Por qué la primera investigación por acoso sexual contra un diputado arranca con el pie izquierdo

"Pésimo". Así cree que están las condiciones para aclarar el primer caso en que los diputados investigarán a uno de sus pares por una denuncia de acoso sexual. La diputada Gael Yeomans, de 30 años, se enteró ayer por los periodistas del Congreso que había sido sorteada para ser la fiscal que pesquisará y propondrá sentencia en el caso del diputado Pedro Velásquez Seguel, acusado por un ex colaborador suyo. A ella le tocará aplicar un procedimiento que nunca se ha usado contra un legislador y que descansa en las diez páginas, siete capítulos y 24 artículos del denominado Protocolo de Prevención y Sanción del Acoso Sexual, vigente desde hace ocho meses y fracción.

Lo de "pésimo" -para la diputada- es porque, para ser un asunto que quedará como precedente, ya partió mal. Dos de los principios rectores de la normativa, la confidencialidad y la protección de la integridad de las personas, fueron vulnerados de entrada, dice.

Uno: el hábil denunciado aprovechó ayer más de cinco minutos en vivo por televisión para negar los hechos, acusar una operación política en su contra y acribillar a su denunciante. En simple, Velásquez dijo que esto era una venganza porque él lo había despedido después de que "se me hizo llegar su prontuario policial, marcado por imputaciones sobre delitos sexuales, hurto, robos y violencia contra la mujer, en especial su ex pareja, que fue amenazada de muerte". Tal cual. Y dijo mucho más.

Dos: Poco más tarde, Canal 13 publicó una nota en que el padre del denunciante negaba tal operación política, decía que no veía a su hijo hace tiempo, y que respetaba a Velásquez. Lo hizo a cara descubierta y con su nombre, Américo Giovine. ¿La privacidad del denunciante? Adiós no más.

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Velásquez en sus tiempos de alcalde de Coquimbo, cuando casi tocaba el cielo con las manos.[/caption]

Bonus track: Giovine fue gobernador de la provincia Coquimbo entre el 2014 y 2018. Hoy trabaja en la Municipalidad de Coquimbo. Velásquez, el diputado denunciado, fue alcalde de Coquimbo 14 años (1992-2006, su rocambolesca gestión da para una suculenta nota aparte con mezquitas, joyas papales robadas y cruces gigantescas) hasta que fue destituido y condenado por fraude al Fisco y negociación incompatible. La sentencia incluyó pago de costas, indemnizaciones y deudas a la comuna. No pagó al principio. Se acumularon intereses. Hoy, 13 años después, le sigue debiendo al municipio $140.223.700.

Recordatorio: Ese mismo pasado judicial y esa deuda le pasaron la cuenta el 2017, cuando Pedro llegó a la cumbre de su carrera política al acceder a una de las vicepresidencias de la Cámara, con los votos de la derecha. Fue un escándalo. Le dijeron que mejor renunciara. No quiso. Se presentó una censura contra la flamante mesa, ésta renunció y de inmediato se eligió a los mismos integrantes... salvo Velásquez.

Aclaración: ¿Cómo es que llegó a diputado si había sido condenado por algo que suena tan poco elegante como fraude al Fisco? Porque la ley, en tal caso, solo lo inhabilitaba de por vida para volver a ser alcalde. Pero no para ser diputado. Eso. Volvamos al presente.

"No debería haber ocurrido, partimos de manera errada", tercia la diputada-fiscal Yeomans. "Se rompe uno de los principios iniciales del protocolo, cuyo motivo principal es la protección de la víctima". La ex presidenta de la Cámara e impulsora del protocolo, Maya Fernández, cree que "desgraciademente, esto salió a la luz pública, y muchas veces por mucho que tengamos un protocolo, habrá situaciones que se escaparán de las manos. Pero la persona vulnerada puede también ir al Ministerio Público".

Ambas resaltan que el documento vigente desde enero trajo el gran cambio de que por primera vez se puede denunciar e investigar a parlamentarias y parlamentarios. Que antes no se podía. Que norma varios detalles del procedimiento. Pero otros, no. Y reconocen que el caso Velásquez puede, y ya está, revelando que hay algunos vacíos prácticos por precisar.

Por ejemplo. Como fiscal, la diputada Yeomans tiene atribuciones, pero también límites. Es un poder relativo no más. Puede escuchar o tomar declaraciones al acusado, al denunciante y a testigos, pero solo si ellos lo hacen voluntariamente. "No tengo una medida de coerción", explica.

