Misión imposible: las gestiones del gobierno para no quedar atado (otra vez) al proceso constituyente

Fue una conversación corta, pero efectiva. Luego de asumir su candidatura al Consejo Constitucional en la Región Metropolitana por la lista Todo x Chile -compuesta por el PPD, la Democracia Cristiana y el Partido Radical-, Natalia Piergentili, presidenta del PPD, se comunicó con el Presidente Gabriel Boric para hacer un compromiso: que pese a todos los roces y heridas que dejó la conformación de las listas para el nuevo proceso constituyente, debido al quiebre del oficialismo -el PS, su eterno aliado, y el PL decidieron unirse a la lista de Apruebo Dignidad-, ella va a cuidar el tono en la campaña, para que las elecciones del 7 de mayo no afecten al gobierno.

-”Por eso prefiero estar yo”, le dijo Piergentili al Mandatario, aludiendo a su propia candidatura como constituyente por la Metropolitana. La jefa PPD se comprometía así a resguardar el trato de su partido con la coalición del Presidente.

La escena, hacen ver en el oficialismo, cobró importancia ante los episodios que antecedieron a la inscripción de las listas de candidatos. El mismo líder histórico del PPD, Guido Girardi, había dicho que ir en lista única con Apruebo Dignidad significaba ir en la “lista del indulto”, mientras que en el PC le respondieron que para eso ellos podrían ser “la lista SQM”, aludiendo a los casos de platas políticas que involucraron a figuras de la centroizquierda.

En ese contexto, el PS tenía su propio reclamo al acusar un “ninguneo” hacia la expresidenta Michelle Bachelet luego de que ella se ofreciera a liderar una lista única oficialista, y el PPD lo descartara. El lío hizo que Boric intercediera y llamara a la unidad de sus coaliciones. Pero tampoco resultó.

Ahora que comenzó formalmente el nuevo proceso -al mediodía de este lunes, con la instalación de la Comisión Experta en la sede del Congreso en Santiago-, en La Moneda la decisión es mantenerse al margen del debate, y a menos que sea estrictamente necesario, que Boric no vuelva a intervenir. Más allá del genuino interés en el proceso, dicen en Palacio, la idea del gobierno es no involucrarse en nada. De hecho, cuando el Presidente es consultado por el tema, lo deriva a la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte. Ella, a su vez, responde tajante: “Nuestra cartera no tendrá un rol en el nuevo proceso constituyente”.

El argumento de fondo es claro: no cometer el error del proceso anterior y evitar ligar el resultado de las elecciones a la aprobación del Ejecutivo.

11 de marzo de 2022. Asomado a un balcón de La Moneda, Gabriel Boric daba su primer discurso como Presidente de la República. “Nos hemos impuesto como tarea acompañar de manera entusiasta nuestro proceso constituyente por el que tanto hemos luchado. Vamos a apoyar decididamente el trabajo de la Convención”, dijo en uno de sus pasajes. Y sin advertir lo que vendría después, pidió “que nos escuchemos de buena fe, sin caricaturas, para que el plebiscito de salida sea un punto de encuentro y no de división y podamos aquí, junto al pueblo, firmar por primera vez en la historia de Chile una Constitución democrática, paritaria, con participación de todas y todos nuestros pueblos”.

La situación entonces era distinta: por más que después intentaran despegarse de esa idea, las reformas y proyectos del gobierno estaban atados a lo que ocurriera en la Convención. El gobierno asumía con la estrategia -encabezada por el entonces ministro de la Segpres, Giorgio Jackson- de postergar todas las reformas para después del plebiscito del 4 septiembre, porque, según las mismas autoridades confesaron, la ejecución del programa de gobierno dependía del Apruebo. Una tesis que se terminó por derrumbar con cuando el Rechazo se impuso por un 62% contra un 38% del Apruebo. Después de eso, la discusión de las reformas no ha sido fácil y el margen de negociación, menor.

La prescindencia que debían cumplir las autoridades del gobierno también fue motivo de fiscalización y críticas, luego de que el Presidente optara por salir a terreno -y movilizar a sus ministros- para “informar” a las personas sobre la propuesta de texto constitucional, lo que desató una ola de cuestionamientos desde la oposición y que puso encima del gobierno los ojos de la Contraloría.

Tras la aplastante derrota, y todo lo que vino después -con el primer cambio de gabinete el 6 de septiembre-, el aprendizaje del gobierno es no ligar ambos procesos. Sobre todo frente al optimismo que se ha instalado en La Moneda ante los últimos resultados de las encuestas -que han presentado leves alzas- y de noticias “tranquilizadoras” en materia económica. Un ánimo que esperan seguir levantando con el cambio de gabinete que viene y que presentará un nuevo relato basado en apurar la ejecución programática. “Gestionar y hacer”, dicen en el gobierno.

