Quién es Luis Fernando Camacho, el arrestado gobernador de Santa Cruz que exacerba las tensiones entre el gobierno y la oposición en Bolivia

Considerado como uno de los símbolos de la oposición boliviana al actual mandatario, Luis Arce, Luis Fernando Camacho se ha hecho un espacio tal en la política del país vecino, que no solo es apuntado como líder del sector que sacó a Evo Morales del poder, sino también como uno de los mayores instigadores de la rivalidad entre La Paz y la rica región de Santa Cruz.

A menudo visto entre las protestas contra el gobierno con una Biblia en la mano y un Rosario colgando del cuello, este abogado ha sido descrito por medios internacionales como conservador, histriónico y ultraderechista.

Su participación activa en las manifestaciones de 2019 que exigían la salida de Morales del poder y en las que 37 personas murieron en las calles, lo llevaron a la primera plana de la política boliviana, siendo el primero en convocar a marchas en Santa Cruz tras las elecciones de octubre de dicho año. Las protestas iniciadas en dicha región, donde denunciaban un fraude en las urnas, rápidamente se extendieron por el resto del país y, no mucho después, forzaron la repetición de las votaciones luego de que Evo Morales perdiera el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Ahora el escenario es otro. Bajo cargos de “terrorismo” y por su “presunta participación en un golpe de Estado”, Camacho se encuentra detenido en el marco de una investigación en contra de la expresidenta Jeanine Áñez y él por una supuesta conspiración para derrocar a Evo Morales. El gobernador, que fue tercero en la elección presidencial de 2020, se convirtió así en el segundo político de alto perfil detenido en el contexto de la salida de Morales del poder.

La Fiscalía boliviana pidió seis meses de prisión preventiva para el líder opositor Luis Fernando Camacho en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, por el riesgo de que abandone el país antes de un posible juicio en su contra, tras ser detenido en la víspera, dijo el jueves la dependencia.

Asimismo, se alega que Camacho tiene al menos otros cinco procesos abiertos por diferentes delitos y también destaca los “hechos vandálicos” desatados desde su aprehensión -que incluyeron la quema de seis oficinas públicas y una treintena de vehículos-, lo que también constituye en “concurrencia de riesgo procesal”, consignó el diario cruceño El Deber.

La acusación de terrorismo y golpe de Estado contra Camacho es “inventada, espúrea e inexistente”, dijo el jueves a Reuters el expresidente del país andino Carlos Mesa. En tanto, el poderoso Comité Cívico de Santa Cruz -que lidera las protestas regionales del ala dura de la derecha boliviana-, anunció una reunión para definir “una respuesta contundente” al gobierno, al que acusa de impulsar una “persecución política”, señaló su presidente Rómulo Calvo.

“Se declara paro cívico departamental de 24 horas a partir de las cero horas del día viernes 30 de diciembre de 2022 exigiendo la inmediata liberación del gobernador del departamento”, dijo una resolución el Comité Pro Santa Cruz, aglutinador de las principales organizaciones civiles de esa región del oriente boliviano, tras una asamblea. Además, se anunció un bloqueo de carreteras.

De profesión abogado y con un máster en derecho tributario de la Universidad de Barcelona, este exdirigente de la sociedad civil de 43 años impulsó su nombre desde la presidencia del Comité Pro-Santa Cruz, conglomerado de entidades empresariales, laborales y vecinales de derecha en la región del este de Bolivia.

Años antes, durante su adolescencia, forjó su carrera política liderando el comité cívico juvenil de Santa Cruz, una organización de derecha radical, así como en las “fraternidades”, definidas por el medio Infobae como “comparsas carnavaleras consideradas elitistas”.

Su familia es originaria de Cochabamba, en el centro del país, y Camacho es parte de una empresa familiar dedicada al rubro inmobiliario y otra enfocada en la industria avícola, detalló el mismo portal.

Desde su bastión en Santa Cruz, se insertó de lleno en la política nacional durante 2019, momento en que Evo Morales buscaba su reelección en los comicios del 20 de octubre de ese año. Allí, Camacho jugaría un rol clave.

Alzando en una mano la Biblia y en la otra una carta de renuncia para Evo Morales, el político se declaraba como uno de los artífices de la caída del mandatario. Una vez iniciadas y expandidas las protestas en contra del líder izquierdista, Camacho voló hacia La Paz la noche del 4 de noviembre de 2019, cuando las manifestaciones crecían en intensidad y violencia. Su objetivo era lograr que Morales firmara la carta de renuncia que el propio abogado había escrito, pero a la mañana siguiente debió retornar a su ciudad debido a la iracunda respuesta de los seguidores del mandatario.

