Las medidas del gobierno para enfrentar la "ola" migratoria: Redoblar personal de Carabineros en pasos no habilitados y más funcionarios en consulados

Ha sido la persona que ha liderado desde el día uno la política migratoria de este gobierno. Así se lo encargó el Presidente Sebastián Piñera cuando asumió por segunda vez como subsecretario del Interior. Rodrigo Ubilla ha estado encabezando el tema que, por estos días, se ha complicado debido al aumento de la presión de ciudadanos venezolanos que quieren ingresar a Chile, entre otras razones, debido al régimen de Nicolás Maduro.

Esta semana el gobierno pudo terminar con el "atochamiento" de inmigrantes que estaban en el paso fronterizo de Chacalluta, en el norte del país. Sin embargo, fue un problema que les costó días resolver y que, según ha dicho el propio gobierno, podría volver a repetirse.

De hecho, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, señaló el lunes en la Comisión de Derechos Humanos del Senado que la proyección del gobierno es que unos 300 mil venezolanos podrían buscar establecerse en Chile. Esto, teniendo como antecedentes datos de la Organización Internacional de Migración y de la OEA. Ese mismo día, Ubilla advirtió que "difícil que un país con las características del nuestro asuma en tan corto tiempo una gran cantidad de población".

En este contexto, el Ejecutivo, a través de la Subsecretaría del Interior y de la Cancillería, está impulsando un plan que contempla una serie de medidas para evitar tener que enfrentar una crisis. En medio de esto, Ubilla, incluso, se trasladó hoy a primera hora a Arica para monitorear en terreno la situación migratoria y supervisar los pasos fronterizos habilitados y no habilitados.

El subsecretario Ubilla explicó a La Tercera PM cuáles son las medidas que se están impulsando. "Es importante recordar que desde el 22 de junio, nosotros reforzamos la presencia de la PDI en los distintos complejos fronterizos del norte, no solo por el control propio fronterizo de la gestión de papeles, sino que también se fortaleció la capacidad para recibir solicitudes de refugio, se redobló el equipo en Chacalluta, etc", sostiene el subsecretario.

De igual manera, explica que hace 60 días atrás se inició un plan de fiscalización policial de la PDI de personas extranjeras en el territorio nacional que no cumplan con las condiciones de regularidad. "Básicamente, para identificar a los que están ingresando por pasos no habilitados y que se encuentran en situación irregular. Ese trabajo, que se planificó para todo el año en el país, estamos focalizándolo hace 30 días en la zona norte. Y, el objetivo final de eso, es la expulsión de todos aquellos extranjeros que ingresan por pasos no habilitados", asegura.

Asimismo, dice que la PDI fortaleció asesorías presenciales o remota, vía teléfono, a los consulados para la verificación de los documentos que se presentan. Esto, debido a que, según afirma Ubilla, "tenemos antecedentes, a partir de todas las visas que hemos procesado en Caracas, en distintos consulados de ciudadanos venezolanos que indican que cerca de un 30% de los documentos presentados, son documentos no pertinentes. La verdad es que muchos de esos documentos no pertinentes tienen que ver con documentos falsos".

El gobierno, además, le pidió a Carabineros que refuercen el personal en las fronteras del norte del país, sobre todo en los pasos fronterizos no habilitados. "Nosotros tenemos claro que hay una presión migratoria mayor, en el caso de los ciudadanos venezolanos, de lo que venía siendo en el pasado. Entonces, también le hemos pedido a Carabineros que redoble su capacidad operativa en el control de fronteras en pasos no habilitados, y eso se está implementando con bastante fuerza a partir del día 22 de junio", asegura Ubilla. De todas formas, el subsecretario prefiere mantener en reserva el número de efectivos policiales que se encuentran en la zona.

Otras de las medidas que ha impulsado el gobierno para enfrentar la "ola" migratoria es aumentar la fiscalización de la Directemar, la policía marítima a cargo del Ministerio de Defensa. "La policía marítima está también redoblando los esfuerzos de control en el litoral en el norte", añade Ubilla.

En medio de la llegada de venezolanos, el gobierno implementó, a partir del 22 de junio, la aplicación de la visa consular para los ciudadanos de ese país que quieran ingresar a Chile en calidad de turistas, una medida similar a la que aplicaron con los haitianos cuando aumentó la presión migratoria. Esto, de manera paralela a la Visa de Responsabilidad Democrática.

Según los números del gobierno, desde abril de 2018 hasta el 21 de junio pasado, había 96.367 solicitudes de visas de responsabilidad democrática. De esas, se han otorgado 37.595; y se han observado, ya sea porque tienen falta de antecedentes o documentos adulterados, un total de 30.811, quedando pendiente por analizar un total de 31 mil visas adicionales.

"En términos porcentuales, un tercio de las visas están aprobadas y las personas ya están en Chile o camino; un tercio tienen observaciones, ya sea porque le faltan documentos o porque presentan documentos adulterados y, finalmente, otro tercio están en proceso de análisis", sostiene Ubilla.

Pese a esto, el subsecretario del Interior advierte que -en el transcurso de las visas pendientes por revisar, que esperan hacerlo lo más rápido posible- se han encontrado con otro problema: el aumento progresivo de la solicitud de este tipo de visas. "Desde el 21 de junio hasta el 28 de junio se han presentado en los consulados de Colombia, Ecuador y Perú, en una semana, casi 5.677 visas más de responsabilidad democrática", asegura Ubilla, añadiendo que "las 90 mil fueron en 15 meses, y estas en una semana, es decir, se ha producido en la última semana un incremento significativo de solicitudes de visa".

De hecho, para poder responder a la revisión de todas las solicitudes de visa, la Cancillería reforzó el personal en el consulado de Tacna. "En estos momentos, se están haciendo las evaluaciones sobre si se va a reforzar el personal en La Paz, pero eso ya depende directamente de Cancillería", añade Ubilla.

En medio de este escenario, en el Ejecutivo reconocen que existe una preocupación sobre la materia y recalcan que insistirán en que el ingreso de los inmigrantes se permitirá solo si cumplen las normas y las leyes.

Respecto a si el país está preparado para el ingreso de 300 mil venezolanos, Ubilla advierte que "no es lo mismo que ingresen al país 300 mil en diez años, que 300 mil en seis meses. Y la capacidad de los países está no solo por su número, que hoy día ya estamos llegando a casi un millón 300 mil extranjeros en Chile, sino que también por la velocidad en que esos extranjeros llegan al país". Y agrega: "La capacidad de absorción de esos extranjeros en los sistemas formales  -trabajo, vivienda, salud y educación. son lentos. Y siento que una cantidad tan significativa al país le va a costar absorber".

En esa línea, Ubilla explica que a "esos extranjeros que están dispuestos a venir y que nosotros acogemos con una visa, tenemos también que darles oportunidad en el mercado laboral y que no terminen ellos siendo una población vulnerada en sus derechos, ya sea en salud, educación o vivienda. Entonces, es un equilibrio difícil de lograr, pero sí tiene que ver con una acción responsable del gobierno y estados".

En cuanto a la posibilidad de que se suspenda la entrega de visas, si es que se excede la capacidad de Chile, el subsecretario asegura que "la legislación chilena dice que para entrar a nuestro país hay que entrar con una visa, y esa visa hoy día para Venezuela se llama de Responsabilidad Democrática, de reunificación familiar o visa de estudiante, como existía anteriormente. Eso es lo que nosotros vamos a hacer cumplir".