Narcos, ladrones y una parricida: los 11 indultos que ha otorgado el gobierno por razones humanitarias

Solo 26 días tardó el gobierno, desde su inicio el 10 de marzo de 2018, en otorgar sus primeros dos indultos presidenciales por razones humanitarias a personas con penas de cárcel efectiva. Desde ahí en adelante se ha beneficiado a otras nueve personas, sumando 11. Es decir, un indulto cada 58 días de mandato del Presidente Sebastián Piñera.

Con estos números, Piñera ya superó durante su primer año de presidencia el número alcanzado por la Presidenta Michelle Bachelet durante su segundo periodo (2014-2018), donde se entregaron 10 beneficios en total.

Entre los 11 casos destaca el indulto al coronel (R) del Ejército René Cardemil, quien se encontraba condenado en la cárcel de Punta Peuco a 10 años y un día de prisión, por el delito de homicidio calificado reiterado. Ello por su participación en el asesinato de seis personas en el denominado caso Torres de San Borja, en octubre de 1973.

Sin embargo, el beneficio a Cardemil no logró concretarse, dado que el exuniformado falleció el 7 de abril de 2018, un día después que la Contraloría tomara razón del indulto, a causa de un cáncer prostático. La enfermedad que causó su muerte fue también el argumento bajo el cual el gobierno concedió su libertad.

Los 11 indultos fueron entregados por razones humanitarias. De ellos, además de Cardemil, cinco fueron otorgados a personas condenadas por tráfico de drogas, tres por delitos relacionados al robo, uno por receptación y un último por parricidio. Este último caso trata de Elcira Soto (78), afectada por un cáncer cervicouterino y que cumplía una condenada a 15 años y un día de cárcel por el asesinato de su esposo en 2006, quien recibió el beneficio tras cuatro solicitudes rechazadas.

En tanto, según el recinto carcelario en que la persona cumplía condena, Valparaíso es el único penal que se repite con dos casos, el resto trata sobre internos de Punta Peuco, Temuco, Colina II, Puerto Montt, Cárcel de mujeres de Santiago, Chillán, Arica, Quillota y Alto Hospicio.

Consultado el Ministerio de Justicia, no quisieron referirse a los casos en particular. Sin embargo, indicaron que los criterios que se consideran al momento de conceder un indulto incluyen "que la persona solicitante se encuentre diagnosticada con una enfermedad en fase terminal y que esta importe una enfermedad o condición patológica grave, progresiva e irreversible, que no tiene tratamiento eficaz de acuerdo a los conocimientos médicos y con pronóstico fatal en un tiempo próximo".

Otro ítem contempla "que la persona tenga un menoscabo físico grave e irrecuperable que le provoque una dependencia severa, tratándose de un padecimiento permanente y sin posibilidades de rehabilitación, que provoca a la persona una pérdida de la autonomía o de la capacidad para desarrollar las actividades básicas de su vida diaria por sí misma".

Ambos casos tienen que ser certificados por el Servicio Médico Legal y, según la cartera, "debido a la excepcionalidad que importa la concesión de un indulto particular, y considerando que mediante su aplicación se está modificando una sentencia dictada por el Poder Judicial, es que igualmente se examina caso a caso para determinar la concesión o denegación de la solicitud".

Finalmente, desde Justicia explicaron que "todo lo anterior no corresponde al ordenamiento jurídico chileno (no está contenido en leyes, reglamentos, resoluciones ni protocolos), sino que es una expresión del carácter discrecional propio de la institución del indulto particular".