Tendrá 20 días para sus pesquisas. Contará con el apoyo de una abogado coordinadora de Políticas de Género de la Cámara, "que colaboró en la confección del protocolo. Y también estará Miguel Landeros, (Secretario de la Cámara) una especie de acompañante o ministro de fe en la investigación", dice. Luego, comparecerá ante la Comisión de Régimen Interno para proponer una sentencia. Ese será el tribunal de primera instancia, y se podrá apelar luego ante la Comisión de Ética.

¿Cómo se resolverá el primer dictamen de este tipo? ¿Por votación? ¿Mayoría de los presentes o en ejercicio? ¿Se exigirá quórum o inhabilitar a alguien del mismo partido del denunciado? Yeomans recalca que "no hay claridad sobre eso. Como no se ha usado el procedimiento con anterioridad, hay cosas que también están un poco en veremos, estamos conversando con Miguel Landeros, para ver cómo se procede en concreto". En la Cámara precisan, de momento, que se votará la sentencia.

La diputada reconoce que hay vacíos y que "por eso mismo es importante revisarlos, hacerle modificaciones, en la medida que vayamos viendo los casos". Maya Fernández también asume que "un protocolo siempre puede ser modificado para mejorarlo; nosotros no tenemos experiencia", pero reivindica su factura: "Nosotros trabajamos harto en esto, revisamos protocolos de universidades, entre otras cosas".

A menos que este caso termine en una absolución, casi todas las sanciones son multas, descuentos de la dieta parlamentaria que pueden llegar hasta la mitad (a Velásquez, en todo caso, ya le han descontado gruesas tajadas de su mensualidad para pagar la deuda de nueve dígitos con su querido Coquimbo). Como mucho una censura, que queda en su hoja de vida, pero en ningún caso se le impedirá votar. Si es un delito, pues se denuncia a la justicia.

El protocolo lista -favor revisar su artículo 7- cuatro tipos de agresiones: "leves", "menos graves", "graves" y "gravísimas". Entre las "leves" están entre otras las "insinuaciones, bromas, chistes, piropos o comentarios de contenido sexual hechos a la víctima y que resulten molestos o humillantes; gestos obscenos".

Yeomans dice que ha presenciado varias veces escenas que califiquen en esta causal. "Se me vienen muchas a la cabeza. Es una cosa tremenda. Recuerdo perfectamente una comisión donde un diputado le silbó a una asesora de la ministra Plá. Y eso está grabado. El diputado ni siquiera reconoció que fue él. Quedó grabado. En esa oportunidad estaba presidiendo la comisión la diputada Karol Cariola; paró la sesión, suspendió la discusión para poner este punto, porque fue una falta de respeto tremenda. Y ya estaba en vigencia el protocolo".

-¿Por qué no se hizo la denuncia, si fue público?

-No se explicitó que diputado era.

-Pero quedó grabado.

-Quedó grabado. Vi la grabación, y efectivamente era un diputado de la comisión, pero no se daba a entender quién. No quedaba claro, no había una prueba.

-De todos modos, hubo testigos. ¿Por que no se denunció? ¿O están muy acostumbrados a estas actitudes?

-No, creo que hay una naturalización y una costumbre entre los diputados de tener ciertas prácticas de violencia, discriminación y visión de la mujer como un objeto. Y también hay una especie de tratar de proteger a los parlamentarios, por su figura pública. Este protocolo nos da herramientas para poder investigar.

La flamante fiscal dice que, pese a lo que hay que corregir, la norma que está debutando "es una respuesta a estas situaciones". Y no niega que ser la primera en aplicarla le pone presión encima. En los 20 días que vienen, además de tomar declaraciones y otras diligencias, tal vez deba sopesar además un episodio que le recordaron ayer en el Congreso a Velásquez cuando, muy suelto de cuerpo, declaraba que nunca ha tenido actitudes de este tipo. Fue cuando decía tener una "tremenda pena" al ser el primer denunciado. Play:

"Yo jamás, jamás he tenido algún tipo de denuncia durante toda mi vida política. Es primera vez que tengo…" decía, cuando los reporteros lo atajaron:

"La diputada (Catalina) Pérez lo cuestionó por haberla tratado de "Mijita" en una comisión hace un tiempo. Una conducta que usted tuvo que salir a dar explicaciones". Eso fue en octubre de 2018, cuando en medio de la discusión por la Ley de Migraciones en la Comisión de Gobierno, Velásquez la trató así delante de todos. Pérez se molestó y denunció la escena por Twitter. Velásquez se disculpó pero dijo que ella "no tuvo la inteligencia de decirme las cosas de frente".

Continuará.