas, como un tuit por el que tuvo que pedir disculpas. “¿Qué chucha es la Comisión Chilena de Derechos Humanos?”, escribió en la red social, lo que más tarde fue calificado por la entidad aludida como algo “inequívocamente injurioso”.

En otra entrevista dijo tener un abrigo de piel de elefante sin saber si es legal o no su posesión. “Voy a averiguarlo”, contó.

En otras intervenciones ha provocado las críticas desde la órbita de los expertos en transparencia. Por ejemplo, en una entrevista pidió “prudencia” al gobierno por su rol en la campaña durante el plebiscito de salida, y luego en El Austral de Temuco abordó el conflicto de los pueblos originarios en la zona y escribió en Twitter: “Estamos buscando información que sea relevante para entender los conflictos que se viven en La Araucanía, conversando con distintos actores y armando un diagnóstico más neutral”.

En esa oportunidad, la directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, le acusó en Twitter de excederse en su rol.

Este cúmulo de dichos provocaron que algunos diputados como Tomás de Rementería (ind.) pidieran su salida, mientras que otros como Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) anunciaran que acudirían a la Contraloría General de la República por los cuestionamientos de Leturia hacia el gobierno.

La tensión ha escalado al punto que el propio Leturia se ha tenido que defender de los ataques. En su entorno, varias fuentes afirman que podría haber intereses políticos detrás de las críticas que se le hacen, ya que el CPLT -al igual que varios organismos públicos- está cuoteado políticamente y sus consejeros se eligen con acuerdo del Senado. Sin embargo, los detractores de Leturia sostienen que él también tendría otras intenciones políticas.

“Hay personas que están tan emocionalmente vinculadas con algunas de las opciones políticas, que empiezan a entender y a trabajar todos los temas bajo esa óptica”, dice Leturia a La Tercera PM sobre las críticas hacia su persona.

Añadiendo que “el objetivo del CPLT es que la gente sepa mucho más de lo que actualmente sabe. Mientras tanto, donde tenemos capacidad de exigir que se transparente más, es frente al gobierno y a las municipalidades. Siempre nos van a decir que nos excedemos de nuestras facultades, tratando de que nos paralicemos. Para nosotros es normal que ante cualquier cosa que sea un llamado de atención a las autoridades aleguen”.

En eser sentido, algunos sostienen que en el consejo ha habido tensión por el plebiscito de salida y las diferencias entre el Apruebo y el Rechazo.

Por su parte, desde la asociación de funcionarios del Consejo para la Transparencia acusan el despido injustificado de 10 personas en un año y que se han contratado a personas para “ampliar el gabinete con gente de confianza” durante la presidencia de Leturia. Pero dentro del consejo algunos se defienden afirmando que la molestia se ha dado porque se ha decidido bajar algunos sueldos altos de trabajadores.

“Nosotros ahora estamos decidiendo si vamos a juicio contra el consejo, por la precarización de las condiciones laborales”, dice Andrea Mancilla de la Asociación de Funcionarios del Consejo para la Transparencia.

Y agrega: “El tema acá es la politización del consejo. Y eso ha generado en lo externo las noticias que ya todos saben, menosprecios a la Comisión Chilena de DDHH, declaraciones fuera de nuestra competencia, y en lo interno una precarización de las condiciones laborales nunca antes vista”.

El organismo también ha emitido declaraciones públicas en que ha cuestionado las vocerías de Leturia.

De ahí que algunos estén buscando la fórmula para sacar a Leturia del cargo, lo que está expuesto en el artículo 38 de la ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública: “Los consejeros serán removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados mediante acuerdo adoptado por simple mayoría, o a petición de diez diputados, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones”.