Más de 24 mil carabineros han sido heridos en cuatro años

Hay una anécdota que en Carabineros no les gusta mucho comentar, pero que algunos lo ponen como ejemplo para graficar cómo -según ellos- se fue perdiendo la impronta de ser policía en Chile. En pleno estallido social, los alumnos de la escuela institucional, quienes los fines de semanas se trasladan a sus casas para ver a sus familias, decidieron no salir más con uniforme. Debían subir al Metro, caminar a la micro y desplazarse en la vía pública y eso terminaba en insultos y amenazas de agresiones. Por lo mismo, se decidió salir de civil y dejar el traje guardado y doblado, hasta el lunes. Vestir el uniforme verde pasó de ser un orgullo, a riesgo de “funas”.

Quienes recuerdan esta medida -que fue autorizada por el mando institucional de entonces- sostienen que este recuerdo da cuenta de cómo se fue mermando el respeto hacia Carabineros.

Los casos que grafican esta pérdida de confianza son muchos, manifiestan, pero el más fresco es el reciente homicidio a un carabinero en Chillán, la semana pasada, transformándose en el tercer policía uniformado fallecido en labores operativas, entre 2020 y 2022.

En la institución están conscientes de que los ánimos de una parte de la población no son los mejores hacia ellos y, por lo mismo, ven con preocupación una cifra reveladora: entre 2018 y comienzos de mayo de este año, son 24.174 los carabineros que han resultado lesionados, a nivel nacional, en medio de su labor preventiva y de orden público.

“Queremos que la ciudadanía valore el trabajo que día a día hacemos, que no hagan críticas injustas, ni juicios de valor desmesurados contra la institución. Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo en beneficio de la seguridad de todos los chilenos”, explica el jefe nacional de Orden y Seguridad, el general Marcelo Araya.

En la policía analizan los hechos y saben cuál fue el origen del desprestigio y cómo se ha acentuado. En ese sentido apuntan como gran causante de esto al millonario fraude institucional, y luego a los casos de montaje como Huracán y el asesinato a Camilo Catrillanca.

En febrero de 2017, la aprobación de la institución era de un 77%, una cifra muy lejana al 35% que la Cadem midió, a fines de 2019, año del estallido social. Sin embargo, la misma encuesta reveló este año que un 49% de los entrevistados seguía valorando el trabajo de Carabineros contra la delincuencia.

“¿Qué culpa tiene el carabinero que está controlando el tránsito y lo insultan con los ladrones que se robaron la plata? Nada, pues”, ha repetido en distintas ocasiones en propio general director, Ricardo Yáñez.

Pero la cifra de policías lesionados no solo inquieta en Carabineros, al manifestar una gran cantidad de oficiales y suboficiales heridos; sino que también preocupa por la tendencia a incrementarse año a año, lo que se puede observar en los registros propios de la institución.

En 2018 se registraron 3.942 carabineros lesionados, cifra que casi se duplicó en 2019, año del estallido social: 7.424 policías fueron heridos en distintas circunstancias, en su mayoría en medio del control de orden público durante las manifestaciones.

En estos últimos cuatro años se ha registrado una tendencia al aumento de casos. Incluso en medio de la pandemia cuando las personas tenían restringida su movilidad estas situaciones se incrementaron. En 2020 y 2021 hubo 6.245 y 5.421 carabineros víctimas de ataques, respectivamente, muy por encima de los incidentes denunciados antes del 18-O.

El general Araya explica que “ser carabinero es una de las profesiones de mayor riesgo, es algo más que un trabajo, es una vocación de servicio público. Cuando ingresamos a la institución hacemos un juramento de servicio, de rendir la vida en defensa de las personas y así lo cumplimos. Muestra de ellos son los más de 1.220 mártires institucionales”.

Por ello, agrega, “nos preocupamos de tener implementos de seguridad para nuestro personal, mejores equipos tecnológicos, además de trabajar junto a nuestras autoridades para tener más herramientas legales que protejan y sancionen a quienes atenten contra la autoridad que representa ser carabinero”.

Otra de las cosas que preocupan en la policía uniformada son los juicios públicos -según Carabineros “anticipados”- que muchas personas, incluidas autoridades, hacen cuando un procedimiento termina con un civil herido. “Muchas veces nos enjuician primero a nosotros, sin antes tener una versión de lo ocurrido”, advierten.

En ese sentido, ejemplifican con lo que pasó el 31 de marzo de este año en la Alameda. Ese día un grupo de encapuchados golpeó al carabinero Leonardo Quezada, quien desenfundó su arma y disparó, hiriendo a un repartidor de comida. Enseguida, el gobierno pidió explicaciones a la policía y figuras del PC, como el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, acusaron represión. A los pocos días, un video dio cuenta de que el funcionario había sido agredido por una turba de encapuchados y usó su arma en defensa propia. El gobierno, entonces, dio un giro en la política comunicacional y respaldó el procedimiento. “Les creen primero a las redes sociales que a nosotros y eso también fomenta agresiones al personal”, explica una alta fuente policial.

Entre los expertos hay consenso de que la condena de la violencia debe ser transversal para poder respaldar -cuando se deba- el actuar policial.

Germán Díaz, director del diplomado de Violencia y Delincuencia de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) sostiene que “hay un tema de pérdida de legitimidad de las policías, por hechos que todos ya conocemos, entonces, pero ese un factor. También hay un mayor nivel de violencia, dado por ciertos discursos que validan la violencia como práctica política, lo que deriva en que las policías, al ser un cuerpo armado del Estado, sea objeto de esta violencia”.

Además, advierte que “cuando hay un carabinero lesionado, tenemos que entender que tendrá una licencia médica y su labor será reemplazada por otro funcionario, quien tendrá que hacer un doble turno, dormir menos, y salir a cumplir el servicio por dos. ¿Qué resulta de eso? Un carabinero que sale cansado está mucho más expuesto a tener una mala conducta”.

Actualmente, Carabineros cuenta con atenciones sicológicas para los efectivos que resultan con heridas de gravedad. Allí asisten a una serie de sesiones para recuperar la confianza en su trabajo y en cómo afrontar determinadas situaciones que los vuelvan a exponer a la violencia.

Pía Green, experta en seguridad y exjefa de la División de Seguridad Pública del gobierno pasado, indica que “desde el 18 de octubre de 2019 ha habido una disminución del respeto a la institucionalidad, de la autoridad: hoy no hay un castigo o reproche por tirarle una botella de agua al Presidente de la República en La Moneda, por ejemplo, y Carabineros no está exento de eso”.

En esa misma línea, agrega que “lo que se requiere es que todos nos pongamos de acuerdo en qué es la violencia, y cómo se debe enfrentar. Un acto violento es un delito y no pueden usarse para alcanzar fines en una democracia. Hay que castigar la ilegalidad y la delincuencia, trabajando transversalmente en una institucionalidad que sea respetada por todos, con autoridades que puedan ejercer sus roles, sin señales ambiguas desde ninguna parte”.