Sebastián Soto, el constitucionalista favorito de La Moneda: "Hay reformas profundas que nos permiten hablar de una nueva Constitución"

La noche del 18 de octubre, el día en que estalló la crisis social que vive el país, el Presidente Sebastián Piñera tomó la decisión de decretar estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco. Sin embargo, antes de hacerlo, realizó varias consultas. Aparte del exministro del Interior, Andrés Chadwick, el subsecretario de esa cartera, Rodrigo Ubilla, y los presidentes de los partidos de Chile Vamos, Piñera llamó a un abogado constitucionalista: Sebastián Soto.

El hecho refleja la cercanía del abogado de la Universidad Católica con el piñerismo. Soto fue jefe de asesores de la Segpres en el primer mandato del Mandatario y cuando el actual jefe de asesores de la Presidencia, Cristián Larroulet, era el titular de esa cartera.

Actualmente, Soto es consejero del Consejo de Defensa del Estado y en abril del 2018 lideró un equipo convocado por Piñera para realizar reformas acotadas a la Constitución. El abogado y profesor de la UC cree que si bien el tema constituyente es algo que se debe atender, esto debe ser sin prisa porque puede derivar en una "polarización".

Luego de la crisis social y con el tema constitucional retomado en el Congreso, ¿en qué postura ve al gobierno?

El gobierno siempre ha estado abierto a la discusión constitucional. Hoy lo veo tan abierto como estuvo antes, lo que sucede es que la prioridad política en el Congreso ha crecido en intensidad respecto a la cuestión constitucional. Entonces veo a un gobierno reaccionando a esa intensidad.

¿Y cómo cree que debe reaccionar La Moneda?

Tanto el gobierno como el Congreso deben reaccionar a la altura de la importancia que tiene. No puede ser una decisión apresurada, las decisiones constitucionales son tremendamente relevantes y por lo tanto debe ser una decisión que permita incorporar todos los factores para un consenso político en esta materia. Si para eso se requiere tomar algo más de tiempo, pero iniciando la discusión, nadie podría negarse porque estas no son decisiones de un momento a otro.

La principal crítica que se ha manifestado es que esta discusión ya se ha demorado bastante...

Pero también hay que entender que estas son discusiones cuya intensidad varía en el tiempo. El año pasado había otras urgencias que siguen siendo muy importantes como, por ejemplo, la igualdad de género. Entonces tampoco olvidemos lo que ha ocurrido para tomar decisiones apresuradas sobre ciertas materias. Creo que la discusión constitucional debe seguir dándose, y el gobierno tiene que reaccionar con responsabilidad pero al mismo tiempo midiendo la intensidad que una decisión como esta tiene hoy en la ciudadanía y en la clase política.

Desde el regreso a la democracia que no se veía una crisis social así en Chile. ¿Tiene hoy más sentido una discusión constitucional?

Efectivamente, la intensidad del cuestionamiento a la Constitución es más alto que ayer. Por eso, entonces, esto requiere una reacción constitucional mucho más intensa que en el pasado. La Constitución, que es la que fija las reglas del juego para resolver nuestros desacuerdos, no puede sobrevivir si está siendo continuamente desacreditada. Si cada vez que haya una crisis vamos a volver a discutir el tema constitucional, creo que tenemos que iniciar un proceso que permita superar este desacuerdo tan profundo que existe. Ahora, la crisis actual es mucho más social que constitucional.

¿Por qué?

No podemos pretender que esta crisis que tiene profundas raíces sociales sea una crisis constitucional. La Constitución es un instrumento para intentar generar acuerdos políticos.

¿Pero no pueden ir por dos caminos paralelos? La agenda social por un lado y un proceso constituyente por otro..

Por supuesto, esto no quiere decir que no podamos discutir las dos cosas al mismo tiempo. Pero los tiempos son distintos y también las intensidades y prioridades. Me parece que los tiempos de una discusión constitucional son más pausados que los tiempos de un debate previsional, tributario o laboral. Hoy es más relevante una reacción a cuestiones más concretas como la reforma previsional o tributaria, que una reacción a la cuestión constitucional. Eso no quiere decir que no tengamos esa reacción, pero tiene que ser una que conecte con lo que ha ocurrido y que continúe en el tiempo.

¿Cree que estamos en un momento constituyente, como lo han definido algunos abogados?

Hay que mirar el momento actual de distintas perspectivas. La primera es atender el descontento: no hay cambio constitucional que pueda resolver los sentidos reclamos de muchas personas y que tienen que ver con las pensiones, con la salud, la educación, etc. Creer que una nueva Constitución o una reforma constitucional va a ser la solución a esos problemas, es vender humo y es promover una Constitución de Aladino, esa que aparentemente nos concede todos nuestros sueños. Con todo, es evidente que el tema ha tomado fuerza en estas semanas y es algo que hay que atender.

