Tras vetos a partidos políticos que firmaron acuerdo por la Constitución, se bajó la toma en la Casa Central de la Universidad de Chile

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UNIVERSIDAD DE CHILE. FOTO: RICHARD ULLOA / LA TERCERA. 15.11.2019

La tarde de ayer se terminó con la ocupación de la sede universitaria ubicada en la Alameda. Previo a ello, se conoció un documento vía redes sociales en que se negaba el acceso a diversas organizaciones políticas por varias razones.


Ayer en la tarde, pasadas las 18 horas, se dio por finalizada la toma de la casa central de la Universidad de Chile, ubicada en la Alameda. En el frontis, hasta ayer colgaba un lienzo que llamaba a una "huelga general para que caiga Piñera Asesino. Juicio y castigo a violadores de DD.HH.".

Tras dos semanas de ocupación "ilegítima" -como se apuraron en describirla desde la rectoría el día 21 de noviembre, cuando un grupo de encapuchados forzó la entrada del edificio- los alrededor de 30 estudiantes que se mantenían ahí dejaron el lugar tras una reunión que se selló con la presencia del rector Ennio Vivaldi y parte de la directiva de la Fech, que encabeza Emilia Schneider.

¿Quiénes estaban tras la toma? Diversos miembros de la universidad señalan que se trataba de un grupo de estudiantes principalmente provenientes de la facultad de Filosofía y Humanidades, que carecía de orgánica interna -es decir, sin una cabeza al mando-, aunque otros señalan que también había personas que no pertenecían a esa casa de estudios. ¿Color político? No hay una sola versión: se habla de troskistas y otros plantean que eran de vertiente anarquista. De nuevo, algo inorgánico.

Ayer, previo al fin de la toma, se conoció vía redes sociales -en particular, la cuenta de Instagram @tomacasacentral- un documento en el que los miembros de la toma vetaban a diversos grupos políticos, los que no podrían ingresar a la sede universitaria. "Veto por moción de FECH en relación a la exigencia de la Asamblea de Mujeres de Filosofía y Humanidades, a todas las personas y organizaciones acusadas de encubrimiento y de incurrir en violencias sexuales y de género", por el cual se le prohibía entrar a diez organizaciones estudiantiles de izquierda, incluyendo el Partido de Trabajadores Revolucionarios, y la Juventud Guevarista.

El grupo también habría acordado vetar a los partidos Comunista y Socialista "por ser parte y cómplice de la violencia colonial ejercida en el Wallmapu". Y, por último, a "la persona y partidos firmantes por el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución": UDI, RN, PS, PPD, RD, DC, PL, PR, Evópoli, Comunes... y Gabriel Boric.

Durante la tarde de ayer, además -pocas horas antes de que se bajara la toma- la misma cuenta de Instagram publicó la "convocatoria urgente Uchile a construir el petitorio Uchile", en la que se aseguró que "debido a la urgencia, se suspenden los vetos interpuestos por la toma, no así los de la asamblea de mujeres y el CDP".

Desde la rectoría no pudieron confirmar a La Tercera PM la veracidad del documento, pero éste fue objeto de amplios comentarios tanto de profesores como de alumnos de la universidad en las redes sociales. "La toma de la casa central por una minoría que no tiene un ápice de democrática ya no resiste más. La comunidad universitaria tiene el derecho a usar su casa central. El Rector y el Senado Universitario ya se han manifestado públicamente contra este acto inaceptable. Basta!", escribió Leonardo Basso, director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y senador universitario.

En esta ocasión, la toma había sido objeto de un amplio rechazo por parte de la institucionalidad de la universidad. El 21 de noviembre, el mismo día en que comenzó, el plenario del senado de esa casa de estudios -que reúne a representantes de profesores, estudiantes y personal de colaboración- acordó adherir a la declaración de Vivaldi en la que condenaba la medida de fuerza y llamaba al diálogo, junto con pedir "el respaldo de toda la comunidad para terminar con esta acción de inmediato".

El mismo llamado realizó el 4 de diciembre la Asociación de Funcionarios de Servicios Centrales de la Universidad de Chile, quienes en una declaración pública advirtieron que "las condiciones mismas de la toma, que han incluido inéditos daños a las instalaciones -no vistas ni siquiera durante los largos meses de la toma del año 2011- han generado legítima preocupación entre los trabajadores". Y junto con apoyar el proceso constituyente, afirmaron que la toma es una "acción que desorganiza y desorienta tras un manto iluminado, que no se condice con los grados de organización y discusión que se extienden entre los trabajadores".

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