"Martirio" y "discriminación política": Superintendencia de Medio Ambiente enfrenta demandas laborales que acusan intervención del gobierno

Desde intervención política a hostigamiento y acoso laboral. Eso denuncian en dos demandas laborales presentadas hace unos días ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago dos ex funcionarios de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), acusando una serie de irregularidades al interior del organismo fiscalizador.

La primera de las acciones fue presentada por ex Eduardo Peña Münzenmayer, ex jefe de la Oficina Regional del Maule, quien solicitó ser reintegrado a su cargo, denunciando haber sufrido una actitud hostil por parte del superintendente (s) Rubén Verdugo, que asumió en noviembre del año pasado en reemplazo del ex jefe del servicio, Cristián Franz. Ello luego de diferencias públicas con la actual ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, en medio de la polémica por los episodios de contaminación en la bahía de Quintero.

"Con el advenimiento del Superintendente Subrogante -Verdugo-, comencé a ser víctima de episodios de ridiculización y denostación frente a los demás colegas y funcionarios directivos del Servicio. Sin justificación racional alguna se dirigía hacia mí, tornando el trabajo y mis actividades en el cumplimento de mis funciones un martirio. Jamás, imagine que se pondría término a mi contrato por razones absolutamente políticas, de afinidad, cercanía, tendencia, o simpatía hacia mi persona", denuncia el ex jefe regional en la demanda, a la que accedió La Tercera PM.

A modo de ejemplo del trato que asegura haber sufrido, Peña plantea que el 18 de octubre de 2018 se realizó en la Región del Maule el encuentro anual de con los Organismos Sectoriales (OS) para priorizar las Unidades Fiscalizables. Como era habitual él junto a otros compañeros compartió unas fotografías en un grupo de WhatsApp para dar cuenta de la alta convocatoria que concitó el evento y de inmediato Verdugo junto a otra funcionaria -Claudia Pastore- consultaron por la priorización del Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental (PPDA).

"Por los comentarios expresados, se da a entender, que yo como Jefe Regional soy ignorante, carezco de conocimiento, en definitiva no tengo idea del plan y su coordinación, ridiculizándome, denostando flagrantemente nuestra actividad y desempeño laboral y profesional dentro del mentado Organismo del Medio Ambiente", sostuvo el ex directivo de la SMA en el escrito.

Más duro aún se mostró el abogado y ex fiscal de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), Raimundo Pérez Larraín, quien el pasado jueves presentó una segunda demanda por tutela laboral -tras la efectuada por Peña-, acusando una supuesta intervención política por parte del Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco, quien es hermano del actual Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.

En su escrito de 28 páginas aseguró haber participado en el concurso organizado por el Servicio Civil, "siendo el 31 de octubre de 2018 nombrado Fiscal Titular de la Superintendencia del Medio Ambiente, estamento Directivo, Grado 2 EUS, para que asuma funciones desde el 01 de noviembre de 2018, por un período de 3 años. La Contraloría General de la República toma razón de mi nombramiento el día 22 de noviembre de 2018".

"El Superintendente Sr. Cristián Franz recibió presiones por parte del Subsecretario del Medio Ambiente Sr. Felipe Riesco, quien le pidió que declarara desierto el concurso para el cargo de Fiscal Titular de la Superintendencia, desconociendo así sus resultados, ya que el candidato que el Ministerio deseaba que ganara el concurso, el Sr. Emanuel Ibarra Soto –también abogado de Fiscalía y colaborador del Subsecretario–, no fue seleccionado en la terna confeccionada por el Servicio Civil", sostuvo en su demanda Pérez.

"No presenté la renuncia, por estar convencido de que estaba siendo víctima de un acto arbitrario de la autoridad, y que las razones de mi remoción eran producto de una discriminación política, orquestada desde el Ministerio por el Subsecretario Sr. Felipe Riesco, cuyo objetivo es que en la Superintendencia del Medio Ambiente los cargos estratégicos sean ejercidos por personas afines a la ideología política del actual gobierno", afirma en el documento.

Más aún. En el documento sostiene que "el nivel de intervención ejercido por el Ministerio sobre la SMA habla por sí mismo: en 40 días fueron desvinculados tres de los cuatro cargos ADP de la SMA; el único cargo ADP que se mantuvo ejerce actualmente el cargo de Superintendente (S), aunque bajo un control directo del Subsecretario Riesco"

Por conceptos de lucro cesante, daño moral y remuneraciones, el ex fiscal Raimundo Pérez solicitó ser indemnizado en $410.368.383, mientras que el ex jefe de la Oficina Regional del Maule, Eduardo Peña exigió un monto total de hasta $ 20.277.785

No son los únicos casos. Julio Núñez ex Jefe de la Oficina de la SMA en Coquimbo presentó dos requerimientos para impugnar la resolución con que la autoridad decidió no renovar su contrata. Alega que al haber sido un funcionario de contrata por lo tanto, su desvinculación bajo con el argumento de ser un cargo de exclusiva confianza no correspondería. El ex funcionario se desempeñó en dicho cargo entre el 14 de agosto de 2017 al 31 de diciembre de 2018.

Mientras que José Ávila, ex abogado de la Fiscalía de la SMA presentó un recuro de protección que a la fecha aún no resuelve la Corte de Apelaciones de Santiago.

"Somos respetuosos de la independencia de la Superintendencia del Medio Ambiente, por lo que negamos cualquier acusación de intervención en este organismo. En esa misma línea, recalcamos que los cargos de fiscal y director de oficina regional son de exclusiva confianza del superintendente", señaló el Ministerio de Medio Ambiente a La Tercera PM en una declaración vía escrita.

De igual manera, la SMA negó "tajantemente cualquier tipo de intervención irregular". Aclaró que desde octubre del año pasado vive un proceso de transición tras la salida del ex superintendente, Cristián Franz.

El servicio añadió que "las desvinculaciones señaladas obedecen a procesos normales de transición de Servicios Públicos por recambio de autoridades".