Qué pensaba, decía y demandaba Víctor Pérez sobre la crisis de La Araucanía antes de ser ministro del Interior

Al asumir en el cargo en el que lleva menos de una semana, dijo que no cree que la crisis en la Novena Región y sectores aledaños -que conoce bien porque fue senador por la Octava- se resuelva solo con la fuerza policial, sino que en paralelo con el diálogo: hoy se reunió por eso mismo con el director del INDH, Sergio Micco, y mañana asistirá a la comisión de Seguridad Público del Senado al mediodía. También que es urgente mejorar el aparato de inteligencia. Y en el historial de dichos y exigencias que dejó el ministro Víctor Pérez tras su paso por el Congreso, hay términos como “terrorismo”, “desarticular”, “poner mano dura contra estos sujetos” y constantes críticas al rol de los fiscales y al del gobierno anterior ante esta crisis.

También expresó dos cosas ayer, en las entrevistas emitidas por Estado Nacional de TVN y en Icare TV junto a Cristián Warnken. En la primera dijo que cree que “hay indicios” de narcotráfico en los hechos de violencia en la zona, a partir de “las conversaciones que uno tiene con las fiscalías, con los tribunales”, y que “voy a conversar con todos aquellos que a través del dialogo quieran contribuir”, pero que “quienes usan medios violentos, esa sola actitud los excluye, los autoexcluyen. Si alguien toma una municipalidad, no puedo hablar con ellos”.

En la segunda, aunque no ante una pregunta específica sobre La Araucanía, aludió a un polémico pasaje del gobierno de Patricio Aylwin en lo que toca a la inteligencia policial, elemento que considera central en este conflicto: “Te quiero decir más: la desarticulación de los grupos extremos en los primeros años de los gobiernos de la Concertación fue hecha a través de un esquema distinto a la institucionalidad, como era la famosa Oficina. Creo que jugó un rol importante, porque no había inteligencia. Y por lo tanto hubo que crear algo, que si uno se pone purista, al margen de la institucionalidad y que hicieron cosas que, para decirlo, estuvieron en el borde, en el límite. Pero fue un rol. Y ahí partimos en que no asumimos el rol de la inteligencia, y por lo tanto muchos prejuicios. Me tocó participar en el debate de lo que era la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI): ¿Qué salió de ahí? Prácticamente, analistas de fuentes abiertas, nada más”.

Este año, en sus últimos meses como senador, Pérez tuvo dos intervenciones claras sobre el tema. Uno, fue un cuestionamiento velado hacia este gobierno luego de que la fiscalía del Biobío confirmara la utilización de un auto bomba en contra de Carabineros en el puente Lleu Lleu, en la provincia de Arauco, como recoge el sitio web que difundía sus declaraciones cuando era senador. “Estamos frente a una violencia extrema que fruto de la preocupación del Covid-19 estamos descuidando en perseguir”, dijo el pasado 14 de abril, remarcando que “tanto el Gobierno, como la fiscalía, carabineros y los servicios de inteligencia deben generar una labor más acuciosa, que nos permita poder detener a este grupo terrorista”.

La segunda fue una de sus últimas actuaciones como senador, cuando el 7 de julio se convirtió en uno de los pocos en su partido que votó a favor de aprobar en general la reforma constitucional para reservar escaños a los pueblos originarios en la integración del órgano constituyente, aún cuando ha defendido su postura de Rechazo a una nueva Constitución. Los otros dos fueron Iván Moreira y José Miguel Durana (ambos votaron después a favor del 10%). En contra, la presidenta UDI Jacqueline van Rysselberghe y Juan Antonio Coloma; se abstuvieron Luz Ebensperger y Alejandro García-Huidobro.

“En el evento que se apruebe, en el plebiscito de abril, la opción de una nueva Constitución, se debe hacer un esfuerzo de participación, particularmente de los pueblos originarios”, dijo en una intervención que recogió el informe de la comisión de Constitución del Senado que luego pasó a la sala, comisión de la cual Pérez era integrante.

Para el exministro lo que pasa en la zona se vincula fuertemente con el terrorismo. En agosto del año pasado reaccionó tras un ataque en el cerro Cayumanqui, en Quillón en que “estamos frente a un escenario donde hubo un estudio y una planificación para atentar contra los equipos de comunicaciones de las empresas telefónicas”, y denunció que “hubo un ataque con características terroristas y aún la ciudadanía no tiene información, lo que genera incertidumbre”.

