Obispo castrense detalla a fiscalía cinco casos de sacerdotes de las FF.AA. denunciados por abusos

Desconocidos antecedentes reveló el 27 de agosto de 2018 el presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo castrense Santiago Silva Retamales. Su declaración en calidad de testigo se la entregó al fiscal sur Guillermo Adasme, quien investiga presuntos delitos sexuales de sacerdotes. Entre otras materias, contó que tuvo conocimiento de cinco presbíteros de las Fuerzas Armadas denunciados por presuntos abusos sexuales.

Su testimonio, al igual que todos los antecedentes que recabó la Fiscalía Sur sobre presuntos delitos sexuales realizados por sacerdotes, fueron transferidos en septiembre del año pasado a la Fiscalía de O'Higgins. ¿La razón? El fiscal nacional, Jorge Abbott, resolvió en ese momento que el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias (hoy suspendido de sus funciones), continuara con todas las investigaciones a los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica, incluida la arista a las altas autoridades castrenses, y no su entonces par metropolitano Sur, Raúl Guzmán, quien solo se quedó a cargo del caso Maristas. El argumento de Abbott para tomar esta decisión se debía a que quería "evitar duplicidades en las investigaciones".

Y nuevamente el fiscal nacional transfirió el llamado caso Iglesia el viernes pasado, pasando a la Fiscalía Centro Norte, a cargo de Xavier Armendáriz. La medida del traslado se da en medio de la crisis que se vive en la Fiscalía de O'Higgins, luego de que el fiscal Arias fuera denunciado por su subalterno, el persecutor Sergio Moya, por una serie de irregularidades en la tramitación de causas penales.

Así, será Armendariz quien tomará la posta y deberá investigar las eventuales conductas de encubrimiento habrían sido cometidas por las autoridades del Arzobispado de Santiago y el Obispado Castrense.

Los nombres que entregó

El primero al que nombró Santiago Silva fue al ex capellán castrense Pedro Quiroz Fernández, denunciado por presuntos abuso ocurridos entre 1998 y 2003. Dijo que supo de una denuncia presentada por C.B.D. por los presuntos abusos a dos menores de edad y en 2015 se inició una investigación canónica, en que se concluyó que habían antecedentes verosímiles, por lo que se mandó el caso al Vaticano. Ahí se concluyó, dijo Silva, que no habían antecedentes penales para sancionar a Quiroz. Señaló que en junio de 2018 el denunciante pidió reabrir el caso, que en julio presentó una nueva denuncia en que indicó que él fue víctima de Quiroz y que desde entonces existe una investigación previa para esclarecer la situación.

Además de este caso, Silva declaró que sobre los antecedentes que tiene como obispo castrense existe una denuncia por actos impropios en contra del capellán naval Rafael Providell Molina y que esos antecedentes fueron denunciados en 2018.

También, declaró que existe el caso del capellán de Carabineros Gerardo Strooman Alarcón de la Diócesis de Ancud. Los antecedentes, dijo, fueron denunciados a Carabineros en 2018.

El otro caso del que sabe, declaró Silva, es sobre el sacerdote Juan Aguirre Marín. Señaló que este se encuentra suspendido desde junio de 2018 del trabajo pastoral del Obispado Castrense y que es parte de la Congregación de los Redentoristas, que presta servicios al Ejército.

Declaró que se suma otro caso contra el capellán del Ejército Héctor Bravo Merino de la Diócesis de Chillán por abuso sexual a una menor de edad. Añadió que debido a que esta situación salió en un programa de televisión, Bravo decidió autodenunciarse. Señaló que el caso estaba siendo indagado por el Vaticano.

Al final su declaración, Santiago Silva aseguró que todos estos antecedentes se los hizo saber directa o indirectamente a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Orden y que, el caso de Quiroz, lo informó personalmente al entonces comandante en jefe de la Fach, Jorge Robles Mella.