El martes de esta semana el pleno de la Convención Constitucional votó el último informe de la comisión de Normas Transitorias, por lo que los artículos aprobados durante esa jornada pasarán de forma directa a la comisión de Armonización.

Durante esa jornada los convencionales visaron la normativa que pone fin al Senado para sustituirlo por la nueva Cámara de las Regiones en caso de que el proyecto de nueva Constitución se apruebe en el plebiscito.

Según el texto, los actuales integrantes de la Cámara Alta terminarán su mandato el 11 de marzo de 2026, incluso los senadores que en esa fecha aún les queden cuatro años de mandato. Además el artículo transitorio señala que, de todas formas, los senadores “podrán postular a las elecciones para el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones que se realizará en noviembre de 2025, donde serán elegidas las diputadas y diputados y representantes regionales que ejercerán sus funciones desde el 11 de marzo de 2026″.

En tanto, la Convención despachó a la Comisión de Armonización el artículo que establece un mecanismo transitorio para que el actual Congreso pueda reformar la eventual nueva Constitución. Por 106 votos a favor, 37 en contra y seis abstenciones el pleno aprobó la norma que fija este mecanismo hasta 2026.

De esta forma se exigirá una regla general de reforma de 4/7 y una regla especial -cuando se trate de asuntos específicos como el régimen político, periodo presidencial, forma de estado regional, derechos fundamentales, entre otros- de 4/7 más un referéndum ratificatorio. La única forma de saltarse el plebiscito es que el Congreso apruebe la reforma con 2/3.

Durante la jornada también se despachó al borrador el artículo que permite la creación de una Comisión Territorial Indígena, que funcionará durante cuatro años y será prorrogable por otros dos más.

La norma sostiene que en el plazo de un año desde la entrada en vigencia de la eventual nueva Carta Magna, “el Presidente de la República convocará a una Comisión Territorial Indígena, la cual determinará catastros, elaborará planes, políticas, programas y presentará propuestas de acuerdos entre el Estado y los pueblos y naciones indígenas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas”.

El órgano estará integrado por representantes “de todos los pueblos y naciones indígenas”, quienes serán electos a través de un “proceso de participación indígena convocado de conformidad con el artículo 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”. La comisión estará integrada por representantes del Estado y por “personas de reconocida idoneidad, quienes serán nombradas por el Presidente de la República”.

El pleno también aprobó la propuesta que establece que el cese de funciones a los 70 años de edad “no será aplicable a los jueces y las juezas que a la fecha de la entrada en vigencia de esta Constitución formen parte del escalafón primario del Poder Judicial regulado en el Código Orgánico de Tribunales”. Todos esos magistrados seguirán jubilando a los 75 años y no se les cambiará esta regla.

Respecto de los ministros de la Corte Suprema, la duración de 14 años en el cargo se comenzará a contar cuando se publique la nueva Carta Magna. Esto provocaría que cuatro supremos deban irse en 2036, tres de ellos con 73 y uno con 69 años.

Sobre el Tribunal Constitucional (TC) el pleno aprobó -por 110 votos a favor, 38 en contra y 1 abstención- el transitorio que plantea que una vez publicada la nueva Constitución, este órgano no podrá conocer ninguna causa nueva. Todos los recursos de inaplicabilidad que existan de forma previa a la publicación del eventual nuevo texto constitucional se deberán tramitar y fallar en un periodo de seis meses. Cuando todas esas causas estén cerradas y terminadas, el TC se disolverá y solo en ese momento se hará el traspaso a la nueva Corte Constitucional. Para crear este nuevo órgano, el Congreso deberá despachar el proyecto de ley en seis meses.

El pleno también le dio luz verde al transitorio que plantea que el Presidente de la República tendrá un año para enviar un proyecto de ley que cree la Agencia Nacional de Aguas y que adecue la normativa sobre las autorizaciones de uso de aguas que imperarán, en reemplazo de los actuales derechos de agua existentes.

Asimismo, se aprobó que “mientras no entre en vigencia dicha ley, las funciones de la Agencia Nacional de Aguas serán asumidas, en lo que respecta a sus competencias, por la Dirección General de Aguas del MOP, que actuará en coordinación con los organismos públicos competentes y con el apoyo de los gobiernos regionales”.

Los aplausos y caras de sorpresa se tomaron el hemiciclo cuando se aprobó la indicación ingresada por el Frente Amplio, para incorporar un artículo transitorio donde se establece que cuando entre en vigencia la nueva Constitución, “todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad, se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua según lo establecido en esta Constitución”.

La Convención se vio envuelta en un enredo político por las invitaciones al acto de cierre del órgano. En un inicio la mesa directiva había decidido no invitar a los expresidentes de la República. La mesa justificó su decisión dando razones de aforo y en privado reconocían que les complicaba la eventual asistencia de Piñera.

Luego de las críticas recibidas, el jueves en la tarde la mesa echó pie atrás y decidió finalmente invitar a los expresidentes de la República a la ceremonia de clausura.

La decisión inicial de no considerar a los exmandatarios Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera había generado una serie de cuestionamientos de parlamentarios y de algunos convencionales a la mesa directiva liderada por María Elisa Quinteros.

Antes de que la mesa cambiara de opinión, el expresidente Lagos se adelantó. El exmandatario envió, la mañana del jueves, una carta en la cual informaba su decisión de no acudir a la ceremonia.