De ahí hacia atrás sus críticas se centraron en la administración anterior, especialmente el 2017 a raíz de varios episodios en la provincia de Arauco. “Hay que entender de una vez por todas que los hechos de violencia en la provincia de Arauco son terroristas y el Estado se tiene que defender” y “no hay que temer actuar con todas las herramientas legales e institucionales disponibles, y que este gobierno no está utilizando de forma adecuada” dijo en septiembre de ese año.

Sus cuestionamientos a las fiscalías fueron persistentes. Ese mismo año exigió que el fiscal nacional, Jorge Abbott, “rindiera cuentas del cumplimiento de sus obligaciones” en la crisis y que detallara en qué se traducían las investigaciones, y en los últimos años tenía una exigencia fija: que no bastaba con acciones judiciales. “El Ministerio Público no ha sido capaz de desarticular a los grupos que están actuando en la zona” (noviembre 2016)” y “el gobierno debe de una vez por todas plantear soluciones concretas, las querellas no tienen ningún sentido si no hay resultados en las investigaciones y en la prevención de atentados” (abril 2016).

También pidió un “equipo persecutor especial que se dedique sólo a indagar los graves hechos de los últimas semanas y a desarticular a los terroristas que están actuando en la zona”, porque “el Ministerio Público tiene que asumir el fracaso de sus investigaciones en la provincia de Arauco donde la violencia está desatada y sin control, debido a grupos terroristas que actúan de manera impune” (abril 2016).

Sí les dio un punto (septiembre 2017), cuando el Ministerio Público de la Araucanía investigó a la Coordinadora Arauco Malleco. “Esto es terrorismo y así lo está asumiendo la Fiscalía, lo que es sin duda un elemento positivo, ya que estamos terminando con los eufemismos y abordando el problema por lo que es”, dijo. Y luego agregó que “esta es la forma de perseguir a los grupos terroristas, y en ese marco sería importante el aporte que podrían hacer las Fuerzas Armadas a través de sus unidades de inteligencia, bajo una investigación liderada por el Ministerio Público”.

El caso Luchsinger-Mackay (2013) también lo llevó a enfrentarse al gobierno anterior. En enero de 2017, junto a las senadoras Van Rysselberghe y von Baer, y Alberto Espina y José García, criticaron a La Moneda en una cita junto al entonces ministro del Interior, Mario Fernández. Le dijeron que les preocupaba el rol del Ejecutivo como querellante en el caso: estaban muy molestos y protestaron porque el en esa época intendente Miguel Hernández había visitado a la machi Francisca Linconao, quien estaba en huelga de hambre, una de las imputadas en el caso y porque -dijo JVR entonces- no apelaron cuando se revocaron medidas cautelares sobre ella.

Para el senador, la segunda administración de Michelle Bachelet tuvo responsabilidad en los casos de violencia y eso lo motivó varias veces a pedir medidas más duras. Muestras hay varias, como cuando dijo “este gobierno no cumple con su responsabilidad de resguardar el Estado de Derecho y ha actuado casi como un simple espectador ante los reiterados hechos de violencia” y que “basta de sostener que no hay terrorismo, lo que ocurrió en el Alto Biobío es un acto terrorista que el gobierno tiene que enfrentar como lo que es y poner mano dura contra estos sujetos” (julio 2017).

O también: “Es urgente un cambio de rumbo, un gobierno que enfrente a estos grupos sin temor, utilizando todas las herramientas legales para la defensa del Estado de Derecho, lo que en estos años se ha perdido” y “hay que respaldar a las policías y entregarle las herramientas que están en nuestra legislación, para que puedan actuar con todo el rigor que estos casos exige” (marzo 2017).

Ese mismo mes sostuvo que “no hay que tener miedo a usar la figura del Estado de Excepción, ya que en esas condiciones es posible que las policías actúen con mayores atribuciones para investigar a estos grupos” y que “las autoridades llevan tres años colocando querellas e incluso invocando la ley antiterrorista y no hay resultados concretos, al contrario la violencia ha ido en aumento, por lo tanto, se requieren otras herramientas que están en nuestra legislación”.