“Si te han quitado tu profesión, que te la devuelvan”: Baltasar Garzón pedirá reingreso a carrera judicial tras dictamen ONU

“Es un dictamen muy contundente”. Así calificó Baltasar Garzón el dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que le dio la razón al exmagistrado de la Audiencia Nacional de España, quien había recurrido al organismo en enero de 2016 después de haber sido condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por prevaricación al ordenar escuchas ilegales en un importante caso de corrupción. Junto con considerar “arbitrarios” los juicios realizados contra Garzón, el organismo de la ONU señaló que España deberá compensarlo por el “daño sufrido”. Apenas unas horas después de conocer la resolución, el exjuez explicó sus próximos pasos. “Voy a pedir mi reingreso en la carrera judicial”, dijo en entrevista con el diario El País.

Célebre por haber intentado extraditar en 1998 a Augusto Pinochet, Garzón, de 65 años, fue expulsado de la carrera judicial en febrero de 2012 por ordenar escuchas ilegales en el caso de la red de corrupción conocida como “Gürtel”, vinculada al conservador Partido Popular, entonces en el poder. También fue juzgado por investigar los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco, a pesar de una ley de amnistía general aprobada en España en 1977, aunque en ese caso fue absuelto. El extitular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, que desde entonces se dedicó a la abogacía y ha representado a personajes como Julian Assange, interpuso en 2016 una denuncia ante las Naciones Unidas, cuyo Comité de Derechos Humanos le dio ahora la razón.

En su dictamen, el órgano de la ONU considera que el Tribunal Supremo vulneró el Artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional ratificado por España en 1977, ya que “los juicios contra el exjuez español Baltasar Garzón por los casos Franquismo y Gürtel fueron arbitrarios y no cumplieron con los principios de independencia e imparcialidad judicial”. A juicio del comité, no se respetó el derecho de Garzón a un proceso “con las debidas garantías por un tribunal competente”.

El organismo de la ONU también pone en duda la imparcialidad del Tribunal Supremo que juzgó a Garzón en ambos casos y critica que “los procesos fueron tramitados simultáneamente, los juicios orales por las dos causas tuvieron lugar con cinco días de diferencia y las sentencias se dictaron con 18 días de intervalo”.

“Los jueces deberían poder interpretar y aplicar la ley sin miedo a ser castigados o juzgados por el contenido de sus decisiones. Ello es fundamental para preservar la independencia judicial”, explica José Santos Pais, miembro del Comité.

Frente a este escenario, el comité determina que España “tiene la obligación” de, entre otras medidas, “borrar los antecedentes penales” del exjuez y ahora abogado, y de proporcionarle “una compensación adecuada por el daño sufrido”. De cumplir el Estado con esta exigencia del ente de Naciones Unidas se allanaría la vuelta de Garzón a la judicatura.

Y así lo dejó en claro el exmagistrado, quien en entrevista con El País se refirió a la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a los pasos que tomará ahora. “Es un dictamen muy contundente. El comité asegura que fue una condena ‘arbitraria e imprevisible’, es decir, que me condenaron porque les dio la gana”, comentó Garzón sobre la inhabilitación por 11 años a la que fue sentenciado en 2012 por el Tribunal Supremo.

“Mi vida cambió radicalmente, yo no, porque siempre he mantenido mis convicciones, siempre me he sentido un servidor público y creo que hice lo que tenía que hacer, con aciertos o desaciertos, en defensa de la sociedad y del Estado de Derecho. Jamás he tenido conciencia de haber cometido un delito. Pero fue muy duro ver cómo acababan con una profesión a la que había dedicado más de 30 años”, señaló Garzón en la entrevista. Y agrega: “Para mí, lo más importante es que pide que se tomen medidas para que en el futuro no ocurra nada semejante”.

“Si te han quitado tu profesión, que te la devuelvan. Eso es lo que tendría que ser”, afirma el exmagistrado, quien revela que buscará su reintegro en la judicatura. “Yo soy juez, es como me siento. Ahora tengo que estudiar el cauce más adecuado para que eso se produzca. Lo tengo que solicitar porque sé que de oficio no lo van a hacer. Esto afecta a organismos del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial, que tendrá que tomar una posición. Todo esto es absolutamente novedoso, porque el comité, el máximo organismo de defensa de los derechos humanos a nivel universal, lo que dice es que esto nunca debió haberse producido”, plantea. “Solicitaré la reintegración, claro que sí”, asegura.

El dictamen de la ONU, destaca Europa Press, tiene lugar seis meses después de que el comité anunciara su intención de estudiar el caso y cinco años después de que Garzón presentara una queja contra España en la que alegaba haber sido víctima de múltiples violaciones de sus derechos humanos durante los dos procedimientos que se dirigieron en su contra en el Supremo. En el marco de su estrategia de defensa, el exmagistrado recurrió también al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos rechazaron de plano sus recursos contra la condena por prevaricación que le impuso el Tribunal Supremo.