Luego de que el constituyente Rodrigo Rojas Vade revelara que no padece cáncer en un reportaje de La Tercera Domingo, la mesa directiva de la Convención aceptó su renuncia a la vicepresidencia y ese día ingresó una denuncia en su contra a la Fiscalía Centro Norte por “hechos que pudiesen revestir carácter de delito”. Esto último se hizo dado que en su declaración de patrimonio, Rojas acreditó que mantenía una deuda de 27 millones de pesos por “financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer”.

También remitieron los antecedentes al Ministerio Público, puesto que no existe una norma dentro de la Convención que regule este tipo de situaciones y Contraloría declaró no tener las atribuciones para fiscalizar al ente autónomo.

Ante esto, las reacciones dentro del mismo órgano fueron diversas. Distintos constituyentes independientes y de Vamos por Chile sugirieron la renuncia de Rojas, no obstante, la presidenta Elisa Loncón afirmó que “nosotros somos humanos, no somos dioses para no fallar”. Contrario a esta opinión, el vicepresidente Jaime Bassa aseguró que “no habrán defensas corporativas”.

Este día, los diputados Cristán Labbé (UDI) y Karin Luck (RN) denunciaron, mediante una nómina investigada por ellos, que 12 integrantes de la Convención Constitucional recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Los parlamentarios afirmaron que pondrían los antecedentes en manos de la mesa directiva del órgano y, además, en Contraloría. Dentro de la lista se encuentran los constituyentes: Mariela Serey (cupo CS), Tatiana Urrutia (RD); los independientes Giovanna Grandón, Damaris Abarca, Alejandra Pérez, Rodrigo Rojas Vade, Cristóbal Andrade, Helmuth Martínez, Camila Zárate, Constanza San Juan y Vanessa Hoppe y, finalmente, Valentina Miranda (PC).

Algunos de los constituyentes acusados se pronunciaron sobre el tema, como Abarca, quien mencionó que “no se ha actualizado el sistema”. La respuesta de la mayoría fue en la misma línea: dijeron que no se habría actualizado la información en el RSH y que renunciarían al beneficio si fuese necesario.

Después de haberse reunido toda la jornada pasada para debatir sus posturas respecto al caso de Rodrigo Rojas Vade, la agrupación ‘Pueblo Constituyente’, conformada por la mayoría de los convencionales que abandonaron la Lista del Pueblo, hicieron público un comunicado firmado por 17 integrantes donde aseguran que “al igual que todo Chile, nos enteramos recién el fin de semana pasado que su diagnóstico médico no era cáncer”, además de reconocer que el constituyente “ya no pertenece a este espacio”.

Por otra parte, la Policía de Investigación (PDI) realizó sus primeras diligencias en la sede de la Convención: ubicar a Rojas Vade para interrogarlo como imputado y tomar declaraciones de la presidenta de la Mesa, Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Bassa.

Este día se realizó la primera sesión de reglamento en la Convención. Después de una hora y media de trabajo, los constituyentes de los pueblos originarios cuestionaron a la mesa directiva por fijar “arbitrariamente” un quórum de 2/3 para la votación de ciertos artículos del reglamento de la Comisión de Participación y Consulta Indígena. El desencuentro -que estuvo acompañado de gritos y recriminaciones- obligó a paralizar la reunión hasta las tres de la tarde y, finalmente, a postergarla para el próximo martes.

Los convencionales afectados salieron del pleno a hacer pública su molestia, como la constituyente por el pueblo aimara, Isabel Mamani, quien dijo que “no es posible, porque nosotros estamos proponiendo una forma de participación y consulta de los pueblos originarios (...) Nos molestamos porque sentimos que no se puede realizar sin siquiera tomar en cuenta la opinión de los coordinadores de la comisión de los pueblos originarios”.

Por otra parte, respecto al caso de Rodrigo Rojas Vade, el constituyente presentó una licencia médica por 15 días, que fue certificada por el secretario provisional de la secretaría de la Comisión, John Smok.

Luego del impasse del jueves, durante la mañana del viernes la Convención se dedicó a debatir respecto a los informes de las comisiones de Participación y Consulta Indígena, de DD.HH y de Participación Popular. Para la próxima semana se espera la votación de los reglamentos.