Partió el 17 de marzo como una moción parlamentaria desde la Cámara, luego el Senado lo declaró inadmisible y terminó ayer con un veto presidencial. El proyecto que suspende hasta el 30 de junio las multas a quienes no hubiesen renovado su permiso de circulación, reflejó una tensión entre el gobierno y el Congreso, y también entre la Cámara y el Senado, por la “vorágine” legislativa que se ha dado a raíz de la emergencia sanitaria.

Hoy, un día después de la aprobación del veto y mientras desde el gobierno esperan que “entre hoy y mañana” la Contraloría le dé el victo bueno a la iniciativa, se registraron largas filas, en varias comunas del país, de personas tratando de regularizar el permiso que les permite circular en automóvil.

Además, durante la mañana de hoy, desde el Congreso le respondieron al Ejecutivo, y en especial a Piñera, por el llamado del Mandatario a que el proceso legislativo “sea riguroso”. Quien abrió los fuegos fue el presidente de la Cámara, Iván Flores: “Cuando el Presidente de la República nos recrimina de que el trámite no fue riguroso, le diría que su veto llegó a última hora, con largas filas en varios lugares del país. Si nos hubiese hecho caso antes habríamos evitado este desencuentro”, comentó a La Tercera PM.

Tanto para los diputados DC que impulsaron la moción parlamentaria, Matías Walker y Víctor Torres, como para varios parlamentarios de oposición –e incluso del oficialismo- el gobierno “pudo haber actuado antes”. Ahí, le recriminan al ministro Segpres, Felipe Ward, y al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que “dejaron caer” el proyecto por razones “economicistas”.

“Cuando presentamos el gobierno, el 17 de marzo, me comuniqué con el ministro de Hacienda y lo invité a patrocinar la iniciativa y nos dijeron que no porque los alcaldes no estaban de acuerdo, que iba a tener un efecto en la recaudación y consideraron que el proyecto no se justificaba”, señaló el diputado Walker.

En tanto, el presidente de la Cámara agregó que “si el gobierno no nos acompaña porque tiene temores o porque es más economicista que solidario el proyecto, que lo sinceren. ¿Por qué hacer las cosas a última hora y a empujones cuando podíamos sentarnos a hacer un paquete de medidas por la crisis?”. Además responsabilizó directamente a Briones en la polémica al señalar que no quiso patrocinar la iniciativa. “A diferencia del ministro Ward, con el ministro de Hacienda cuesta mucho conversar”, agregó el presidente de la Cámara.

Por su parte, desde el Senado, las críticas apuntaron a sus pares de la Cámara. De hecho, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, señaló que “hay una tendencia en la Cámara a declarar proyectos como admisibles cuando están en el límite de la admisibilidad".

“Hay una tensión de hasta qué punto los parlamentarios podemos incidir en iniciativas y hasta qué punto el gobierno está dispuesto a patrocinarlas. El gobierno no estuvo disponible para eso y terminó en una mixta pero con problemas de todos”, comentó Muñoz.

Mientras en el Parlamento seguían las recriminaciones y en las calles también las filas, en el Palacio de La Moneda insisten que la culpa no fue de ellos; que el Ejecutivo no actuó tarde, que solo lo hizo cuando pudo hacerlo, y que no pudo introducir indicaciones antes porque el proyecto era inconstitucional.

¿Por qué? Otorgarle facultades adicionales a los municipios, así como fijar, modificar o eliminar tributos, son atribuciones exclusivas del Presidente. Pero además pesaron otras razones.

En las conversaciones que tienen con los alcaldes -relatan-, La Moneda había advertido que los pagos se venían efectuando de modo relativamente normal considerando las circunstancias, y que el anuncio de los parlamentarios generaría que estos se paralizaran. El gobierno leyó que menos aún podía contribuir a una sangría financiera en las comunas, con consecuencias tan prácticas como dificultar el retiro de basura.

Pero lo más delicado, cuentan en la casa de Gobierno, es que incluso en esta crisis se encontraron con diputados de oposición y gobierno a los que se le explicaron los problemas de inconstitucionalidad y el menú de consecuencias posibles, pero que casi todos -salvo excepciones como la senadora UDI Luz Ebensperger, recapitulan- recurrieron a la clásica respuesta de “no importa, total en el Senado lo arreglan”.

Además, el proyecto se terminó de votar el viernes y el lunes llegó el oficio notificando al Ejecutivo. Solo entonces se comenzaba a despejar el asunto del veto.

Consultado por el rol de Palacio en todo esto y por si tuvo o no culpas, Claudio Alvarado, subsecretario de Desarrollo Regional, lo rechaza. “El gobierno intervino en tiempo y forma en el momento que le correspondía hacerlo, porque desde el Congreso el proyecto salió el viernes en la noche, y salió un proyecto que no guarda relación alguna con el que habían planteado en la Cámara de Diputados, que era total y absolutamente inconstitucional”, dice.

Agrega que se “optó por vetar el proyecto que salió del Congreso en orden a que tenía debilidades que afectaban directamente a quienes debían pagar el permiso de circulación. Entre otras cosas no se establecía la fórmula de pago en dos cuotas y eventualmente tenían que pagar multas, intereses o reajustes”

Alvarado incluso hace un llamado con gusto a tirón de orejas, a “actuar dentro de las funciones y atribuciones que tiene cada poder del Estado, con un profundo sentido de la responsabilidad y teniendo absoluta claridad de las consecuencias de las malas decisiones”.