Los reservados documentos que revelan las complicaciones del Fisco en su demanda contra la familia Pinochet

En octubre del año pasado una de las noticias que remeció a la familia Pinochet Hiriart fue la retención de bienes por un total de US$17 millones. Ello luego que el Séptimo Juzgado Civil de Santiago ordenara congelar los bienes del ex dictador Augusto Pinochet Ugarte que debían pasar a sus herederos, tras la histórica sentencia del "Caso Riggs", vinculado a la malversación de caudales públicos.

Lo anterior luego que el Fisco -representado por el Consejo de Defensa del Estado- presentara una medida cautelar en contra de 16 de los miembros del clan Pinochet, encabezado por María Lucía Hiriart Rodríguez y sus hijos Augusto, Marco Antonio, Inés, Jacqueline y Verónica, extendiéndose el requerimiento también a los hijos de estos últimos.

Según explicó el CDE ante el tribunal, el fallo condenatorio del Caso Riggs dejó por establecido que Pinochet utilizó sociedades instrumentales, como Inversiones Belview International S.A. y Abanda Finance Ltd. para "perpetrar sus delictuales conductas ocultando su identidad". Más aún, para el Fisco en ese momento existía "racional motivo para anticipar que los activos que componen el patrimonio" de los aludidos "pueda ser objeto de actos distractivos".

El expediente del caso se mantuvo bajo absoluta reserva en el tribunal, y recién el pasado 6 de febrero de este año, la magistrada Carolina Ramírez ordenó levantar las restricciones del proceso para que pueda ser consultado a través del Portal del Poder Judicial.

La Tercera PM recopiló los antecedentes expuestos en la carpeta y que por primera vez salen a la luz pública. Entre los documentos revisados se detalló que en noviembre del año pasado parte de la familia Pinochet Hiriart contestó la demanda de indemnización de perjuicios.

En su escrito -presentado a fines de noviembre del año pasado- el nuevo abogado de la familia, Christian Plass advirtió que la demanda se encuentra prescrita debido a que los hechos comenzaron computarse desde el día 28 de abril de 2004, cuando el acusado Eugenio Castillo Cádiz cerró la cuenta que había abierta en el Banco Riggs. Más aún -dijo- si se considera que "el causante" -Augusto Pinochet- murió el 10 de diciembre de 2006.

"(La demanda) no expone ni relata los ajenos actos dolosos, precisos y categóricos y la fecha de perpetración de cada uno de ellos, que en relación de causalidad habrían provocado un desplazamiento patrimonial desde el erario nacional a la sucesión demandada, con el consiguiente provecho reportado por ella", respondió la familia Pinochet.

Para la familia Pinochet la demanda del CDE adolece de una serie de falencias. Directamente apuntó a los peritajes que formaron parte del Caso Riggs y que dan cuenta del enriquecimiento ilícito. Justamente en uno de los estudios se concluyó que Pinochet entre los años 1975 y 2003 los ingresos totales de Pinochet alcanzaban un total de US$142 millones. Sin embargo, -según la defensa- "si Pinochet nació el 25 de noviembre de 1915 y a la fecha que indica el peritaje tenía 60 años, de modo que por lo menos había trabajado 40 años de su vida, pero los peritos suponen que no ganó ni ahorró un peso".

"Cabe poner de manifiesto que doña María Lucía Hiriart Rodríguez es hija de don Osvaldo Hiriart Corvalán, ex senador y Ministro de la República en los gobiernos Radicales, por lo que no era precisamente un menesteroso. Del mismo modo, no se indagó si la cónyuge María Lucía Hiriart Rodríguez tenía, además, patrimonio reservado", acotó la respuesta presentada por la familia Pinochet.

De igual forma, para la defensa existen una serie de dineros no contabilizados en los peritajes y que daría cuenta que Pinochet contaba con un patrimonio mayor. Para justificar aquella afirmación el abogado citó las declaraciones que entregó el ex albacea de la herencia de Pinochet, Oscar Aitken Lavanchy, ante el magistrado Manuel Antonio Valderrama.

"En cuanto a las donaciones recibidas durante la estadía del General Pinochet en Londres, el mismo General le contó que un señor Ahué, chileno, aportó US$1.000.000 y los señores Feuerstein y Juan Casis, montos de $500.000 cada uno. La colonia cubana residente en Miami aportó un millón, Marco Cariola aportó mucho más. El grupo de Miguel Ángel Poduje, los dueños del Jumbo y otros, hicieron aportes, pero que en estos casos no se le indicó el monto aportado", dijo Aitken.

Pero la tramitación del proceso no ha sido nada fácil para el CDE.

En efecto, la semana pasada, la procuradora Fiscal de Santiago, Ruth Israel López solicitó que al tribunal de dos de los 16 demandados: Federico Noguera Pinochet y Julio César Ponce Pinochet sean notificados de la demanda mediante "avisos en los diarios" debido a que en ambos casos su "residencia es difícil de determinar". Pero la notificación más compleja para el Fisco ha sido la de Inés Lucía Pinochet Hiriart. Entre viajes a París, Miami y Santiago no ha sido posible efectuar dicho procedimiento esencial para el avance de la demanda.

Su defensa solicitó incluso anular la notificación realizada, acompañando documentos emitidos por Turismo Cocha, sucursal Parque Arauco, que acreditan que ella salió de Santiago de Chile con destino al aeropuerto Charles de Gaulle en París el día 22 de octubre de 2018, y no ha regresado a Santiago desde esa fecha.