Una vez logrado el cometido de la oposición, y concretado el ascenso de Jeanine Áñez en la Presidencia de Bolivia, Luis Fernando Camacho no participó del gobierno, pese a su afinidad. Prontamente, sin embargo, la alianza se quebraría.

Además de la acusación de “terrorismo” en el marco de su supuesta participación en un “golpe de Estado”, el político de Santa Cruz enfrenta numerosas demandas judiciales en La Paz, algunas con años de dilación. La traba estaba en que la Fiscalía nunca pudo lograr su traslado hacia esta ciudad, ya que Camacho siempre exigió ser juzgado en su lugar de residencia, el mismo en el que los fiscales locales nunca admitieron las principales causas que se le imputaban, detalló el diario El País. Pero la situación cambió este miércoles.

“Ministro, usted que encabeza esto, que está buscando incriminarme con casos de violencia, no sea cobarde: si quiere, deténgame, deténgame, venga, deténgame”, dijo en un video publicado días atrás el abogado cruceño. Y así lo hicieron.

La escena fue casi cinematográfica. Cuando eran alrededor de las 13.00 en Bolivia y Luis Fernando Camacho viajaba de regreso a su hogar, un contingente policial se cruzó frente al vehículo en el que se transportaba, cortándole el paso. Acto seguido, las fuerzas de orden quebraron el vidrio del automóvil y rociaron con gases lacrimógenos a la escolta de seguridad del gobernador. Un helicóptero lo esperaba en el aeropuerto de la ciudad, el que lo llevó, finalmente, hasta La Paz, según informó la prensa local.

El equipo de Camacho publicó un comunicado asegurando que el gobernador había sido “brutalmente secuestrado” por la policía, y replicaron que el político estaba orgulloso de ser parte de la lucha por la “libertad y la democracia”. Sus seguidores, por otra parte, salieron a las calles a protestar por la detención durante la tarde del miércoles, lo que culminó con la quema del inmueble de la Fiscalía local.

La respuesta de la Fiscalía llegó por medio de un comunicado, donde aseguraron que “la decisión no se trata de un secuestro o persecución política… El ciudadano Luis Fernando Camacho tiene pleno conocimiento de dicho proceso… Conforme dispone el ordenamiento jurídico boliviano”.

En la otra cara de la moneda, Evo Morales celebró la detención del político cruceño a través de Twitter. “Finalmente, después de tres años, Luis Fernando Camacho responderá por el golpe de Estado que derivó en robos, persecuciones, detenciones y masacres del gobierno de facto. Confiamos en que esta decisión se sostendrá con la firmeza que demanda el clamor de justicia del pueblo”, escribió.

Para comprender a cabalidad la pugna entre La Paz y Santa Cruz, la que se ha visto exacerbada por los anhelos políticos y económicos de Luis Fernando Camacho, es importante entender el valor de la ciudad del este boliviano en la billetera nacional, y por consiguiente, en su peso electoral.

“Vamos a impulsar la vía federal. Queremos un federalismo para unificar Bolivia (...). Un federalismo para que (el partido oficialista) MAS respete la forma de ser de cada provincia”, fueron las palabras del abogado tiempo atrás, consignó Reuters. Y no es una petición azarosa.

Durante los últimos años, Santa Cruz se ha convertido en una de las regiones más prósperas y pobladas de Bolivia, lo que la ha enfrentado a La Paz por mucho tiempo. Las exportaciones de soja y carne de vacuno la han hecho sobrepasar en los rankings de exportaciones a la propia La Paz y a Potosí, otrora símbolos de la producción de metales y la estabilidad fiscal de la nación. En consecuencia, Camacho ha impulsado la autonomía de su bastión.

Camacho también lideró un paro de 37 días en Santa Cruz entre octubre y noviembre en contra del gobierno de Arce -heredero político de Morales- para exigir que un censo de población se realice en 2023. Según Reuters, el desarrollo de este probablemente le entregará a la rica región agrícola una mayor cantidad de ingresos fiscales, así como más escaños en el Congreso, de acuerdo a la institucionalidad política de Bolivia.

Apuntando a un federalismo, Camacho aseguró en un video publicado este martes en redes sociales que su estrategia apuntaba a evitar “abusos de poder por parte del gobierno central”, a lo que la administración de Luis Arce ha replicado asegurando que el político cuenta con el apoyo de las élites y los grupos económicos, quienes buscan hacerse con el control político y financiero de Santa Cruz.