Tras revelación de droga mal almacenada: gobierno buscará cambios a la ley, empresas especializadas y más visitas técnicas

Los resultados de las auditorías realizadas por Contraloría a 10 de los 29 centros de salud a nivel nacional sobre cómo se recibe, acopia y destruye la droga incautada por las policías de Investigaciones y Orden Público, siguen haciendo eco. Y obligan al gobierno a actuar.

Tras conocerse que los procedimientos cuentan con serios problemas en el manejo, recepción y posterior destrucción de la droga, y que incluso esta debe ser apilada en pasillos u oficinas por no contarse con la debida capacidad de almacenamiento, las críticas apuntan hacia las autoridades de gobierno y su “inacción” para enfrentar la problemática. Específicamente al Ministerio de Salud (Minsal).

“Esto es una vergüenza y es gravísimo”, sostuvo, por ejemplo, el exparlamentario y exsubsecretario del Interior Felipe Harboe, quien además lamentó el papel de las instituciones del Estado en un problema -probablemente- de preocupación para la ciudadanía: “El tráfico de drogas y la violencia, los delitos que se cometen con esto… la institucionalidad a cargo, es decir el Ministerio de Salud, que tiene un rol por ley que cumplir, que es la destrucción de la droga, tenga este nivel de desidia o de abandono de los procedimientos”.

Esta semana, la ministra de la cartera, Ximena Aguilera, fue emplazada y reconoció estar al tanto de que el acopio y la destrucción recae en los servicios de Salud: “Efectivamente, hay condiciones, a veces situaciones donde no se está en las condiciones óptimas. También depende mucho de la magnitud de los acopios”, aseveró.

Pero también que el problema se debe a un tema de dinero: “Estamos conscientes de que hay falencias que requieren recursos. Hay recursos que nosotros destinamos que compiten con los recursos que necesitamos para atender a los enfermos, por lo tanto también es una situación que a nosotros como sector nos complica un tanto, pero estamos tratando de cumplir con la legislación lo mejor posible y tratar de solventar las falencias”, justificó.

Por lo mismo, aseguró que su cartera está trabajando desde hace un tiempo con la Subsecretaría del Interior para enfrentar este obstáculo. Y a la fecha ya hay propuestas concretas.

Según explican desde la subsecretaría a cargo de Luis Cordero, “hay un plan de destrucción por cada región que tiene problemas en este tema, pero no es posible entregar el detalle por motivos de seguridad. Es una iniciativa que están coordinando las autoridades de Salud con Carabineros”.

Por lo mismo, el Presidente mandató al gabinete Pro Seguridad, al Minsal y a la Subsecretaría del Interior para buscar medidas de gestión específicas para cada una de las regiones, debido a las particularidades de estas que las hacen diferentes.

En tal sentido, La Tercera tuvo acceso a algunos de los detalles del plan que se levantó específicamente para la macrozona norte del país, la que, según la subsecretaría, “muestra la necesidad de proponer ajustes al marco normativo que se requiere para el funcionamiento de la ley N°20.000 en los servicios de Salud”.

Así, se integraron medidas a corto, mediano y largo plazo. Para las primeras, apuntadas a concretarse en 2025, hay dos puntos específicos. Por un lado, una coordinación con la Subsecretaría de Salud Pública y otras instituciones, como las policías, Ministerio del Interior e Instituto de Salud Pública. La idea es generar junto a ellos la regulación “que está deficiente o faltante”, para la destrucción de droga y sus precursores. Asimismo, se establecen visitas de referentes técnicos de la División de Gestión de Redes Asistenciales a los servicios de Salud, con el fin de hacer seguimiento al funcionamiento de la Unidad de Decomisos y la disminución de brechas.

En cuanto al mediano plazo, la subsecretaría busca la actualización de la normativa 7, esa que fija procedimientos a seguir por los servicios de Salud para cumplir lo dispuesto en la ley N°19.366 (actual ley N°20.000). Además, le solicitan a la Subsecretaría de Salud Pública orientaciones y lineamientos para el proceso de destrucción de drogas y sus precursores.

Y en cuanto al largo plazo, el gobierno, a través de la subsecretaría, buscará realizar modificaciones a la ley para la recepción de la droga, sumado a disponer de empresas o lugares autorizados para la destrucción de esta y sus precursores.

Con estas ideas en mente, el subsecretario confía en que se “permitirá una reacción mucho más oportuna y, sobre todo, reducir los riegos de seguridad que en la actualidad se detectan en algunas zonas”.