Superintendencia evaluará financieramente a entidades de educación superior que se acrediten para reducir riesgo de quiebra

Las universidades Del Mar, Del Pacífico y la Iberoamericana de Ciencias y Tecnología son algunas casas de estudios que cerraron sus puertas por problemas financieros, dejando a miles de estudiantes a la deriva. Se trata de un escenario que las autoridades buscan evitar y que será abordado mediante un cambio al proceso de evaluación financiera de los planteles, en el marco de su acreditación.

Periódicamente -en plazos que fluctúan entre dos y siete años-, las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica deben someterse a la acreditación, proceso que certifica que el establecimiento cumple con todas las condiciones necesarias para funcionar, que incluyen tópicos normativos, académicos y administrativos. En este último, es fundamental que garanticen su sustentabilidad financiera.

Hasta ahora esta revisión ha estado en consultoras externas. Sin embargo, la lectura de la autoridad es que esta auditoría es acotada al proceso y no entrega, necesariamente, una mirada más compleja de los estados financieros.

En ese contexto, tras un convenio firmado con la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), la Superintendencia de Educación Superior (SES) asumirá este rol. “Es importante señalar que la SES, desde su creación en 2019, ha estado supervigilando constantemente la situación financiera de todas las casas de estudio del país. La novedad es que, con la firma de este convenio, este rol se extiende al ámbito de los procesos de acreditación institucional que desarrolla la CNA”, explica el superintendente Jorge Avilés.

Gonzalo Muñoz, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales y exjefe de la División de Educación General del Mineduc, asegura que “la superintendencia es una institución pública precisamente creada para asumir estas tareas de fiscalización, por lo que tiene todo el sentido que la evaluación financiera sea desarrollada por este nuevo agente público. Creo que este cambio ayudará a resguardar el adecuado cumplimiento de la nueva normativa sobre educación superior”

Mientras, Renato Bartet, secretario ejecutivo de CNA, también destaca que es relevante que la SES realice esta tarea: “La garantía es asegurar a la sociedad que alguien esté monitoreando de manera permanente la situación financiera de las instituciones y que tiene herramientas para hacerse cargo y detectar cuando hay situaciones de riesgo y, por lo tanto, optar por medidas que puedan mitigar los efectos indeseados”.

El caso más reciente de quiebra es el de la Universidad de la República, que este año cerró sus puertas a raíz de una investigación realizada por la superintendencia. En esta se determinó que esta casa de estudios tenía graves problemas financieros y administrativos que no le permitían continuar a cargo de sus 3.200 estudiantes.

En este contexto, José Miguel Salazar, investigador de la Universidad de Valparaíso, especialista en tema de acreditación universitaria chilena, afirma que el proceso de acreditación “es crítico, porque permite que la sociedad sepa qué está pasando con cada situación, en función del desarrollo que están experimentando y que proyecta al tiempo que vienes, es una forma en el que las instituciones de educación superior rinden cuentas a la sociedad, al gobierno y al país acerca de cómo esta su funcionamiento”.

Finalmente, Avilés sostuvo que se trata de “un avance importante, porque podremos sumar al proceso de acreditación más y mejor información financiera de cada universidad, instituto profesional y centro de formación técnica, con una mirada especializada en la realidad del sector y en base a un seguimiento continuo y no solo a un informe puntual del momento que vive la institución al instante de ser evaluada”.