Patricio Zapata comentó que iniciar un proceso constituyente puede ayudar a descomprimir la situación debido a que éste, finalmente, es un ejercicio cívico...

Sí, efectivamente. Los procesos constituyentes son un mecanismo de descompresión política y en ese sentido iniciar una discusión constitucional a partir de lo que está pasando puede ser una alternativa, una solución razonable para revitalizar la política, para volver a discutir temas relevantes y construir un consenso político que nos permita acordar las reglas del juego cuando estamos en descuerdo. Ahora, la forma de hacer eso es muy importante porque las discusiones constituyentes pueden derivar en polarización, en una ruptura de consenso más que en una construcción. Esto hay que mirarlo sin prisa.

¿Usted está abierto solo a reformas o a elaborar una nueva Constitución?

La distinción entre reforma y nueva Constitución, es algo que no tiene que estar al inicio de la discusión constituyente sino que va a ir configurándose y eso lo vamos a saber al final del debate. Me parece que hay reformas constitucionales profundas que nos permiten hablar de una nueva Constitución. De hecho, la Constitución de 1925 se pensó como una reforma a la Constitución de 1833 pero fue una reforma tan profunda que rápidamente se transformó en una nueva. Por lo tanto, no me parece que el punto de inicio de nuestra discusión tenga que ser una definición por si tenemos reformas o una nueva Carta Fundamental.

¿Y qué reformas impulsaría?

Hay una serie de reformas sobre la mesa que pueden discutirse. El programa de gobierno ya traía algunas: reformas a las instituciones, discusiones sobre el régimen de gobierno, hay también debates sobre el capítulo de los derechos y sobre las bases de la institucionalidad. Es decir, uno no debe cerrarse a ninguna discusión en esta materia.

¿Cuál es su posición respecto a realizar un plebiscito de entrada, donde se pregunte a la ciudadanía si está de acuerdo con una nueva Constitución?

Me parece que la participación ciudadana es vital en cualquier discusión constitucional. Hoy, aquí en Chile y en el mundo. Eso es lo que nos muestra la experiencia comparada. La pregunta es ¿cuál es la mejor forma de canalizar esta participación? A mi me parece que los plebiscitos son, a veces, fórmulas demasiado simples donde todo es blanco o negro. Creo, en cambio, que un mecanismo de participación ciudadana que permita recoger las inquietudes, muchas de las cuales no van a ser constitucionales, ayuda a incorporar insumos a una discusión constitucional. Ahora, si esto termina o no en un plebiscito es una cuestión que tiene que ir viéndose sobre la marcha. Partir por esa consulta simplifica demasiado el aporte que pueda hacer la ciudadanía.

¿Como lo hizo el gobierno de Michelle Bachelet? Se realizaron cabildos y luego ingresó un nuevo texto Constitucional al Congreso. Después el gobierno de Piñera no continuó con esa tramitación, ni tampoco la actual oposición...

Es evidente que el Presidente Piñera tenía que priorizar aquello por lo cual fue elegido con una amplísima mayoría el año 2017. Y por eso estos dos años han sido priorizadas sus propuestas programáticas y no otras. Esto no quiere decir que no se valore lo que se hizo en el gobierno anterior. Tuve la posibilidad de participar en cada una de las instancias de participación ciudadana del proceso constituyente de la Presidenta Bachelet. Tengo críticas a ese proceso pero también reconozco virtudes y valores. Creo que esta es una continuidad: aquí la discusión constitucional nunca puede pretender ser refundacional, sino que debe intentar construir puentes con lo pasado para proyectarse hacia el futuro.

¿Qué mecanismo cree que es el indicado para iniciar reformas a la Constitución?

Tenemos que fortalecer la representación política y la capacidad de llegar a acuerdos. Por eso creo que es el Congreso la sede en la cual debe discutirse una reforma constitucional. Me parece que quienes fueron elegidos por los electores son los representantes más validados para discutir el acuerdo fundamental que es la Constitución. Que el Congreso renuncie a su representación en un tema tan fundamental como la decisión constitucional debilita el matrimonio entre ciudadanía y Congreso. Por eso no estoy de acuerdo con una asamblea constituyente, ni tampoco con fórmulas de convenciones donde no sea la representación parlamentaria aquella que toma la decisión. Es en los congresos donde se han hecho históricamente las reformas más exitosas a los textos constitucionales.

¿Cuáles son sus principales aprensiones al mecanismo de asamblea constituyente?

Tenemos que fortalecer la representación política. Sofía Correa argumenta que las reformas más exitosas a nuestros textos constitucionales han sido fruto de los acuerdos políticos en el Congreso. La asamblea constituyente nos acerca demasiado a las experiencias fracasadas de Venezuela, Bolivia y Ecuador.