Temor por eventual perdón a presos de ETA y que Puigdemont quede fuera de la amnistía: los desafíos de Sánchez tras la investidura
Pese a haberse convertido en presidente del Gobierno español por tercera vez con más votos y escaños que en las anteriores investiduras, Sánchez tendrá que lidiar a partir de ahora “con la amenaza 'diaria' de Puigdemont y con la calle en contra de la amnistía” a los independentistas catalanes, destaca la prensa local.
“Decirles que le he dicho al presidente del Gobierno que esto era una equivocación, pero él es el responsable de lo que acaba de hacer”. Con esas palabras, el líder del opositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, desveló este jueves su saludo al socialista Pedro Sánchez cuando se acercó a su escaño en el Congreso para felicitarle tras ser investido para un nuevo mandato en España.
Y es que pese a haberse convertido en presidente del Gobierno por tercera vez con más votos y escaños que en las anteriores investiduras, Sánchez tendrá que lidiar a partir de ahora “con la amenaza ‘diaria’ de (Carles) Puigdemont y con la calle en contra de la amnistía” a los independentistas catalanes, como advirtió el diario El Mundo.
Con 179 votos a favor, 171 en contra y ninguna abstención, si se suman todos los partidos que optaron por el “sí” a la investidura (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, CC) hay 12,6 millones de votos detrás de la nueva formación del Gobierno progresista. En la historia de la joven democracia española, solo José Luis Rodríguez Zapatero cosechó más votos en esta sesión clave del Congreso: 13,5 millones, en 2004, recordó el diario El País.
Por otro lado, agrega el periódico, en medio de una marcada polarización política y al no haber abstenciones, es también la investidura que acumula más escaños en contra, con 171, con 11,3 millones de votos detrás, lo que da señales de la legislatura de alta tensión que se avecina.
Una alta tensión que desde ya ha originado la amnistía que el PSOE pactó con los partidos independentistas. Definitivamente derrotado, Núñez Feijóo quiso lanzar un mensaje de alerta a su electorado al reiterar que dará la batalla contra la amnistía. “¿Vamos a seguir trabajando por nuestro país? La respuesta es que sí. ¿Estamos preocupados por la situación en la que entra este presidente sometido a un contrato mensual que ha de suscribir el independentismo? La respuesta también es que sí”, afirmó.
Para el líder del PP, sostiene El Mundo, la “equivocación” de ceder a las exigencias de Junts y ERC le costará muy cara a España: “Que ya el próximo miércoles el Parlamento Europeo debata sobre el fundamento de esta investidura, que es una ley de amnistía al independentismo, y sobre si el Estado de derecho está garantizado en España es la peor forma de empezar una legislatura, porque afecta a nuestra reputación internacional y afecta sin ninguna duda a nuestra democracia”.
En efecto, la discusión de los eurodiputados tendrá lugar el miércoles en Estrasburgo y contará con la presencia de representantes de la Comisión y del Consejo, que actualmente preside España, según informa La Vanguardia citando fuentes parlamentarias.
El vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Margaritis Schinas, afirmó que Bruselas “sigue de cerca” los “desarrollos” que están teniendo lugar en España, en referencia velada a la amnistía que el PSOE ha pactado con los partidos independentistas, asegurando que valorará la medida basándose “en los hechos” y en “la ley”.
Que el Partido Popular Europeo (PPE) haya conseguido incluir un debate sobre la ley de amnistía en el orden del día de la próxima sesión plenaria del Parlamento Europeo se explica a la luz de las implicancias que el pacto del PSOE con los independentistas pueda significar.
Así, por ejemplo, en el PP teme que Bildu enmiende la ley de amnistía para perdonar a terroristas de ETA. Por ello los populares están realizando un seguimiento exhaustivo del proceso de tramitación de la proposición de ley de amnistía y están convencidos de que el hecho de que Bildu, así como otros partidos, no hayan firmado este texto, se explica porque la formación política vasca incorporará enmiendas para dejar en libertad a los terroristas vascos, según señalan fuentes de la dirección nacional citadas por el medio The Objective.
Estas fuentes también acusan al PSOE de intentar “engañar” al comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, al enviarle solo un “trozo” de la propuesta, ya que faltan las enmiendas de Bildu, Junts, ERC y PNV, así como del resto de grupos parlamentarios.
Desde el PP subrayan que “tenemos que ver que Bildu vote una ley que amnistíe el terrorismo catalán y no el vasco”, lo que les lleva a afirmar que “es extraño que el único pacto que no se conoce, del que no sabemos nada, es el que se ha alcanzado con Bildu. No se ha hecho público”.
De hecho, en su intervención durante la segunda jornada de la sesión de investidura de Sánchez, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, centró su discurso en dos asuntos: el debate de la plurinacionalidad y el avance hacia la independencia del País Vasco y las medidas sociales. Sobre el primero, Aizpurua reivindicó “la construcción de una República Vasca” y puso de ejemplo a países del entorno. “Esta debe ser la legislatura de la plurinacionalidad. La legislatura para abrir nuevos caminos que otros estados como Reino Unido y naciones como Escocia ya están recorriendo: el de la democracia”.
El Partido Nacionalista Vasco (PNV), por su parte, exigió a Sánchez reconocer la nación vasca y la creación de una comisión bilateral España-Euskadi para “ampliar el Estatuto de Gernika” en materia de autogobierno.
El portavoz de los jetzales en el Congreso, Aitor Esteban, dejó en claro la posición de su partido: “El PNV no va a dejar de lado el derecho del País Vasco. Valoramos muy positivamente que una mayoría vasca espera verse reconocida como nación, además de las garantías de bilateralidad. El Estatuto de Gernika fue el primero en aprobarse y ahora necesita ampliarse”. Y lanzó una advertencia a Sánchez: “Es necesario que se implique usted personalmente”.
Como si los requerimientos de Bildu y el PNV no fuesen suficientes, los indicios de blanqueo de capitales detectados en el caso Tsunami Democràtic podrían dejar a Carles Puigdemont fuera de la amnistía pactada con Pedro Sánchez.
Tsunami Democràtic fue una plataforma que surgió en Twitter (actualmente X) y Telegram en 2019 para promover y organizar las protestas en la calle contra la sentencia del Supremo a los líderes del procés. Incluso llegaron a crear una app para coordinar las movilizaciones.
La Guardia Civil acredita en varios de sus informes del caso, a los que tuvo acceso The Objective, cuentas bancarias, transferencias y operaciones que implicarían a varios colaboradores cercanos del expresidente de la Generalitat con un presunto delito cuya amnistía no está contemplada en la propuesta de ley registrada por el PSOE en el Congreso tras su acuerdo de investidura con Junts y ERC.
La propuesta de ley de amnistía perdona los delitos de malversación relacionados con el financiamiento del procés entre 2012 y 2023. Pero no da cabida al blanqueo de capitales. Si los indicios acreditados por la Guardia Civil y la Policía Nacional llevasen al juez a atribuir ese delito a cualquiera de los investigados en Tsunami Democràtic, entre ellos Puigdemont, su jefe de gabinete y los empresarios que supuestamente han financiado el exilio del expresidente de la Generalitat de Cataluña, se quedarían fuera de la amnistía que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados, según añaden varias fuentes jurídicas del caso.
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