“Por vulnerar el derecho a la integridad física y psíquica”: Hospital Psiquiátrico de Valparaíso enfrenta nueva arremetida judicial

El 11 de mayo de 2022, la exministra de Salud, Begoña Yarza, interpuso una denuncia por presuntas torturas a pacientes realizadas por funcionarios del Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso. Esto marcó el inicio de un conflicto entre la ya renunciada secretaria de Estado y los gremios, entre estos el Colegio Médico, el que decidió pasarla al Tribunal de Ética, instancia que después de varios meses decidió amonestarla.

Exactamente 41 días después de que Yarza ingresara la denuncia, el Consultorio Jurídico Pro Bono de la Corporación La Matriz ingresó un recurso de protección a favor de todos los pacientes de atención cerrada y abierta del centro psiquiátrico. ¿La razón? “Amenazar el derecho a la vida, vulnerar el derecho constitucional a la integridad física y psíquica, y colocar en riesgo tales derechos fundamentales establecidos en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República”.

En ese contexto, la acción es en contra del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, el hospital psiquiátrico y la multigremial del mismo centro.

“Nos llegaron antecedentes e información confidencial, que fue posterior a la denuncia que hizo la ministra. Con esa información no nos podíamos quedar impávidos, y consideramos que el mecanismo idóneo para accionar en favor de los pacientes era la acción constitucional de protección”, indica el abogado patrocinante Esteban Elórtegui.

Entre los antecedentes que la organización presentó está el “Informe de Visita de la Comisión Regional de Protección de Derechos de Personas con Enfermedades Mentales”, realizado el 10 de marzo del año pasado. Este expone que las salas donde se realiza la terapia electroconvulsiva (TEC) no tienen iluminación natural ni calefacción, lo que provoca, que, aun siendo verano, la sensación térmica sea de frío. Además, el informe advierte que los pacientes no cuentan con acceso al patio, estando sus cuidados centrados en la toma de medicamentos, “careciendo de espacios para rehabilitación, el ocio y la entretención”.

Después de la denuncia entregada por la exjefa de la cartera sanitaria, expertos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura visitaron el 14 y 15 de junio el Hospital Psiquiátrico del Salvador, con el objetivo de inspeccionar y levantar informe sobre las condiciones en que se hallan los pacientes.

Y aunque no se constataron indicios de tortura en el recinto porteño, sí se visualizaron vulneraciones a los derechos humanos e indicios de malos tratos.

“Al mantener un régimen de aislamiento prolongado, producto de la pandemia, y que ha impedido que los pacientes reciban a sus familiares y amigos desde prácticamente su inicio, “salvo por dos o tres meses, a fines del año pasado (2021), donde intentaron reactivar estas visitas, pero debieron suspenderlas por falta de personal”, señaló en aquella oportunidad el comité.

También se advirtieron falencias “importantes” en la infraestructura del recinto: techos que se filtran, griferías antiguas, falta de calefacción, una sobrecarga en los equipos de trabajo y una gran cantidad de licencias médicas; escasas medidas de autocuidado para funcionarios y una baja implementación de actividades y programas de rehabilitación en las unidades de corta estadía, entre otros.

El Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio entregó el 14 de julio un informe con diversos antecedentes solicitados por el Poder Judicial. En el texto se establece que “el recurso de protección entablado por las recurrentes no contiene una descripción clara de las garantías que resultan vulneradas, ni tampoco menciona de manera clara cuáles son los derechos vulnerados, concretamente”.

Entre la información que entrega incluye los resultados de la encuesta “Percepción usuaria”, realizada entre marzo y noviembre de 2020. El estudio aplicado a 92 familiares y/o usuarios indica que el 98,79% de los encuestados calificaron como muy bueno o bueno el servicio brindado por el establecimiento, mientras que el 1,13% de los consultados lo considera regular y solo el 0,08% tiene una percepción mala del servicio entregado por el hospital.

“Esto nos refleja un diagnóstico bastante favorable con una proyección efectiva de seguir empleando estrategias que bajen por completo las pequeñas discrepancias observadas”, establece el informe-respuesta del servicio.

Además, el texto desestima varias de las acusaciones realizadas por la corporación jurídica. Por ejemplo, respecto al “régimen de aislamiento prolongado producto de la pandemia y la suspensión de visitas”, el servicio asegura que se adaptaron a la nueva realidad, “priorizando la protección de nuestros funcionarios y pacientes internados, en especial durante el año 2020, tiempo en que no había vacunas disponibles”.

El documento concluye que “no es efectivo que los funcionarios del Hospital o del Servicio de Salud estén realizando actuaciones arbitrarias o ilegales que vulneren los derechos fundamentales de los pacientes”. Y terminan solicitando que el recurso interpuesto sea rechazado íntegramente, con costas.

Luego, el 27 de julio, el turno lo tomó el Colegio Médico de Valparaíso. A través de un escrito, responden a la acusación que dice que durante la primera semana de junio el gremio tomó la decisión de paralizar el funcionamiento del recinto hospitalario, lo que implicó que se “cancelaran atenciones, tratamientos, terapias e ingresos”.

De acuerdo al documento entregado por el Colmed de la región, “los gremios de funcionarios de la salud, individual o conjuntamente, en sus múltiples comunicados y oficios jamás indicaron estar paralizados, ni instruyó a persona alguna a paralizar o detener sus funciones ni, de hecho, lo hizo. Por el contrario, los gremios pudieron encontrarse en estado de reflexión o de alerta, intentando que se oyeran sus demandas históricas, referidas principalmente a la misma carencia de recursos y deficiencia estructural del hospital, que es el fundamento de gran parte de los reproches realizados por el recurso”.

A meses de las gestiones legales iniciadas en contra del hospital, el presidente regional del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre, sostiene que “cuando el recurso se presentó la atención de pacientes se había retomado, y además en ningún momento se dejaron de atender pacientes de urgencia u otras patologías agudas de salud mental”. El gremio, al igual que el Servicio de Salud de Valparaíso-San Antonio, solicitó rechazar el recurso de protección.

Eso sí, De la Torre agrega que “desde mi perspectiva, (el recurso) ha ayudado a establecer que ha sido el Estado, a través del Ministerio de Salud y del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, el que ha descuidado profundamente la infraestructura, el recurso humano y el financiamiento del único hospital de salud mental de la región”.

La audiencia para revisar la acción legal, después de varios cambios de fechas, quedó agendada para este jueves 19 de enero.