Por ello, en el comité político han solicitado mantener la distancia a todos sus integrantes y a los presidentes de los partidos les han pedido llevar el proceso con responsabilidad.

Así lo manifestó la ministra del Interior, Carolina Tohá, en el comité político ampliado del 13 de febrero.

-”No nos vamos a meter”, dijo la jefa de gabinete, ante las dudas de algunos integrantes del Frente Amplio.

También, Tohá pidió mantener y resolver las diferencias en privado.

Este lunes se instaló la Comisión Experta con los 24 integrantes -12 elegidos por la Cámara de Diputados, y 12, por el Senado- y entre los invitados no hubo ninguna autoridad del gobierno, como sí lo hicieron el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), y el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL).

Por resolución del Presidente, el apoyo financiero del proceso dependerá de la secretaría de la Cámara Baja, a diferencia del proceso anterior, en el que los dineros eran coordinados por la Segpres. Mientras que los temas administrativos y técnicos dependerán de las dos cámaras y de la Biblioteca del Congreso Nacional.

De todas formas, en el equipo del Segundo Piso reconocen que en los estudios de opinión el proceso constitucional seguirá siendo evaluado. Y lo mismo ocurrirá en la división de Estudios de la Segpres, liderada por la abogada Javiera Ascencio, quien cumple ese rol desde la instalación del gobierno. En su equipo estarán encargados de realizar el seguimiento del proceso y de mantener informadas a otras autoridades sobre el tema a través de minutas e informes.

Los expertos designados para el nuevo proceso consultados para este reportaje aseguran que el gobierno se ha mantenido absolutamente alejado y que toda comunicación es a través de los partidos, que son los que mantienen a los ministros informados sobre los avances.

Uno de los temores y desafíos que les han planteado los integrantes de la Comisión Experta a sus partidos es cómo darle vitrina y conocimiento a un proceso que aún no cuenta con apoyo ciudadano según los números de las encuestas públicas y también de los que manejan en el oficialismo.

En todo caso, hay algo que enredará los planes del gobierno. Algunos expertos designados por la lista Unidad para Chile (PS, PL y Apruebo Dignidad), entre ellos Antonia Rivas (Convergencia Social) y Flavio Quezada (Partido Socialista), están planificando algunas solicitudes que necesitarán el apoyo de La Moneda.

La inquietud de dichos abogados tiene que ver con realizar una consulta indígena que sirva de insumo para el proceso, ya que temen que los pueblos originarios se vean desplazados en el Consejo, lo que dé paso a manifestaciones por su marginación en el proceso. Ahí la Segpres o el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas (UCAI), podrían jugar un rol para entregar los recursos necesarios para la consulta, ya que encontrar el apoyo del Congreso para un tema así se ve cuesta arriba.

Entre los expertos aseguran que esas gestiones comenzarán en los próximos días y que sí tienen pensado hablar el tema con el gobierno.

En los partidos han estado muy atentos al trabajo de los expertos antes de la instalación. Los presidentes tienen conversaciones frecuentes, por Zoom y presenciales, con los especialistas que trabajarán en el anteproyecto. Incluso algunos, como las directivas del Frente Amplio, se reunieron esta mañana antes del debut de la Comisión.

En esas instancias ha sucedido algo particular: aunque el PPD y el Partido Liberal vayan en listas separadas en las elecciones, están trabajando juntos en la coordinación de los expertos. En esas conversaciones también se ha sumado el resto del Socialismo Democrático.

Para los líderes de esa coalición es muy importante mantener la armonía entre ellos y con el gobierno, y así se lo han manifestado al jefe de gabinete del Presidente, Carlos Durán, y también a la ministra Tohá. Por lo mismo no fue casualidad que todos los presidentes de la coalición llegaran juntos al comité político ampliado de este lunes en La Moneda.

También han mantenido reuniones bilaterales entre las directivas y desde esta semana volverán las citas entre los presidentes del Socialismo Democrático.

Un ejemplo de los esfuerzos de la coalición para mantener la unidad es que el mismo presidente del Partido Liberal, Patricio Morales, le pidió a Piergentili que se mantenga en su rol de presidenta del PPD, aunque sea candidata al Consejo Constitucional, pese a que incluso algunos integrantes de su mismo partido han cuestionado que siga en el cargo, por la constante vitrina que le significa y lo complejo de llevar las dos tareas.

Pero ella no piensa moverse y sus pares del Socialismo Democrático, al igual que Morales, planean apoyarla.