También en Perú: Congreso debate sexto retiro de fondos de AFP y exonera de impuestos a alimentos básicos

En medio de las recientes protestas que golpearon a ese país, una comisión del Congreso peruano aprobó el martes un nuevo retiro extraordinario de fondos de pensiones de las AFP, para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia y la guerra en Ucrania.

La propuesta de legisladores de todo el espectro político deberá ser avalada ahora por el pleno del Congreso, donde se da por descontado que será respaldada tras recibir la luz verde en la Comisión de Economía. La iniciativa se justificó en la autonomía del manejo de los fondos privados de pensiones.

El proyecto no dispone de limitaciones, es decir, el retiro está dirigido a todos los afiliados, que se estiman en aproximadamente 5,2 millones. Los aportantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) podrán retirar hasta 18.400 soles (algo más de US$ 4.900) de sus cuentas. El desembolso se realizará en tres partes y cada 30 días, tal y como se realizó desde que se autorizó el primer retiro en 2020, durante la peor etapa de la pandemia que llevó a una larga cuarentena de 107 días.

Los fondos retirados, según lo dispuesto en el dictamen, son intangibles, por lo que no pueden ser objeto de descuento, compensación, legal o contractual, embargo, retención ni afectación por orden judicial.

Este el sexto retiro de los fondos de pensiones desde que se inició la pandemia. El total retirado asciende a unos 65.923 millones de soles (US$ 17.600 millones). Se estima que con el nuevo retiro podrían salir de las cuentas de pensión otros 30.000 millones de soles (US$ 8.000 millones).

“Es demagogia pura, porque no hay razón para hacerlo. Los niveles de producción y empleo son ahora superiores a marzo 2020″, dijo a la agencia France Presse el portavoz de la Asociación de AFP de Perú, Joaquín Rey. El vocero advirtió que estas medidas tendrán impacto negativo, porque “el ahorro previsional está para el futuro”.

Desde comienzos de este mes el país ha vivido jornadas de protestas en rechazo al aumento de precios de los alimentos y combustibles, gatillados en parte por la guerra en Ucrania. El panorama económico ha complicado al gobierno, que llegó a decretar un toque de queda para frenar las protestas, medida de la cual luego desistió. Según el sondeo Pulso Ciudadano de Activa, el Presidente Pedro Castillo tiene una desaprobación del 75% frente a una aprobación de solo el 12%. En tanto, un 55% de los peruanos considera que la situación económica del país es mala o muy mala.

La inflación en marzo fue de 1,48%, el índice mensual más alto en 26 años. Para hacer frente a esta situación, el Congreso aprobó el martes una ley que permite exonerar de impuestos a alimentos de mayor consumo con la finalidad de atenuar el impacto inflacionario.

La ley para exonerar temporalmente del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los productos de la canasta familiar básica se aprobó con 95 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones.

Entre los productos que están afectos a la exoneración se encuentran el pollo, huevos, harina de trigo, fideos, azúcar y productos cárnicos. Aunque un gran ausente fue el aceite, que finalmente no fue considerado, según destacó el diario La República.

Tras ser aprobada por el Congreso el jueves pasado, la ley fue observada por el Ejecutivo el fin de semana, debido a que el proyecto del Legislativo también eximía de impuestos algunos alimentos de supuesto lujo como lomo fino, ganso, faisán, gallina de Guinea y lasaña.

El jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, advirtió en Twitter que las exoneraciones aprobadas por el Congreso suman unos 3.200 millones de soles (US$ 855 millones), lo que no permitirá atender servicios básicos, hospitales, colegios, comisarías, proyectos de agua y desagüe, infraestructura de riego, entre otros. Torres solicitó que se corrija la ley al estimar que se trata de un error del Congreso, el cual, recordó, no tiene capacidad de determinar el gasto.

En la misma línea, especialistas consultados por el diario La República consideran que es una medida favorable en el corto plazo, pero alertan que no necesariamente va a llegar el beneficio a quienes más lo necesitan.

“Hay dos grandes grupos que controlan el grueso de los productos agroindustriales que se consumen en el Perú, entonces ¿cómo asegurar que cuando se baje el impuesto estas no sean apropiadas por los intermediarios?”, indicó al periódico el economista Armando Mendoza.

La norma aprobada tiene una vigencia de tres meses, que regiría del 1 de mayo al 31 de julio de este año. Sobre este tema, Mendoza advirtió que se tiene que tener mucho cuidado con que ésta se convierta en un “derecho adquirido”. Esto, explicó, porque es común que cuando se va a vencer el plazo, comienzan las presiones por parte de grupos económicos y así se pueden terminar con normas que duran 20 o 30 años y que tienen un costo elevado para el Estado, aseguró el especialista.

“El gobierno indicó que serían 3.200 millones de soles menos de recaudación, eso es un montón de plata. Sumado a la menor recaudación por la rebaja del impuesto selectivo al consumo (ISC) de los combustibles, estamos hablando casi de un punto menos del PBI en recaudación”, explicó Mendoza.