Los proyectos "inconstitucionales" que la UDI y RN tienen en la mira

Fue en la reunión de comité político ampliado del lunes pasado cuando los máximos dirigentes de Chile Vamos y el gobierno decidieron iniciar una ofensiva que permita evitar el avance de iniciativas que, por aspectos formales o por su contenido, contienen vicios de constitucionalidad.

La inquietud había sido planteada por el jefe de bancada de la UDI, Javier Macaya, quien pocos días antes había encargado a la Fundación Jaime Guzmán un informe al respecto. Desde RN, en tanto, compartieron la preocupación y, a solicitud del presidente de partido, Mario Desbordes, hicieron lo propio a través de su equipo de asesores.

Así, ambas bancadas dieron con un listado de 18 proyectos de ley y una serie de indicaciones en otras iniciativas -incluyendo la reforma previsional que impulsa La Moneda- que, tras ser declarada su inadmisibilidad, la mayoría opositora en Sala o en la comisión respectiva autorizaba, de todas maneras, su trámite.

Por ello, los parlamentarios oficialistas coordinan una ofensiva que incluye una eventual presentación al Tribunal Constitucional (TC) y a los presidentes de la Cámara y del Senado, junto con solicitar la opinión jurídica de la Segpres en las distintas materias.

Además, pedirán al titular de esa cartera, Gonzalo Blumel, el patrocinio del Ejecutivo a un proyecto de ley que establece que, una vez que los mecanismos de control de las corporaciones declaren un proyecto inadmisible, esta resolución no puede ser revisada ni modificada por las salas ni las comisiones.

Para Macaya, la necesidad de esta serie de acciones se sustenta en que "es evidente que la izquierda, con su mayoría en las corporaciones, está haciendo uso y abuso en la presentación de proyectos groseramente inadmisibles, no respetando la Constitución, la ley ni el reglamento, lo que pone en tela de juicio la juridicidad de las leyes que se despachan del Congreso y obliga al TC a declarar el evidente vicio de fondo y forma en dichos proyectos".

La diputada Paulina Núñez (RN), en tanto, explicó que hoy dieron a conocer, de manera formal, su incomodidad a los presidentes de la Cámara y del Senado, a quienes subrayarán que "deben ejercer las acciones de control y orden legal que les encomienda la ley".

La Tercera PM accedió a los informes que están trabajando en el oficialismo, donde detallan las distintas iniciativas, entre las que destaca la reducción de la jornada laboral, la nulidad de la Ley de Pesca y aspectos del royalty minero, además de indicaciones en la reforma previsional del gobierno.

Para la UDI y RN, "la Comisión de Trabajo de la Cámara incurrió en una grave falta a la Constitución" al tramitar este proyecto impulsado por la diputada Camila Vallejo (PC) en 2017. Esto, debido a que trata aspectos cuya iniciativa corresponde de manera exclusiva al Presidente de la República, según lo establece el artículo 65 número 4 de la Carta Fundamental.

Su admisibilidad fue votada el año pasado, donde la mayoría con que contaba la centroizquierda permitió su avance, consiguiendo que hace pocas semanas se aprobara en general en la comisión.

El informe oficialista consigna que, durante la discusión en particular de la reforma previsional que impulsa el Ejecutivo, diputados de oposición han incorporado indicaciones "con evidentes vicios de constitucionalidad", algo que -incluso- habría sido reconocido por sus autores.

La declaración de esa inconstitucionalidad por parte del secretario de la comisión de Trabajo, no obstante, ha sido revertida por la votación de los parlamentarios, donde la mayoría opositora autoriza el avance de esas enmiendas. Entre otras indicaciones que cuestionan en el oficialismo, se encuentra la eliminación de los tramos por edad para el aumento de las pensiones del Pilar Solidario y la modificación de la forma en que actualmente se cobran las comisiones por parte de las AFP.

La vinculación de parlamentarios y exparlamentarios con financiamiento irregular de actividades políticas y, en paralelo, el lobby de pesqueras en medio del trámite de la Ley de Pesca -entre 2011 y 2013-, motivó a un grupo de diputados de la ex Nueva Mayoría a presentar un proyecto que declarara aquella norma como "insaneablemente nula".

Desde Chile Vamos explican que si bien esa iniciativa -ya aprobada en las comisiones de Constitución y Pesca- no es inadmisible, sí vulneraría la Constitución, pues la Carta Fundamental no consigna como atribución parlamentaria la posibilidad de anular una norma aprobada por el propio Congreso.

El proyecto que declara de interés nacional la explotación y comercialización del litio, así como a la empresa SQM, ya fue aprobado en general en la Cámara. Sin embargo, para el oficialismo la iniciativa supone la expropiación de esa empresa sin establecer para ello la correspondiente indemnización, por lo que vulnera el artículo 19 número 24 de la Constitución.

Además, el informe de Chile Vamos consigna que "de establecerse dicha indemnización, el proyecto pasaría a ser inadmisible, ya que irroga gasto fiscal", atribución exclusiva del Presidente de la República.

Inadmisible e inconstitucional es, en opinión de la UDI y RN, la incorporación de una norma en el primer artículo de la denominada Ley de Fármacos II.

Presentada por diputados del Frente Amplio, la enmienda obliga a dictar un decreto supremo que establezca directrices para la regulación de precios de los productos farmacéuticos, con el fin de garantizar el acceso de toda la población a los medicamentos que requieran.

Su tramitación, no obstante, no procedería -dicen en Chile Vamos- por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, al tiempo que entrega atribuciones a órganos del Estado.

Apuntando directamente a la investigación que la fiscalía siguió por financiamiento irregular de la política por parte de SQM, y la vinculación en este caso del exsenador y exministro Pablo Longueira -quien fue sobreseído en abril por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, en el caso de la acusación por delitos tributarios-, diputados de la ex Nueva Mayoría presentaron dos mociones para anular una parte de la ley sobre royalty minero aprobada en el primer gobierno del Presidente Piñera.

Desde el oficialismo explican que esos proyectos son inadmisibles, pero, sin embargo, se autorizó su tramitación por votación en la Sala de la Cámara.