Mentiras y videos: Gobierno ordena a Carabineros reconstruir las horas clave tras el crimen de Catrillanca

Incomodidad y desconfianza. Esas son las palabras que definen hoy la relación del Gobierno con el General Director de Carabineros, Hermes Soto Isla, tras la filtración anoche de un video en que el exsargento Carlos Alarcón, en prisión preventiva, asegura que le pidieron mentir en el marco de la investigación por el crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca el pasado 14 de noviembre.

Ya se conoce que los funcionarios del GOPE que participaron en el operativo en que murió Catrillanca -un piquete compuesto por Alarcón, el suboficial Patricio Sepúlveda, el cabo primero Gonzalo Pérez, el sargento segundo Raúl Ávila y el cabo primero Braulio Valenzuela- falsearon antecedentes respecto de cómo ocurrieron los hechos: dijeron que no había grabaciones y las hubo, pero Ávila las eliminó; sostuvieron que hubo un enfrentamiento y el informe pericial de la Policía de Investigaciones sólo consigna disparos de funcionarios de la institución.

¿Hubo una orden superior de oficiales de la zona o de nivel central de entregar esa versión? El Ministerio de Interior le ordenó a Soto Isla aclarar precisamente este punto: reconstruir minuto a minuto, sin espacio para dudas y en el menor plazo posible, lo que pasó tras el disparo que dio muerte a Catrillanca y las 23 horas de ese día, cuando se presentaron los imputados a declarar en la Fiscalía Regional de La Araucanía. "Se va a actuar con toda la dureza necesaria. No hay espacio para más errores", señala una alta fuente consultada por La Tercera PM.

En su momento, los funcionarios del GOPE sostuvieron que las cinco horas de tardanza en prestar testimonio obedecieron a dificultades para salir de la comunidad, pero el Ministerio Público ya sabe que parte del tiempo estuvieron en la comisaría de Pailahueque ubicada en Ercilla. ¿Se reunieron a planificar su versión y quién los ayudó en ello? Lo concreto es que entregaron un testimonio firmado por todos -que ha sido desmantelado por la Fiscalía- y acudieron con abogados institucionales a presentarse al Ministerio Público. Aquí es donde adquiere relevancia la dirección jurídica local que estuvo tras ese documento, pero también se debe establecer qué oficiales de mayor rango tuvieron contacto con los imputados y con qué fines.

A primera hora, el Ejecutivo ordenó a Soto Isla avanzar en lo que depende de su competencia: iniciar una investigación interna para determinar cómo Alarcón pudo ingresar un teléfono al recinto donde cumple prisión preventiva, en dependencias de la 2° Comisaría de Temuco. Ello habría ocurrido, según información recabada por este medio, en una visita autorizada por el mismo establecimiento. Fuentes consultadas por La Tercera PM señalan que es inminente la remoción de los oficiales a cargo del recinto.

De todas formas, este es el punto más fácil de resolver y el menos preocupante. Lo que generó mayor alarma

es el contenido de lo señalado por Alarcón. Ya por responsabilidad de mando presentaron su renuncia el general Mauro Victoriano, Jefe de orden y seguridad de La Araucanía, y el coronel Iván Conteras Figueroa, prefecto de las Fuerzas Espaciales de La Araucanía. ¿Hasta dónde podrían escalar ahora las responsabilidades?. "Hasta donde sea necesario para terminar con esta seguidilla de mentiras. Es un descalabro", resumen desde Interior.