En carta a La Tercera, el Fiscal Nacional me acusa de “faltar a la verdad” por afirmar que “en 2015, la derecha y la Nueva Mayoría consensuaron la elección de Jorge Abbott como fiscal nacional. Él disciplinó a los fiscales demasiado diligentes, cerrando los casos por la vía rápida”.
Me obliga, por lo tanto, a explicar por qué mantengo, sostengo y reitero cada una de esas 31 palabras.
Abbott fue propuesto para Fiscal Nacional por la presidenta Bachelet, en momentos en que la clase política se veía amenazada transversalmente por el avance de los casos Penta, SQM, Caval, Corpesca, Asipes y sus múltiples ramificaciones.
En los días previos a que su nombre fuera votado por el Senado, Abbott sostuvo al menos dos reuniones secretas: una en casa del senador PPD Guido Girardi y con el abogado defensor de varios políticos, Ciro Colombara. Y otra en la oficina del abogado querellante de Caval Mario Zumelzu, con el entonces senador y presidente de la UDI, Hernán Larraín.
Luego, en su exposición pública ante los senadores, Abbott se comprometió a no continuar las causas en que no hubiera querella del SII. “Si no hay querella, si no hay denuncia, no es posible y no es viable ninguna acción penal por parte del Ministerio Público. No es posible que avance ninguna investigación”, le aseguró a los parlamentarios.
Eso era de la mayor relevancia, porque el SII ya había sido descabezado por el gobierno Bachelet para impedir que se siguiera querellando, en una operación encabezada por el entonces ministro del Interior, e involucrado en SQM, Rodrigo Peñailillo.
Tras dar esas certezas, Abbott fue ratificado por el Senado con un impresionante consenso de 32 votos a favor y ninguno en contra: la izquierda y la derecha, unidas, jamás serán perseguidas.
Al asumir, Abbott de inmediato disciplinó al equipo que había logrado develar el caso de las platas políticas. Los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, que llevaban esa causa desde la Fiscalía Nacional, fueron sacados físicamente de ese lugar, y subordinados a la Fiscalía Santiago Oriente en el caso Penta. SQM pasó a la Fiscalía de Valparaíso.
En marzo de 2016, Abbott anunció que “queremos buscar una fórmula para acotar las investigaciones y darles un pronto término”, y advirtió a los fiscales que “debemos ser cuidadosos en el resguardo de las instituciones”.
El senador Iván Moreira fue desaforado por la Corte Suprema para enfrentar un juicio por el Caso Penta. Pero el 18 de diciembre de 2017, al día siguiente del triunfo de Sebastián Piñera en las elecciones presidenciales, Abbott se reunió con el entonces senador, y futuro ministro de Justicia de Piñera, Hernán Larraín, quien le pidió terminar la causa contra Moreira “lo más pronto posible” para no “afectar los quórum” del Senado. Esto, pese a que Abbott se había inhabilitado en este caso por ser familiar del entonces presidente de Penta, el actual ministro Alfredo Moreno.
28 días después de esa cita, el 15 de enero de 2018, la Fiscalía suspendió la causa contra Moreira, librándolo del juicio y permitiéndole volver al Senado, tal como había pedido Larraín. Esto, pese a la oposición de Gajardo y Norambuena, quienes renunciaron entonces al Ministerio Público.
En abril de 2018, Abbott hizo pública su doctrina sobre los casos políticos. Advirtió a los fiscales que “debemos ser diligentes cuando hay representantes de elección popular involucrados” y que los persecutores deben considerar si sus resoluciones “pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional”.
En el caso SQM, la Fiscalía llegó a un acuerdo con la empresa para no perseguirla como persona jurídica por cohecho. Esto, pese a la oposición del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que pedía llevar hasta el final la causa.
Este es solo un resumen de algunos de los hechos más relevantes. Los lectores podrán juzgar si esas 31 palabras describiendo la gestión del Fiscal Nacional se ajustan o no a la verdad.
