Proyecto de ley migratoria de Macron genera polémica y rechazo entre partidos de Francia

Frente a la conflictividad social que vive Francia actualmente por la polémica reforma de pensiones, el gobierno del Presidente Emmanuel Macron presentó un proyecto de ley migratoria que, entre otras cosas, agilizaría el proceso de expulsión de inmigrantes condenados, o que “supongan un peligro para la nación”, junto a medidas para facilitar la integración de extranjeros “sin papeles” que trabajen en sectores con “baja mano de obra”.

La iniciativa, presentada el miércoles, generó controversia por parte de organizaciones humanitarias, quienes apuntaron a una postura de “mano dura” contra los extranjeros por parte del gobierno. Por otro lado, sectores de derecha e izquierda mostraron su rechazo al proyecto, lo que complica el escenario para la nueva ley, la cual debe alcanzar mayoría absoluta dentro de la Asamblea Nacional para ser aprobada.

Esta propuesta se presenta en un momento complicado para el Palacio del Elíseo, el cual se ha sido testigo de múltiples protestas desde enero de este año, debido a la polémica causada por la nueva reforma de pensiones. El caso más reciente ocurrió el día martes, donde 1,27 millones de personas salieron a protestar por el plan de gobierno que aumentaría la edad de jubilación de 62 a 64 años.

El borrador de la ley, llamado “Proyecto de ley para controlar la inmigración y mejorar la integración” y presentado por el ministro del Interior, Gérald Darmanin, pretende buscar un equilibrio entre la “mano dura” y la “apertura” frente a la inmigración, según el gobierno francés. “Ser bueno con los buenos y malo con los malos”, declaró Darmanin respecto a la intención del proyecto.

La ley busca agilizar los procesos de expulsión de inmigrantes, disminuyendo los recursos judiciales relacionados con las deportaciones y permitiendo el trato de estos expedientes en tribunales en todo el país, reduciendo además las instancias de apelación de 12 a 4. Junto a esto, el proyecto facilitaría la expulsión de extranjeros con residencia legal que hayan sido condenados a penas de al menos 10 años, incluso aunque hayan habitado el país durante años o tengan familia en el país, así como de los inmigrantes irregulares o “sin papeles” que, en opinión de las autoridades francesas, representen una “amenaza grave para el orden público”.

Por otro lado, la ley exigiría a personas fuera de las fronteras comunitarias el dominio mínimo del francés como requisito para ser considerado “residente legal” en Francia, lo cual aumentaría la exigencia que existe actualmente, que se limita a la asistencia a cursos de lenguaje.

En otro ámbito, el proyecto plantea la creación de permisos de residencia especiales, los cuales se concederán a inmigrantes irregulares que lleven menos de tres años en el país, y que se dediquen a trabajos con baja mano de obra, como herreros, ayudantes de casa, mecánicos, electricistas, entre otros, con la condición de haber ejercido este trabajo durante al menos ocho meses en los dos últimos años.

Además, la iniciativa contempla la creación de una vía especial de inmigración para extranjeros que trabajen en profesiones relacionadas a la salud, como médicos, dentistas o farmacéuticos, en conjunto a la reducción de requisitos para los “pasaportes de talentos”.

Esta sección estaría motivada por los denominados “desiertos médicos” en Francia, sectores del país que poseen escasos recintos médicos y muy poco personal sanitario, sumado a la falta de profesionales de la salud en el territorio.

La propuesta de ley del Ejecutivo ha generado polémica, tanto en la población como dentro del espectro político, donde tanto izquierda como derecha mostraron su descontento frente al proyecto.

En el sector conservador, la diputada de ultraderecha y líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, expresó su molestia frente a la propuesta de ley, la cual, según ella, consiste en “una campaña de regularización de clandestinos que tendrá un efecto llamada para una nueva inmigración clandestina que esperará mañana otra regularización”.

Desde Los Republicanos dijeron el miércoles que el proyecto de ley de inmigración “no cambiará las reglas del juego” y rechazaron el llamado al diálogo del gobierno. “Tenemos las cifras para 2022, nuevamente un récord roto”, afirmó Bruno Retailleau, jefe de los senadores del partido centroderechista, mientras Francia registró el año pasado 137.000 primeras solicitudes de asilo, una señal, según él, de que “estamos en medio de un desorden migratorio”. El proyecto de ley “no cambiará la situación”, porque “no permite recuperar el control, el dominio de la inmigración”, agregó el senador.

En tanto, parlamentarios de izquierda defendieron la acogida “incondicional” de los exiliados en la futura ley de inmigración, un texto que consideran estigmatizante. “Nos parecía importante (...) proponer una política de acogida basada en los principios de solidaridad y fraternidad”, explicó Guillaume Gontard, presidente del grupo ecologista que organizó en el Senado un simposio sobre los temas de “la acogida y el apoyo a los exiliados”. Sea cual sea el motivo de su llegada, “debemos acogerlos con dignidad, sin condiciones”, insistió.

“No podemos pedirle a la gente que encaje, que aprenda francés (...) y al mismo tiempo darles la bienvenida como les damos la bienvenida”, agregó el senador Guy Benarroche, quien será el líder del grupo sobre el proyecto de ley. La situación del acceso de los exiliados a los derechos es “grotesca” en “todos los niveles de la cadena”, juzgó el senador de Bouches-du-Rhône. “Es nuestro deber tratar de cambiar la ley porque, como mínimo, no debe ser un obstáculo para la recepción”, agregó.

Por el lado del gobierno, el ministro del Interior defendió la idea del proyecto durante su presentación en el Consejo de Ministros: “Vivimos una situación migratoria que puede parecer preocupante. No se trata de estar a favor o en contra de la inmigración, sino de poder controlar y definir qué tipo de inmigración deseamos”, afirmó Gérald Darmanin durante la conferencia.

En Francia, la situación de la inmigración resulta fundamental para el gobierno. Dentro de la población total del país, 5,2 millones de personas son extranjeros, lo cual representa el 7,7% de la población total, donde la mitad de ellos proceden de África. Por otra parte, durante 2022, la expulsión de inmigrantes aumentó en un 15%, según estadísticas de la agencia EFE, sumandos a las 3.500 personas que incurrieron en crímenes y fueron deportadas del país en la última semana de enero de 2023, una cifra que duplica a la registrada en 2021, según el ministro Darmanin.