Supremazo en Caso Cascadas: Anula condena contra Aldo Motta y obliga a realizar nuevo juicio

La segunda sala penal de la Corte Suprema, encabezada por el expresidente del máximo tribunal, Hugo Dolmestch, acogió los argumentos del recurso de nulidad de Aldo Motta Camp, -exgerente general de las sociedades Cascadas, a través de las que Julio Ponce participa como el mayor accionista de SQM- , presentado en enero por los abogados Marcelo Sanfeliú y Samuel Donoso y dejó sin efecto el proceso judicial que condenó, tras cinco años de investigación, al ingeniero comercial a cuatro años de libertad vigilada más otras medidas accesorias.

Lo anterior implica que deberá repetirse el juicio en que se determinó que Motta Camp era culpable de dos operaciones de manipulación del mercado bursátil y de un cargo de abuso de posición dominante. La decisión implica un duro revés para la persecutora de delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, quien encabezó la indagatoria por parte del Ministerio Público. Además dificulta la posibilidad de que la causa avance hacia Ponce Lerou, como había deslizado Chong.

En septiembre de 2014, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), hoy Comisión de Mercado Financiero, estableció la existencia de un esquema que habría sido ideado por el controlador de SQM, Ponce Lerou, con el apoyo de Aldo Motta y Patricio Contesse Fica, gerentes generales de las sociedades Cascada y Potasios, para dejar disponibles paquetes de acciones a rematar en el mercado. La operación implicaba que luego se recomprara a precios mayores a los de su venta inicial. El mecanismo incluía sociedades Relacionadas, a cargo de Ponce Lerou; Vinculadas, a cargo de Roberto Guzmán e Instrumentales a cargo de Leonidas Vial y Alberto Le Blanc. La tesis es todos estos organismos recibían utilidades mientras que las compañías Cascadas, y por ende sus accionistas, asumían los sobrecostos. Por esta acción, se cursaron multas históricas que han sido constantemente rebajadas por parte del Tribunal Constitucional y los tribunales de justicia.

En paralelo, se inició una indagatoria por parte del Ministerio Público que tuvo el 13 de enero una primera sentencia: el Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago condenó a Motta Camp a cuatro años de presidio menor en su grado máximo, sanciones accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y, prohibición por un plazo de cuatro años para ejercer cargos y oficios públicos. También se le impuso la pena accesoria del artículo 61 bis de la Ley de Mercado de Valores, esto es, la inhabilitación especial de cinco años para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador, a cualquier título de una sociedad o entidad sometida a fiscalización de la Superintendencia respectiva.

La condena consideró que el profesional era culpable de dos operaciones de manipulación del mercado bursátil y de un cargo de abuso de posición dominante. En el juicio, el ejecutivo fue absuelto de otras tres transacciones que implicaban la eventual entrega de información falsa al mercado y la adulteración de actas de directorio.

El 23 de enero la defensa de Motta Camp, encabezada por Sanfeliú y Donoso presentó un escrito de 79 páginas en que se acusan 6 errores de la sentencia, entre ellos la vulneración de las garantías al debido proceso, la incompetencia del tribunal que dicta la sanción y la aplicación errada del derecho.

Los alegatos sobre el recurso -que contra lo solicitado por el Fiscal Nacional Jorge Abbott fue visto por la Suprema- se iniciaron un mes después.

Consultado por el tema, Donoso aseveró que "valoramos la sentencia de la Corte Suprema. Creemos que se impuso el Estado de Derecho. No acostumbramos a hacer declaraciones pues nunca hemos litigado por la prensa. Hoy que se anuló la condena contra Aldo Motta no debiera ser excepción, sin embargo obviamente estamos satisfechos que haya primado el respeto a las garantías procesales de todos los ciudadano".

Agregó que "siempre es importante cuando la Corte Suprema se pronuncia. En este caso ha reafirmado la vigencia del Estado de Derecho al hacer prevalecer las garantías constitucionales de nuestro representado. De hecho las garantíaas son tales en la medida que se aplican a todos los ciudadanos y no solo a algunos. Eso debiera ser motivo de satisfacción por lo mismo para todos. El ordenamiento procesal ha funcionado, y eso es lo relevante".

El fallo deja en entredicho la indagatoria de Chong en esta causa, ya que gran parte de los cuestionamientos de la defensa de Motta Camp, validados por la segunda sala, apunta a la acusación presentada por el Ministerio Público.

De lunes a viernes, entre las 9 y las 14 horas, la fiscal encabeza el relato del Ministerio Público ante las cuatro magistradas del Tercer Tribunal Oral en lo Penal, donde se lleva a cabo el juicio del caso Corpesca. Se pronostica que este proceso –cuyo principal acusado es el exsenador Jaime Orpis- tenga una duración de, a lo menos, siete meses.

Durante gran parte de 2018, Chong fue también quien encabezó el juicio Cascadas, destinando varias horas del día a las distintas audiencias.

Si bien la fiscal es la cara visible de un equipo de Alta Complejidad, quienes conocen el trabajo y el estilo de la persecutora, aseguran que es ella quien mejor conoce sus causas. En ese sentido, dos juicios en paralelo provocarían una intensa agenda para la fiscal que, de ser necesario, deberá optar por encabezar una de las dos instancias.