Superintendente compró 27 departamentos en un año: UDI pide explicaciones

Primero fueron seis, y pocos meses después, otros 21. En aproximadamente un año, el actual superintendente de Servicios Sanitarios, Ronaldo Bruna, adquirió 27 departamentos en distintos edificios en el centro de Santiago, a través de créditos hipotecarios solicitados de manera simultánea en distintos bancos e instituciones financieras.

Aunque –según consignó El Mostrador– las compras fueron realizadas entre 2013 y 2014, los diputados de la UDI sugieren que "estas transacciones generan muchas dudas que requieren ser subsanadas". Por ello, Álvaro Carter y Juan Antonio Coloma remitieron oficios de fiscalización a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y a la Superintendencia de Bancos solicitando informes en derecho respecto de la legalidad del negocio.

Aquí se puede revisar la declaración de patrimonio del superintendente, en la que aparecen los departamentos.

En el escrito, los parlamentarios exponen que "nos parece del todo incomprensible y graves los hechos recientemente difundidos y que exponen el accionar del superintendente". Así, apelando al principio de probidad en el actuar público, los legisladores de la UDI fundamentan la presentación afirmando que "el artículo 8° de nuestro cuerpo constitucional es lo suficientemente claro para establecer una serie de mecanismos administrativos y legales para, no solo controlar los actos de corrupción en nuestra administración, sino también para el establecimiento de una serie de medidas represivas ante tan indeseables actos, con la finalidad que prevalezca el bien general de la nación".

En opinión de Coloma, "el superintendente de Servicios Sanitarios es quien tiene la obligación moral y legal de acreditar que la compra de 27 departamentos en menos de un año se realizó en conformidad con la ley. La carga de la prueba en los tiempos actuales se trasladó y son las autoridades las que deben demostrar la legalidad de sus actos".

"No nos podemos dar el lujo de estar frente a un funcionario público que adquiere un patrimonio de tal envergadura y no hay, hasta el momento, una justificación plausible de ello", añade Carter, subrayando luego que "el país está haciendo esfuerzos para evitar posibles brotes de corrupción, por lo que se hace necesaria una investigación a fondo que permita evitar dudas razonables y, mientras tanto, como una muestra de transparencia, el superintendente debe ser separado de sus funciones".

Es por esto que, en los oficios de fiscalización enviados hoy, los parlamentarios califican como una "insólita situación" la compra de los inmuebles y, "evidentemente, requiere de una exhaustiva labor investigadora de parte de los organismos competentes.

Mientras a la UAF piden investigar "el origen de los fondos que dieron lugar al incremento patrimonial", a la Superintendencia de Bancos solicitan informar "sobre los mecanismos seguidos por el funcionario público para solicitar simultáneamente más de 27 créditos bancarios y financiar la compra de las propiedades".

En los escritos de la UDI también se menciona que la Contraloría reprochó en marzo pasado "al superintendente por faltas a la probidad administrativa de uno de sus asesores de mayor confianza".

La Tercera PM contactó al superintendente Bruna para conocer su opinión sobre la ofensiva de la UDI en su contra. Desde la SISS, informaron que "en caso de ser requerido por las instituciones aludidas, se entregará toda la información pertinente".