La votación en que el presidente del CDE designado por Boric decidió no querellarse en contra del general Yáñez

La situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, no es fácil, ni para el gobierno ni para las filas internas de la institución.

Es que la arremetida de la Fiscalía lo mantiene en una posición endeble al mando de Carabineros. El 2 de enero, el Ministerio Público pidió formalizarlo por su responsabilidad de mando como jefe de la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros. La incómoda situación del uniformado empeoró el 14 de marzo, cuando el jefe de la PDI, Sergio Muñoz, enfrentó cargos por filtrar antecedentes al abogado Luis Hermosilla, lo que gatilló su renuncia ese mismo día.

El caso de Muñoz puso nuevamente el foco sobre Yáñez, quien había logrado mantener su caso al margen. El jefe de la PDI renunció y el gobierno quedó en entredicho, luego de que afirmara que esperaría la realización de la audiencia de formalización contra el general director de Carabineros, antes de tomar decisiones sobre su permanencia en las filas uniformadas.

En la interna institucional repiten que su caso no es homologable al de su par de la PDI. Las imputaciones son distintas, donde además la posición del Consejo de Defensa del Estado (CDE) le dio un crédito diferente.

En La Moneda recuerdan que cuando el CDE se querelló contra Muñoz, el mismo viernes 14 de marzo, se vieron prácticamente obligados a comunicar públicamente sobre la renuncia del detective. Era la señal que faltaba para oficializar su salida.

Pero con Yáñez no ha pasado lo mismo y es ahí donde en el gobierno, y también en Carabineros, advierten las diferencias de ambas situaciones. Aunque hacen un punto no menor: el CDE ya decidió no querellarse, y cómo se desarrolló esa votación es más que relevante, advierten en Palacio y la policía.

Fue el 30 de enero que se reunieron los consejeros del CDE para su quinta sesión del año. Allí había varios puntos sobre la mesa, pero el primero fue el relativo a la causa en que se indaga el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y de homicidio en contra de Yáñez; su antecesor, Mario Rozas, y el exsubdirector Diego Olate.

Ese día, según el registro de esa sesión en la página web del Consejo, estuvieron presentes: el presidente del CDE, Raúl Letelier, y los consejeros y consejeras Paulina Veloso, Ana María Hübner, Jaime Varela, Daniel Martorell, Juan Antonio Peribonio, Sebastián Soto, Alberto Espina y Ruth Israel. Quienes no participaron fueron Carlos Mackenney, Rodrigo Quintana y Mariana Valenzuela.

Quien partió exponiendo fue el consejero Martorell, quien preside el comité penal del CDE. El abogado dio cuenta de que el comité había rechazado la idea de querellarse en la causa en que la Fiscalía pide formalizar a los generales.

A partir de entonces expuso todos los hechos que se consideraron, y los entregó al Consejo. Dio cuenta de los antecedentes reunidos por la fiscal del caso, Ximena Chong, como también de los oficios que había respondido Carabineros en la indagatoria, además de la orden de apertura de sumarios que pidió Carabineros durante el estallido social, como también las modificaciones de protocolo para el control del orden público.

Así, al igual que ocurrió en el comité penal, se inició una discusión “netamente jurídica” -explica uno de los consejeros- donde el punto central fue si procedía o no la aplicación del articulo 150 D en el caso de los generales de Carabineros.

Es este el artículo por el cual se formalizará a Yáñez, Rozas y Olate, y por lo mismo el CDE inició un debate al respecto. “El empleado público que, en incumplimiento de los reglamentos respectivos, actúe abusando de su cargo o que en el ejercicio de sus funciones aplique, ordene o consienta en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen por su gravedad a constituir tortura, será castigado con las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente. Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impida o no haga cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello y estando en posición para hacerlo”, dice la norma.

El comité penal había resuelto días antes no querellarse, tras considerar que este artículo no era aplicable a autoridades como los generales de Carabineros, en este caso. Ello, pues se interpretó que es cuando el oficial está en el lugar de los hechos y ve la comisión del delito y no hace nada para que no ocurra.

Esa votación fue 2 votos contra 1. Martorell y Espina votaron en contra de querellarse y Ruth Israel, a favor. Sin embargo, hubo un cuarto voto, el del presidente del CDE, Raúl Letelier, quien integró el comité para oponerse a que el Consejo iniciara una acción judicial en el caso de Yáñez.

El el Consejo la tónica de la votación fue similar. Fueron siete los consejeros que votaron en contra: Ana María Hübner, Jaime Varela, Daniel Martorell, Juan Antonio Peribonio, Sebastián Soto, Alberto Espina y el presidente Raúl Letelier. El contra: Ruth Israel y Paulina Veloso.

Según consigna el acta de acuerdo, se decidió “no intervenir en la causa (...) por entender que, del estudio de los antecedentes existentes, no hay elementos que justifiquen un cambio en la decisión adoptada en sesión de Consejo de 28 de septiembre de 2021″. Esa vez se había resuelto: “Conforme a los antecedentes recabados y analizados, no existen indicios suficientes para intervenir en los términos requeridos”.

La votación de Letelier llamó la atención en tres frentes: en el mismo CDE, en La Moneda y Carabineros. La razón: el presidente del Consejo es cercano a la centroizquierda y fue designado por el Presidente Boric para asumir el cargo, luego de ser nombrado consejero en 2017 por la expresidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, es parte de la institución desde el 2000.

Al interior del Consejo ven como una señal potente el hecho de que Letelier haya votado a favor de la decisión de no querellarse, pues mantiene una afinidad política muy cercana con el Frente Amplio y el PS y, por ende, con el gobierno.

Por ejemplo, la noche del miércoles 20 de abril del 2022, cuando la Convención Constitucional aprobó el catálogo de derechos sociales, convocó a un asado en su casa. Esa reunión quedó consignada en el libro La Constituyente, historia secreta de Chile, del exconvencional Jorge Baradit. El entonces constituyente por el distrito 10 sostiene en las líneas de su texto que Letelier apoyó voluntaria y “aperrada” el proceso. Según detalló el autor, en esa ocasión el ahora presidente del CDE los convocó a un asado esa noche, donde “nos abrazamos y lagrimeamos un poco por un cambio histórico”.

En Carabineros su votación también entrega una señal interna relevante, pues no solo diferencia aun más el caso de Yáñez con el de Muñoz, sino que también entrega un punto político en cuanto a que la causa, para ellos, aún no logra determinar una supuesta conducta ilícita del general director. En la policía creen que nada está dicho. Aún.