Minera Kinross gana primer round a comunidad indígena de Atacama: Justicia ordena no bloquear camino

La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió el recurso de protección que presentó Compañía Minera Maricunga, filial de la minera canadiense Kinross Gold Corporation, en contra de la Comunidad Indígena Colla del Río Jorquera y sus Afluentes. Ello luego que miembros de la agrupación bloquearan un camino de acceso al Campamento Rancho del Gallo de la Mina Refugio, ubicada en la comuna de Tierra Amarilla.

La sentencia del tribunal de alzada ordenó a los miembros de la comunidad indígena "abstenerse de realizar cualquier acto material que altere o perturbe la libre circulación" por dicha vía que permite el ingreso y salida a unos 200 trabajadores de la mina.

La disputa entre la agrupación indígena y la minera es de larga data. Según la comunidad indígena, la minera no contaba derechos para utilizar el camino que une la Ruta C-611 con el ingreso al campamento de la minera. Más aún, ante tribunales los representantes de la agrupación colla admitieron el bloqueo del sendero, pues la minera llevaría más de cuatro años incumpliendo con sus compromisos que impuso la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en la constitución de la servidumbre definitiva.

A lo anterior se suman "incumplimientos administrativos y legales que ocasionó el Impacto del derrame de hidrocarburo sobre las aguas que bebe la Comunidad y Bofedales Altoandinos protegidos por ley".

Luego que el tribunal acogiera una Orden de No Innovar miembros y simpatizantes de la comunidad debideron despejar el bloqueo del camino.

Se trataba de una "toma y bloqueo, que se ha concretado a través de una sumatoria de actos materiales, tales como, la utilización de un camión marca JAC y de una retroexcavadora, que han sido estacionados en la mitad del Camino Público, impidiendo el libre tránsito vehicular; y sobretodo, el amotinamiento de un grupo permanente de 20 a 30 personas aproximadamente, quienes, armados, con palos y elementos corto punzantes, de manera agresiva impiden el libre tránsito vehicular, e incluso registran a quienes pretenden cruzar por el Camino Público, sometiéndolos a una revisión de sus vehículos y pertenencias.", consignó la sentencia del tribunal.

Pero no es el único desencuentro que mantiene la minera –representada por el abogado Rodrigo Díaz de Valdés, socio de Baker & McKenzie– con la comunidad indígena.

A fines del año pasado, la minera presentó en el 3º Juzgado de Letras de Copiapó una demanda de restitución de dineros pagados en el marco de un proceso de servidumbre minera que se encontraba sujeto al visto bueno de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). La minera asegura que comunidad colla -integrada por poco más de 100 personas- le adeuda la suma de $285.000.000.

Ello luego que a mediados del año 2011 entre la comunidad colla y compañía minera surgieran una serie de controversias respecto a la titularidad de Maricunga para acceder, ocupar y transitar, por parte de los predios de la comunidad. A ello se suma la construcción por parte de la minera de un by-pass en el camino público de acceso al campamento de su propiedad, denominado Rancho del Gallo; y una serie de denuncias de la agrupación indígena sobre una supuesta usurpación de agua por parte de la minera.

Por medio de un recurso de apelación, la defensa de la agrupación indígena –liderada por la abogada Ivonne Baeza– busca ahora revertir el fallo adverso y será la Corte Suprema, quien tenga la última palabra del caso.

Según el escrito, "en enero de 2011 la Empresa Consultora INAS Ltda. elaboró un informe a petición de la propia Compañía Minera Maricunga. En el documento queda claramente establecido que el camino en el cual mis representados se manifestaron no es público, sino que es un camino privado y de propiedad de mis representados, tierras que están debidamente inscritas y en la actualidad ninguna servidumbre en favor de la Compañía Minera".

"La manifestación que realizan mis representados en su propiedad, en su dominio, en su hogar, en su patio, no puede ser considerado en caso alguno como un actuar arbitrario e ilegal", remató.