Reforma policial: Gobierno propone nuevo rol jerárquico en policías y pide tener “última palabra” ante “conductas impropias”

Carabineros, la PDI, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Dipreca, la Agencia Nacional de Ciberseguridad y nuevas seremi de Seguridad. Todo esto tendrá a su cargo el nuevo ministro de Seguridad Pública, cargo que se busca crear con un proyecto de ley que el Presidente Piñera enviará hoy a la Cámara. La iniciativa será despachada con urgencia para acelerar su tramitación y transformarse en una de las piedras angulares de la Reforma a Carabineros y las policías.

En enero de 2020, en pleno estallido social, la idea fue propuesta por el exministro Gonzalo Blumel. Esa vez, el Mandatario lo dejó en el congelador por la oportunidad del cambio. Y luego la idea fue propuesta por dos instancias: el Consejo Asesor para la Reforma de Carabineros y la comisión mixta de Seguridad integrada por representantes del Senado y la Cámara. Tras la integración de distintos borradores y propuestas, el Presidente Piñera decidió despachar la iniciativa.

En lo sustancial, el proyecto busca despejar el rol político del jefe de gabinete del gobierno, es decir, el ministro del Interior, de las decisiones destinadas a mantener la Seguridad Pública. Por lo mismo, explicaron desde el Ejecutivo, ”se debe separar la seguridad pública de la gestión política, incorporando un enfoque específico y técnico en seguridad, que no pugne con las urgencias políticas propias de un país unitario”.

Este ministerio, además, para el gobierno, sería el eje del Sistema de Seguridad Pública, para coordinar a órganos incluso de otros ministerios, para fomentar el intercambio de información necesario para conseguir los logros de seguridad pública.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó a La Tercera PM que “hay un cambio respecto del rol que le cabe, pero el principal cambio es la coordinación interinstitucional. Este ministerio tiene que abordar todas las fases de la seguridad, entonces, no es solo la labor de las policías, tiene que estar preocupado de todas las bases”.

En ese sentido, Galli revela que el proyecto contempla la creación de dos subsecretarías: Seguridad Pública y la mantención de la Subsecretaría de Prevención del Delito. En la primera, se busca mantener una “supervigilancia” en las actuaciones de los entidades destinadas a la seguridad, pero además, cumplir un nuevo rol jerárquico, hasta ahora inexistente: “El nuevo ministro tendrá injerencia en tomar la última palabra en cuanto a decidir qué hacer con quienes actúen de manera impropia. Por ejemplo, el general director impone la sanción, pero la última palabra la tendrá el ministro”.

Sin embargo, Galli advierte que “esto no es coadministración. La gracia es que hay una instancia política donde el ministro podrá intervenir, no siempre, de manera extraordinaria, pero es importante que es exista”. Estas circunstancias deberán ser debatidas en la tramitación del proyecto.

Además, se trabajará en una Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la que deberá emitir una declaración pública de los objetivos de seguridad multidimensional para el gobierno de turno. Tendrá una vigencia de 4 años y se presentará ante el Congreso.

En cuanto a las nuevas funciones de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el proyecto contempla que deberá fijar estándares de política pública para todo el territorio, debiendo coordinarse con todo aquel órgano del Estado que ejerza funciones en seguridad. Los seremi dependerán de esta repartición para efectos de “hacer la bajada territorial” de las políticas públicas de Seguridad.