El 8 de junio de 2020, Omar Málaga León, de nombre social Xiomara, que se encontraba cumpliendo prisión preventiva en el centro de detención preventiva Santiago 1, le pidió permiso para ir a comprar cigarros al gendarme Daniel Estrada Garay, este se negó. La respuesta del recluso fue un insulto. Esto habría generado el enojo del funcionario. Estrada fue a buscar un envase de gas lacrimógeno el cual se lo dio un subalterno y se lo lanzó a los ojos de Xiomara a corta distancia. Por esta acción hoy el custodio enfrenta una acusación y arriesga 10 años de cárcel.

La víctima se hallaba en el módulo 87 del centro de detención, donde se encuentran personas que forman parte de grupos de diversidad sexual. El gendarme decidió sacarla de ahí y meterla a la celda de detención, conocida como “la jaula”. En aquel lugar se encontraban otros reclusos: Jaime Figueroa Castro, Juliano Figueroa Navarrete y Alexis Medina Canario, quienes habían tenido rencillas anteriormente con las personas que se encontraban en el módulo 87. Dentro de “la jaula” Xiomara fue brutalmente agredida por los reclusos, según acreditó la fiscalía.

“Me empezaron a pegar patadas, combos, me tiraron al suelo, y yo no me podía defender, donde no veía. En el suelo me pegaron patadas, me tiraron el pelo y como había un termo con agua caliente que les dio el mozo antes, me tiraron agua caliente en la espalda y me pegaron con el termo en el ojo derecho”, se lee en la declaración de Xiomara ante la fiscalía.

Además, la víctima asegura que mientras recibía la golpiza, los agresores le dijeron insultos homofóbicos. La fiscalía asegura que el gendarme tenía conocimiento de que si dejaba a Xiomara en aquel lugar sería agredida, aunque Estrada niega esta versión.

El relato de la víctima asegura que durante toda la agresión pidió al gendarme que la sacaran de ahí. Además, debido a que esta celda se encuentra cercana a la guardia, desde la parte querellante aseguran que tanto el imputado como otros gendarmes debieron escuchar la agresión sin intervenir inmediatamente. Además, asegura que Estrada no respetaba su nombre social y realizaba comentarios discriminatorios en contra de las personas del módulo 87.

El mismo gendarme sacó a Xiomara de la jaula luego de un par de minutos. Este llevó a la víctima hasta el recinto de salud del establecimiento penitenciario (ASA) donde se consignó que la persona agredida presentaba: “Trauma punzante con objeto contundente ojo derecho en región dorsal”, debiendo ser trasladada hasta el Hospital el Salvado donde se constataron lesiones. Ante esta agresión, la víctima sufrió problemas en su visión durante dos semanas, además de quemaduras en su espalda.

Toda esta situación generó una reacción violenta de parte de quienes se encontraban en el módulo 87, ya que en ningún momento se les informó qué había pasado con Xiomara. La discusión subió de tono y William Cañola Valenzuela, de nombre social Raquel, lanzó una bandeja al gendarme Estrada. Debido a esto, el funcionario de Gendarmería lanzó gas lacrimógeno a los ojos de Raquel.

La querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) consigna que Estrada llevó a Raquel al lugar donde anteriormente Xiomara había sido golpeada, incluso, los agresores seguían ahí, pero esta vez no agredieron a la reclusa. No obstante, según la denuncia, el gendarme sí agredió con golpes a la víctima.

Si bien el tribunal dictaminó la prohibición al gendarme de acercarse a las víctimas, como también los demás imputados, no ha habido un juicio oral en este caso. Incluso, esta investigación se había cerrado sin que la fiscalía haya presentado una acusación contra los imputados.

Ante esto, la parte querellante, el INDH, solicitó la reapertura de la causa y el fiscal Marcelo Leiva presentó la acusación en contra del gendarme Daniel Estrada Godoy por tortura y apremios ilegítimos, además de Jaime Figueroa Castro, Juliano Figueroa Navarrete y Alexis Medina Canario por lesiones menos graves.

El Ministerio Público solicitó la pena de siete años por el delito de torturas y 3 años por apremios ilegítimos para Estrada. Por otro lado, los imputados por lesiones arriesgan 540 días de presidio. Finalmente, el tribunal acogió este requerimiento y se fijo la audiencia de preparación de juicio oral y reapertura de la investigación para el 23 de febrero de este año.

Por su parte, la defensa de Estrada mantiene la inocencia del gendarme, asegurando que los hechos a pesar de que son del 2020, no se han podido acreditar por el Ministerio Público, apercibiendo el cierre de la causa.

“Esta defensa va a insistir en que se realice la audiencia de preparación de juicio oral ya que estima que no hay pruebas suficientes a fin de acreditar los hechos en materia de la investigación y menos la participación de Daniel Estrada en ellos, tal como lo configura el ministerio público y el INDH”, afirmó Ana María Villaseñor, abogada del imputado.