Las instrucciones que la Fiscalía de La Araucanía le dio a la PDI antes de allanar Temucuicui

El jueves fue cuando 850 detectives de la PDI ingresaron, previa autorización judicial, a la comunidad Temucuicui de Ercilla. Los policías buscaban incautar cerca de 4 mil plantas de marihuana y lograr las detenciones de, al menos, siete personas vinculadas a la compra de droga y ataques en La Araucanía.

La diligencia era parte de una investigación que hace ocho meses había abierto la Fiscalía Regional de La Araucanía -la misma que logró sentencias condenatorias en el caso Catrillanca y Huracán-, luego de identificar vínculos entre integrantes de la comunidad mapuche y traficantes de marihuana en la zona. Se interceptaron comunicaciones telefónicas, se sobrevolaron los terrenos, y se advirtió de que habían 14 invernaderos de cannabis en estos predios.

Por lo mismo, fuentes policiales señalan que era inevitable allanar. Y para eso, a mediados de diciembre, el fiscal Felipe González -a través de una orden del fiscal Enrique Vásquez- despachó un oficio a la PDI para formalizar la entrada y registro de la comunidad. De todas maneras, antes, en octubre, el Ministerio Público y la policía ya analizaban los escenarios para entrar e incutar la droga.

Y si bien existieron coordinaciones y se trabajó con meses de anticipación, el elevado poder de fuego con que se encontraron los policías fue de tal envergadura, que uno de los detectives que participó resultó fallecido tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Además, otros 11 policías sufrieron lesiones de diversa consideración.

Son 10 puntos los que la fiscalía enumera para que la PDI considere antes de entrar al allanamiento. “Proveer de la dotación de funcionarios policiales, necesaria y suficiente para la realización de las diligencias de entrada, registro, incautación y/o detención autorizadas judicialmente considerando la cantidad de domicilios en los cuales se ingresará, así como dotar a dicho personal policial de los elementos y medidas de seguridad necesarios a fin de asegurar el éxito de la diligencia, la integridad física y psíquica de las personas afectadas por diligencia, la integridad física de los funcionarios policiales que participarán y de terceros que eventualmente se encuentre en las inmediaciones del lugar”, parte señalando el oficio del fiscal a la policía.

Luego, se pide a los detectives designar un policía de la Brigada Antinarcóticos a cargo por cada uno de los predios allanados. Para esto, además, el Ministerio Público, pide “mantener permanente comunicación con los fiscales a cargo de la diligencia y en especial actuar como el responsable del cumplimiento de la normativa constitucional y procesal correspondiente”.

La PDI también recibió la instrucción de disponer de los medios de transportes terrestres y aéreos necesarios, “adecuados y suficientes”, para la realización de la diligencia, teniendo en consideración la geografía, ubicación y riesgos de la zona. Además, junto con esto, la Fiscalía pidió “la utilización en cada predio de -a lo menos- una cámara de video, de fotografía o análoga para registrar la diligencia, debiendo ser estas de cargo fiscal o encontrarse a disposición de vuestra institución en el procedimiento, prohibiéndose desde ya, el uso de este tipo de objetos de carácter personales”.

Este último punto se explica por los inconvenientes que ha tenido el Ministerio Público, tanto en La Araucanía como en Santiago, respecto del uso de cámaras personales por parte de Carabineros.

En el caso Catrillanca, los efectivos que participaron del operativo señalaron que no tenían GoPro, pero después cambiaron su versión. Y, el archivo más reciente, tiene que ver con el caso Pío Nono, donde el carabinero Sebastián Zamora, reconoció días después de su detención que contaba con una cámara personal.

El Ministerio Público también precisó a la policía que todo lo incautado, tanto la droga, como armas y todo lo que pudiera ser de utilidad para la investigación, debía quedar requisado en un cuartel de la PDI con las cadenas de custodia respectivas.

El fiscal Felipe González solicitó a los funcionarios de la Brigada Antinarcótico, además, contar una serie de resguardos con menores que pudieran verse involucrados en el procedimiento.

“Considerar, para la preparación de esta diligencia, la eventual presencia de niños, niñas o adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y/o en situación de vulnerabilidad al interior de los domicilios en los cuales se realizaría la diligencia, adoptando preventivamente los resguardos que sean necesarios para el debido respeto de sus derechos”, señaló.

También, el Ministerio Público, pidió tener en cuenta la historia de cada uno de los imputados. Por lo mismo, se requirió “verificar preventivamente si alguno de los imputados y/o personas que resultarían afectadas por la entrada y registro autorizado judicialmente mantiene la calidad de representante legal, político, religioso, social y/o de autoridad ancestral y tomar las providencias del caso para el debido respeto de su cargo o figura como así mismo adoptar las medidas de respeto mínimas que provienen de la cultura y/o etnia Mapuche”.

Tanto la PDI como la Fiscalía contaron con sus unidades respectivas de Derechos Humanos durante el procedimiento, y así evitar cualquier tipo de afectación a este principio durante la diligencia.