En respuesta a mi columna “Realmente libres”, el senador Felipe Kast presenta una férrea defensa de las tesis de Milton Friedman, aplicada por los Chicago Boys durante la dictadura.
“Resulta curiosa la crítica del periodista a reformas que permitieron reducir la pobreza a un cuarto de lo que era en 1990 (…) y a más que cuadriplicar el ingreso per cápita en los últimos treinta años, siendo uno de los países más exitosos de la región”, dice Kast.
Los datos que entrega son ciertos, pero demuestran exactamente lo contrario de lo que el senador pretende evidenciar.
A partir de 1975, los “Chicago Boys” impusieron, a sangre y fuego, la mayor revolución económica y social de la historia de Chile. Una refundación por la fuerza. Los efectos sociales fueron catastróficos. Pinochet entregó a Chile con 68% de pobreza, medida según el estándar actual.
Fue recién al terminar la dictadura, cuando el modelo neoliberal se matizó, aumentando impuestos para expandir el gasto social, que se produjo la fuerte caída en la pobreza que Kast atribuye a los Chicago Boys.
Lo mismo con el aumento en el ingreso per cápita que, como Kast bien dice, se produjo “en los últimos 30 años”, o sea, una vez terminado el régimen de Pinochet.
El “milagro de Chile”, como el propio Friedman lo publicitó durante la dictadura, era simple propaganda. Datos: el gasto público en educación cayó del 3,8% del PIB en 1974 al 2,5% en 1990. La inversión en salud se derrumbó a apenas 2%. El Índice Gini llegó a 0,57, uno de los más altos en el mundo, similar a Guatemala y a la República Centroafricana.
Más cifras: durante la dictadura, el desempleo promedió un 18,0%, el más alto de cualquier gobierno en los 60 años que pasaron entre 1958 y 2018. La inflación anual promedió 79,9%, la segunda cifra más alta entre los diez gobiernos que se sucedieron en esas seis décadas. Y el crecimiento fue pobrísimo: 2,9% anual promedio, octavo entre esos 10 gobiernos.
Esa es la verdad del “milagro” de Friedman y sus discípulos, comparado con los gobiernos civiles que antecedieron y sucedieron a la dictadura: bajo crecimiento, inflación desatada, gran desempleo, desigualdad récord, y destrucción de la inversión pública en salud y educación.
Ese fue el Chile que entregaron los discípulos de Friedman.
Si hubo un “milagro chileno”, con positivas cifras en pobreza, inflación y crecimiento, y también con deudas en desigualdad e inclusión social, este se produjo después, durante el período en que el sector político que representa el senador Kast era oposición.
Para el senador, en la desigualdad en educación “la culpa no es de Friedman, sino básicamente del colegio de profesores y de políticos”, asevera. No acompaña ninguna cifra que respalde esa aseveración. Sí podemos encontrar evidencia interesante en el documento Education at a Glance (OCDE, 2019). Los profesores chilenos tienen el récord de la OCDE en atender a más alumnos por aula (31 en educación primaria), y en más horas trabajadas (1.962 horas anuales), mientras reciben sueldos más bajos que sus colegas de otros países. La matrícula en educación pública es la mitad del promedio de la OCDE, y el gasto promedio por alumno es el cuarto más bajo entre los países medidos (superamos a Turquía, Rusia y México).
En cuanto a la desigualdad en salud, dice Kast, “el problema no es de Friedman, ni de las Isapres, sino de la mediocridad del sistema público por captura política de los partidos políticos”. Nuevamente, no hay evidencia. Lo que los datos sí demuestran es que las isapres captan el triple de cotización por persona comparadas con Fonasa, y descreman a su clientela, quedándose con la más rentable y dejando la más costosa al sistema público. Esto, además de abusos repetidos por largos años, como las alzas de planes, declaradas ilegales una y otra vez por los tribunales.
Por cierto, el Estado debe ser mucho más ágil, y el sistema público, tanto en educación como en salud, mejorar su eficiencia y evitar la captura política. Pero es curioso centrar el problema en grupos gremiales como el Colegio de Profesores, y omitir del análisis el poder económico detrás de industrias como la salud y las pensiones, que han financiado a políticos y usado su poder para bloquear reformas que afectan sus intereses.
“Es necesario identificar la variable que efectivamente ha impedido la construcción de una sociedad más justa, y en el caso de Chile no ha sido Friedman y menos aún la “libertad de elegir”, sino la mediocridad de la política, del Estado, y la demagogia del Congreso”, asevera Kast. De nuevo, no hay una sola palabra sobre la concentración del poder económico ni un modelo que regala rentas a grandes grupos en áreas como la minería o la pesca.
Una sociedad más justa parte por una correcta distribución de los impuestos. Y en nuestro país, esto está patas para arriba. Chile recauda por IVA, que golpea más a los más pobres, el 41,6% de sus tributos, contra apenas el 20% en la OCDE. Un estudio del exdirector del SII Michel Jorratt estima que Chile pierde 4,5 puntos del PIB (más que todo el presupuesto de educación) en evasión y elusión de rentas del capital. El resultado es que, según Fairfield y Jorratt, el 1% más rico paga una tasa efectiva de impuesto a la renta de apenas entre 15% y 16%. En vez de empujar reformas que nos acerquen a la OCDE en estos aspectos, Kast ha dicho que “necesitamos más súper ricos”.
En consecuencia, la concentración de la riqueza sigue siendo extrema. Según World Inequality Database, la tajada del 1% más rico ha crecido del 26,5% en 2000 al 27,8% en 2017. Eso nos pone, empatados con México, como los campeones de la desigualdad en el hemisferio occidental.
Con esta evidencia, ¿en serio le vamos a echar la culpa de la falta de justicia en Chile al Colegio de Profesores?
Para Kast, hablar de una sociedad con prestaciones sociales universales es la “tesis clásica de izquierda”. Tendremos que preguntarle al Partido Conservador británico si se considera de izquierda por mantener un sistema universal público de salud, el venerado NHS. O a Merkel y los democratacristianos alemanes, si son de izquierda por defender modelos de educación y pensiones de alcance universal.
En las democracias avanzadas, hay consenso transversal en garantizar ciertos espacios en que el bien común prima por sobre el “rascarse con sus propias uñas” del mercado. Y eso no es un debate de izquierda versus derecha. Es, simplemente, un asunto de justicia y cohesión social.
Algo que el senador Kast no parece considerar en su concepto de “libertad para elegir”, una libertad que en Chile depende del tamaño del bolsillo de cada cliente, no de los derechos de cada ciudadano.
