Qué hace y quiénes integran la comisión investigadora del Minvu que indaga los convenios con fundaciones que están en entredicho

A partir del caso de Democracia Viva, que impacta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el funcionamiento y fiscalización de las fundaciones está entre las principales tareas de las autoridades, como el ministro Carlos Montes y la Contraloría General de la República. De hecho, el Minvu conformó una comisión investigadora especial que está integrada por la jefa de Contraloría Interna, la jefa de la División Finanzas y, además, por un equipo multidisciplinario de abogados, contadores, ingenieros de distintas disciplinas, arquitectos y profesionales del equipo de asentamientos precarios. El objetivo: indagar los casos que han sido calificados como sospechosos.

El equipo está encabezado por la abogada Carmen Gloria Barrera Miranda, contralora interna de la repartición, y Vania Navarro Morales, jefa de la División de Finanzas.

En agosto de 2022, Barrera fue nombrada coordinadora del Sistema de Integridad de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo y del Comité del mismo nombre. Este último es un órgano de carácter propositivo y consultivo que representa a los funcionarios, incentivando la participación y el compromiso con la institución y robusteciendo confianzas en las relaciones laborales.

Pero dentro de sus tareas como contralora interna, Barrera debe asesorar a las autoridades y a las unidades del ministerio en el control preventivo interno de actos y procedimientos administrativos. También debe solicitar la información que requiera de las contralorías internas regionales y coordinar y sistematizar la información recogida de éstas.

Navarro, en tanto, es ingeniera comercial de la Universidad de Santiago de Chile, con MBA de la Universidad de Chile y tiene un diplomado de Administración de Proyectos en Pontificia Universidad Católica. Y también tiene una larga trayectoria ligada al Ministerio de Vivienda, pues entre 2009 y 2013 trabajó en el Minvu y llegó a ser jefa del Departamento de Planificación y Control de Gestión.

Luego de octubre de 2017 a mayo de 2022 trabajó en la Fundación Paz Ciudadana, donde fue gerenta de Administración y Finanzas. Luego regresa al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde actualmente lleva un año y tres meses como la jefa de la División Finanzas.

La repartición que encabeza Navarro debe revisar, coordinar y proponer el financiamiento de los programas nacionales y regionales del ministerio, sus servicios regionales y metropolitano y de las instituciones que se relacionen con el gobierno. También debe revisar, informar y remitir a la Contraloría General de la República los balances anuales del Ministerio.

El equipo liderado por Barrera y Navarro ha llevado la investigación en terreno, pues viajaron junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, a Antofagasta para ahondar en el caso de Democracia Viva. Además, el pasado 30 de junio la comisión interna de la repartición se trasladó hasta el Maule después de que la semana pasada el Ministerio Público iniciara una investigación de oficio para analizar la transferencia de más de $ 500 millones a la ONG Urbanismo Social, que fue encabezada por el actual seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández (RD).

“Un equipo del Ministerio de Vivienda, del más alto nivel, viajará este viernes a hacer una investigación preliminar y a reunir toda la información necesaria para ver si hay algo que tenga alguna implicancia”, dijo el titular de la cartera la semana pasada.

Durante esta mañana, el ministro Montes se refirió en la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado al trabajo de este equipo en la región maulina: “Nosotros mandamos una comisión al Maule y el equipo llega a la conclusión que las cosas estaban bastante ordenadas a nivel del aparato de gobierno, pero aparecen antecedentes discutibles e inconsistencias entre las fechas de inhabilitación y de aprobación de los convenios y nuestros abogados nos apuntaron que era necesario una investigación sumaria, y en eso estamos”.

Ahora, el equipo indagará a la ONG Comprometidos, de Atacama, que recibió recursos por $ 128 millones para entregar agua en los campamentos de Copiapó.