¿Qué afirma a Rozas? Los motivos que dan en La Moneda... y las prevenciones que hacen

Aunque el ánimo general en Palacio es no dejar caer al segundo general director que ha instalado esta administración, hay dos flancos que a hoy martes no están asegurados y cuyo análisis al menos -explican algunas voces- no habría que desechar en casos extremos. Uno, es si no logran conjurar el peligro de la acusación constitucional contra el ministro del Interior (que recién hoy sorteó los integrantes de la comisión revisora). Víctor Pérez ya ha dicho al menos dos veces que no cederá al “chantaje” que acusa ante el supuesto que entregar al jefe policial lo salvaría a él, y en Palacio hay voces que advierten que ceder en ese punto sentaría un riesgoso precedente para la próxima vez, además de quemar un fusible. Así y todo, hay visiones que subrayan que no hay que descartar nada y aquilatar ese escenario, si se da, llegado el momento.

El otro riesgo que allá asocian a “presión política” es si Carabineros se ve implicado en otro episodio tan o más grave que el del pasado viernes en el Puente Pío Nono de acá al aniversario del 18/O, en cinco días más. Eso achicaría el margen de maniobra dramáticamente y en algunos escritorios de La Moneda reconocen que “no se puede asegurar que algo así no pueda volver a ocurrir”. Explican que la versión del Ejecutivo de lo acaecido ese día fue que no usaron escopetas antidisturbios con perdigones ni munición disuasiva, porque su uso se ha limitado y porque las disposiciones son priorizar el “cuerpo a cuerpo” en el contacto con manifestantes. Pero disparar no está prohibido -repiten que los policías pueden hacerlo en defensa propia-, y aun sin hacerlo el peligro está latente.

Dicho eso, en Palacio insisten en que -salvo una presión política- remover a Rozas no se condice con la visión de que no se le puede responsabilizar por lo ocurrido la semana pasada. Y que hacerlo traería costos dentro de las filas verdes. Pero sobre eso hay matices.

El argumento casi inmediato que esgrimen en el gobierno es que, habiendo removido ya a dos generales directores (Bruno Villalobos, 2018, y Hermes Soto, 2019), sacar a un tercero sería demasiado. “Han salido 48 generales, sacar a otro general no resuelve los problemas”, dijo el ministro Pérez el domingo en El Mercurio, y la rotativa hasta ahora dice que cuando salió Soto colgaron el uniforme otros 10 generales y antes, entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018, pasaron a retiro 30 generales. Eran los efectos del fraude, Huracán y Catrillanca. Antes, en 2016, salieron 11 generales. Esa era la situación a diciembre pasado, la última vez cuando se movió una pieza en el generalato.

Otra cosa es si eso hace impracticable o no volver a descabezar Carabineros. Quienes defienden el primer punto dicen que las filas sentirían que con eso “les quitarían el piso”, y que han recogido comentarios en ese sentido. También, que algunos sectores de la institución sienten que han quedado un tanto atados de manos tras medidas como limitar el uso de escopetas antidisturbios. Otras voces dicen que el resquemor está más alojado en el personal en retiro. Pero también hay quienes creen que, si sacan a Rozas, puede haber alguna reticencia a salir a la calle.

Pero acá algunos hacen un punto: que en Carabineros lo tomarían más como un golpe a la imagen del cargo de general director, y no a la persona de Rozas específicamente. Valga recordar que tras las primeras horas que siguieron al viernes pasado, el gobierno no salió a defender con energía y con nombre y apellido a Rozas, sino que exigió -lo hizo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli- a la institución que aclarara bien los hechos tras las diversas versiones sobre lo ocurrido en el puente Pío Nono, respecto de lo cual la Fiscalía hoy investiga un eventual homicidio frustrado por parte del expulsado carabinero Sebastián Zamora.

Volviendo al impacto de descabezar o no a las filas, en Palacio algunos personeros advierten que eso no tendría por qué ser así. Una de las razones es que, precisamente tras tantas bajas en la plana mayor, el alto mando actual lleva en sus cargos el mismo tiempo que el general director, y que por lo tanto son “el mismo equipo". Si el gobierno tuviera que removerlo sin pasar a retiro más que a los dos o tres generales que lo siguen -por ejemplo- a su sucesor no le costaría tanto rearmar su equipo. Además, el nuevo alto mando sería beneficiado por el efecto tiraje a la chimenea.

Es lo que dicen casi todos los consultados: que es impensable nombrar a un nuevo número uno en Carabineros a cinco días del aniversario del 18/O y menos de dos semanas del plebiscito constitucional. De hecho, ya estaría decidido no anunciar o concretar los nombramientos del nuevo alto mando sino hasta la próxima semana, cuando ya haya pasado la fecha, y así evitar los riesgos que acarrea mover generales de una destinación a otra sobre la marcha.

Otra cosa es si las cabezas del gobierno creen que sería difícil encontrar un sucesor dispuesto a asumir el mando en estas condiciones. Para algunos en el Ejecutivo, el problema no es encontrar reemplazantes. Uno de los que se menciona casi espontáneamente es al general inspector Ricardo Yáñez Reveco, Director Nacional de Orden y Seguridad y tercero al mando.

Y otras voces hacen ver otro factor que tal vez explique la reticencia a remover a Rozas: el nexo que le adjudican con el Presidente Sebastián Piñera, a quien sirvió como su edecán durante su primer gobierno. Algunos lo describen como consideración del mandatario o cercanía; otros, que el Mandatario estuvo dispuesto a cursar varias bajas en su momento para instalarlo al mando.

Quienes desgranan razones para no dejarlo caer agregan a la lista que Rozas, pese a todo “no se está mirando el ombligo” y no está por oponerse a la reformulación o reforma a Carabineros (en el gobierno no gusta la palabra “refundación"). Dicen que está a favor y que “ha contribuido” a los cambios y proyectos en curso, partiendo -otra vez- por limitar el uso de escopetas en la calle.

No es lo que ven en la oposición, donde separan las cosas. En el Congreso se tramitan dos proyectos distintos: el de especialización policial, y otro, el que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en la Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Pero insisten en que todavía el Ejecutivo no ha enviado al Congreso una gruesa reforma, que fue lo que se conversó en enero pasado con el senador PPD Felipe Harboe (en tiempos de Gonzalo Blumel) y otros nombres de la oposición, que entregaron una propuesta que apuntaba a fusionarse con el trabajo de una comisión formada por el gobierno. En ese sector aseguran que eso no ha ocurrido por la resistencia que hay en Carabineros.