Los abogados "verdes" más temidos por las empresas

El pasado 28 de mayo fue una jornada histórica para los defensores del medio ambiente en Chile. Ese día, la Corte Suprema acogió ocho de los 10 recursos de protección que presentaron una serie de organizaciones y personas por la crisis de contaminación ocurrida durante los meses de agosto y septiembre del año pasado en la bahía de Quintero. La Tercera Sala -presidida por el ministro Sergio Muñoz- emitió una dura sentencia en la que apuntó a la responsabilidad de las autoridades por la emergencia por la falta de fiscalización del loteo industrial, ordenando un paquete de medidas.

Detrás de la acción estuvo un grupo de "abogados verdes" que -según cuentan sus pares que se dedican a defender proyectos de inversión- son "temidos" por las empresas. Ello, puesto que a través de diversas vías de litigio han obstaculizado el avance de grandes iniciativas. Ejemplo de ello es el reciente fallo que dio a conocer hoy el Tribunal Ambiental de Valdivia, que anuló el permiso de tronaduras de Mina Invierno, ligado a Empresas Copec y Ultramar, cuyo yacimiento carbonífero se ubica en Isla Riesco de la Región de Magallanes.

Tanto en Mina Invierno como en Quintero estuvo presente la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), una ONG sin fines de lucro fundada en 1998 por tres profesores de la Universidad de Chile: Francisco Ferrada, Rodrigo Polanco, Fernando Dougnac y José Ignacio Pinochet -quien abandonó dicha institución hace más de 15 años-. Hoy ésta lleva adelante diversas acciones legales solicitando el resguardo de comunidades contrarias a proyectos de inversión. De hecho, la misma agrupación representa a vecinos de Lomas de Mirasur y El Barrancón, opositores al centro de distribución de Walmart, denominado El Peñón.

El proyecto, que recibió el respaldo de diversos estamentos públicos y cuya inversión alcanzó US$180 millones está ad portas de abrir sus puertas. Sin embargo, actualmente está pendiente una reclamación por parte del Tribunal Ambiental de Santiago que han presentado abogados de la ONG, insistiendo en los efectos viales de la iniciativa.

"Si sólo viéramos las cosas que pasan en el mundo desde el punto de vista de la producción de trabajo, habría un montón de actividades ilegales que podrían hacerse, porque generan empleo. Jamás habrá una contradicción entre el derecho y la inversión", acotó Ezio Costa, Director Ejecutivo de FIMA, quien encabezó la arremetida judicial en el caso de Quintero. El abogado que cuenta con un magister en Regulación de la London School of Economics (LSE) sostuvo que la agrupación maneja de manera simultánea 20 casos regularmente.

Álvaro Toro es conocido como el abogado que derribó la central termoeléctrica Castilla, perteneciente al multimillonario brasileño Eike Batista, en 2012. Eran otros tiempos. No habían tribunales ambientales y la única vía para acudir a tribunales y alegar una afectación al medio ambiente era a través de un recurso de protección. Toro ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de comunidades en conflictos ambientales y sostuvo que entre sus pares efectivamente reciben cuantiosas sumas de dinero por medio de acuerdos con grandes empresas.

Toro -abogado titulado de la Universidad de Chile- encabeza el equipo jurídico del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), que libra una batalla judicial contra el proyecto Pascua Lama de Barrick en el Tribunal Ambiental de Antofagasta.

"Cuando se estaba evaluando el proyecto (de Pelambres de Antofagasta Minerals) uno de los dueños de la zona interpuso acciones judiciales y la comunidad se apoyó en él, porque tenía recursos y contrató al abogado (Fernando) Dougnac. El abogado Dougnac exigió poderes amplios para llegar a un acuerdo. Estamos hablando de millones de dólares. El principal afectado se retiró de la demanda y la gente que vivía en la zona volvió a la carga con otro estudio jurídico, el cual exigió también poderes amplios, y llegó a un acuerdo nuevamente el año pasado con Pelambres que les paga una indemnización", sostuvo Toro.

Otro histórico del litigio ambiental es el abogado de la Universidad de Chile y doctor en derecho ambiental Lorenzo Soto –ex asesor del senador PPD Guido Girardi– quien se ha enfrentado también a grandes compañías. Ha detenido megaproyectos como Pascua Lama y El Morro. Soto fue uno de los asesores de las hermanas Quintreman, quienes obtuvieron compensaciones de Endesa por la Central Ralco.

En septiembre de 2013, el abogado en representación de las comunidades diaguitas de la provincia de Huasco, Región de Atacama, terminó con la Tercera Sala de la Corte Suprema ratificando la suspensión de faenas del proyecto minero Pascua Lama.

"A la mayoría las remuneraciones de FIMA no les alcanzan para vivir. Algunos somos académicos y otros trabajamos en otras cosas. No hay muchos recursos para poder financiarse con estas cosas. Generalmente estamos financiados con fondos extranjeros de proyectos que hacemos que no pagan por los litigios, sino que nosotros mismos ponemos nuestro tiempo a disposición", contó Ezio Costa.

El sueldo base en FIMA es bajo un millón de pesos, pero la organización permite que sus colaboradores puedan elevar sus remuneraciones con otras labores, explicó Costa. Por otro lado, sostuvo que existen organizaciones internacionales que generalmente no financian litigios, aunque en ocasiones sí lo hacen.

"Hace muchos años atrás se financió (por un fondo internacional) el caso del plomo en Arica. HidroAysén también en algunas partes estuvo financiado. Se trata de fondos de filantropía ambiental de países industrializados. Por ejemplo, Ford Foundation es un fondo grande. Otra organización grande es Patagonia, la marca de ropa, pero ellos no financian litigios", respondió Costa.

Otra organización que se encarga de litigar a favor de comunidades presuntamente afectadas por proyectos de inversión es la Defensoría Ambiental. Aquí, Alejandra Donoso, abogada de la Universidad de Chile y Máster en Derechos Humanos es su directora ejecutiva, quien aseguró que es complejo el financiamiento para este tipo de agrupaciones.

"Decir que alguien vive de esto, me parece una falta de respeto", explicó la abogada. "No hay costas. ¿Qué costas? En el derecho ambiental no hay costas. Los recursos de protección tampoco tienen costas. El sistema no lo permite. No hay ningún incentivo para que haya abogadas o abogados defendiendo a comunidades. Hay organizaciones internacionales que financian litigios, pero esos son fondos pequeños que se pelean las ONG del mundo", explicó Donoso, quien también representa a vecinos opositores al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de AES Gener.

Hoy el Programa de Cumplimiento de proyecto energético se encuentra en un proceso de impugnación, pues al parecer de la abogada estaría siendo incumplido. Además está en revisión su Resolución de Calificación Ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental por orden del Tribunal Ambiental de Santiago.