Las disímiles cifras de la sangrienta guerra contra las drogas de Duterte en Filipinas

"Si asumo la Presidencia, puedo garantizar que no va a haber una limpieza sin derramamiento de sangre", dijo Rodrigo Duterte antes de ganar holgadamente las elecciones del 9 de mayo de 2016 en Filipinas. "Quien mate a un traficante será condecorado", expresó, al tiempo que incluso aconsejaba abrir negocios funerarios si alcanzaba el poder. En septiembre de ese año, a solo tres meses de asumir la presidencia, la guerra contra las drogas de "el Castigador", como Duterte es conocido en su país, ya sumaba 3.500 muertos.

Esa misma guerra es la que ahora, tres años después de que Duterte llegara a la presidencia, ha decidido investigar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ello, tras una resolución presentada por Islandia que fue aprobada el jueves con los votos a favor de 18 países, el rechazo de otros 14, y 15 abstenciones (incluido Chile) en la reunión celebrada en Ginebra.

Manila reaccionó de inmediato a la resolución en la que se pide a la alta comisionada de la ONU sobre los DD.HH., Michelle Bachelet, presentar un informe sobre la evolución de la situación para junio de 2020. "No toleraremos ninguna forma de falta de respeto o actos de mala fe", amenazó el ministro filipino de Asuntos Exteriores, Teodoro Locsin, que acusó a los 18 países que votaron a favor de ser los "peores enemigos" o "falsos amigos" de Filipinas.

Para Laila Matar, subdirectora de Human Rights Watch (HRW) en Ginebra, "la resolución del Consejo de Derechos Humanos es una medida modesta pero vital". "Señala el inicio de la rendición de cuentas para miles de muertos relacionados con la guerra contra la droga y otros abusos y dará esperanza a innumerables sobrevivientes y las familias de las víctimas", aseguró.

Pero el propio HRW, en su informe 2019, reconoce que el número exacto de muertes en la guerra contra las drogas de Duterte es difícil de determinar, porque el gobierno "no ha revelado documentos oficiales".

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(Foto: EFE) Fotos de filipinos muertos en la guerra contra las drogas son exhibidos en una iglesia en la ciudad de Quezon, al este de Manila.[/caption]

Según la Agencia para el Control de Drogas de Filipinas, 4.948 presuntos usuarios y comerciantes de drogas murieron durante las operaciones policiales desde el 1 de julio de 2016, el inicio de la administración Duterte, hasta el 30 de septiembre de 2018. Pero este recuento no incluye a los miles de otros asesinados por hombres armados no identificados. De hecho, la Policía Nacional de Filipinas reconoce que 22.983 de esas muertes se clasifican como "homicidios bajo investigación". Frente a esta situación, HRW destaca que el gobierno de Duterte "ha emitido estadísticas contradictorias y, en el caso de estos 'homicidios bajo investigación', dejó de divulgar las cifras por completo".

Sin embargo, en un informe presentado el pasado 18 de junio, la Policía Nacional informó que un total de 6.600 sospechosos de drogas murieron en operaciones antidrogas desde el 1 de julio de 2016 hasta el 31 de mayo de 2019.

El Informe Mundial 2018 de HRW, por su parte, fijó el número de muertes en unos 12.000 sospechosos de drogas, incluidos los asesinados por la policía y pistoleros desconocidos supuestamente inspirados en la campaña antidrogas. El reporte también da cuenta de 240.565 arrestados, mientras que 1.530.574 sospechosos han aparecido o se entregaron durante el mismo período en 153.276 operaciones policiales.

Pero las cifras de muertos parecen quedarse cortas a la luz de lo informado en diciembre por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, Chito Gascon. Según el abogado, su institución estaba investigando 1.500 casos en la guerra contra las drogas y admitió que el número de muertos podría llegar a 27.000.

Según HRW, la policía filipina ha tratado de justificar los asesinatos con el argumento de que los sospechosos de narcotráfico "contraatacaron". Sin embargo, dichas denuncias, sostiene la ONG, son contrarias a los informes de grupos de derechos humanos y medios de comunicación nacionales e internacionales que encontraron a la policía de forma rutinaria plantando evidencia como armas y drogas sobre los cuerpos de las víctimas para justificar los asesinatos.

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(Foto: AP) Protesta contra Duterte frente a los cuarteles de la policía en Camp Crame, en la zona metropolitana de Manila.[/caption]

Además, HRW afirma que los pistoleros enmascarados que participaron en los asesinatos parecían estar trabajando estrechamente con la policía, arrojando dudas sobre las afirmaciones del gobierno de que la mayoría de los asesinatos fueron cometidos por "vigilantes" o bandas rivales de narcotraficantes.

Si bien las cifras muestran que Duterte no ha cumplido con su promesa de campaña de matar a 100.000 criminales en los primeros seis meses de su mandato,  el Presidente se comprometió a continuar su guerra antidrogas hasta que finalice su mandato en 2022. Así, al menos, lo señaló en julio de 2018, cuando dijo que "será tan implacable y escalofriante como el día que comenzó".

Asimismo, Duterte se comprometió a proteger de la persecución a los agentes de policía y a los agentes que llevan a cabo la guerra contra las drogas. A excepción de algunos casos de alto perfil, los asesinatos no han sido investigados, asegura HRW.

En marzo, pocas semanas después de que la Corte Penal Internacional (CPI) iniciara un examen preliminar sobre las "ejecuciones extrajudiciales" en el régimen de Duterte, Filipinas abandonó oficialmente el tribunal que juzga los crímenes de guerra. Desde la fundación de la CPI en 2002, Filipinas ha sido el segundo país en retirarse, después de Burundi en 2017.