La decisión de acusar al expresidente estadounidense Donald Trump por los pagos de dinero a cambio de mantener silencio realizados en su nombre durante su campaña presidencial de 2016 recae en un gran jurado de Manhattan que ha estado escuchando pruebas en secreto durante semanas.

Una eventual acusación hoy contra Trump, que busca llegar a la Casa Blanca nuevamente en 2024, sería un momento sin precedentes en la historia del país, al ser el primer caso penal contra un exmandatario estadounidense.

La policía ya se prepara ante las protestas y la posibilidad de violencia después de que Trump llamara a sus seguidores a manifestarse antes de una posible acusación.

Esta situación también podría poner a prueba a un Partido Republicano que ya está dividido sobre si apoyar a Trump el próximo año, en parte debido a sus esfuerzos por no reconocer su derrota en las elecciones de 2020.

Trump niega haber actuado mal y ha criticado la investigación de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan como motivada políticamente.

A continuación las claves para entender el caso.

El gran jurado ha estado investigando la participación de Trump en un pago de US$ 130 mil realizado en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels para evitar que hiciera público un encuentro sexual que dijo haber tenido con él años antes.

El abogado de Trump, Michael Cohen, le pagó a Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, a través de una empresa ficticia antes de que el republicano hiciera un reembolso a través de la empresa Organización Trump, que registró los reembolsos como gastos legales.

A principios de 2016, Cohen también hizo arreglos para que la exmodelo de Playboy Karen McDougal recibiera un pago de US$ 150 mil por parte del editor del tabloide The National Enquirer, que luego silenció su historia en una práctica periodísticamente dudosa conocida como “atrapar y matar”.

Trump niega haber tenido relaciones sexuales con las dos mujeres.

La compañía de Trump “abultó” el reembolso de Cohen por el pago de Daniels para solventar los pagos de impuestos, según los fiscales federales que presentaron cargos penales contra el abogado en relación con los pagos en 2018. En total, Cohen recibió US$ 360 mil más un bono de US$ 60 mil.

Cohen se declaró culpable de violar la ley federal de financiamiento de campañas en relación con los pagos. Los fiscales federales dicen que los pagos equivalían a asistencia ilegal y no declarada a la campaña de Trump. Pero se negaron a presentar cargos contra el propio republicano.

El equipo del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, parece estar investigando si Trump o alguien más cometió delitos en el estado de Nueva York al organizar los pagos, o en la forma en que los contabilizaron internamente en la Organización Trump.

El fiscal estableció el gran jurado para investigar si había suficiente evidencia para iniciar un enjuiciamiento, y él es el único que sabe si, o cuándo, se anunciará una acusación.

La semana pasada, los abogados de Trump dijeron que al expresidente se le ofreció la oportunidad de comparecer ante el gran jurado, lo que se considera una señal de que la investigación está cerca de terminar.

Un gran jurado está compuesto por personas extraídas de la comunidad, similar a la de un jurado de un juicio. Pero a diferencia de ellos, los grandes jurados no deciden si alguien es culpable o inocente. Sólo deciden si hay pruebas suficientes para acusar a alguien. Los grandes jurados existen en el sistema judicial federal y en muchos estados.

Sí. La política de larga data del Departamento de Justicia prohíbe la acusación federal de un Presidente en ejercicio, pero Trump, que lleva dos años fuera del cargo, ya no disfruta de ese escudo legal. Y este caso de Nueva York no es una investigación federal.

En todo caso, el diario The New York Times señala que una acusación es todavía territorio inexplorado, por lo que vale la pena ser cauteloso sobre cualquier posible consecuencia.

“Esta acusación parece particularmente poco probable que dañe la base de apoyo de Trump. El público ya sabe lo de Daniels. Sus partidarios decidieron, hace mucho tiempo, que no les importaban especialmente los hechos subyacentes del caso. Un encubrimiento ilegal de un asunto privado se parece más a la acusación de perjurio contra Bill Clinton que a las cintas de Richard Nixon”, indicó el periódico.

Los procedimientos están cerrados al público, incluidos los medios de comunicación. No hay juez presente ni nadie que represente a los acusados.

Los fiscales llaman e interrogan a los testigos, y los miembros del gran jurado también pueden hacer preguntas. En Nueva York, la persona que podría ser acusada puede solicitar un testigo determinado, aunque depende del gran jurado.

Los grandes jurados de Nueva York tienen 23 personas. Al menos 16 deben estar presentes para escuchar evidencia o deliberar. Doce tienen que estar de acuerdo en que hay suficientes pruebas para emitir una acusación. El gran jurado también puede encontrar que no hay pruebas suficientes de un delito u ordenar al fiscal que presente cargos menores.

Reglas centenarias han mantenido en secreto a los grandes jurados para proteger la reputación de las personas que terminan sin ser acusadas, alentar a los testigos reacios a testificar, evitar que los que están a punto de ser acusados huyan y protegerse contra la presión externa.

Incluso si Trump es acusado, condenarlo o enviarlo a prisión podría ser un reto, indicó The New York Times. Por un lado, sus abogados seguramente atacarán la credibilidad de Cohen citando sus antecedentes penales. Los fiscales podrían contrarrestar que Cohen mintió hace años en nombre de su jefe en ese momento, y ahora está en la mejor posición para detallar la conducta de Trump, indicó el diario.

El caso contra Trump también podría depender de una teoría jurídica no probada.

Según los expertos legales consultados por el periódico, los fiscales de Nueva York nunca antes han combinado el cargo de falsificación de registros comerciales con una violación de la ley electoral estatal en un caso relacionado con una elección presidencial, o cualquier campaña federal. Dado que se trata de un territorio inexplorado, es posible que un juez lo desestime o reduzca la acusación de delito grave a un delito menor.

Incluso si se mantiene la acusación, se trata de un delito menor. Si Trump fuera finalmente condenado, se enfrentaría a una pena máxima de cuatro años, aunque el tiempo en prisión no sería obligatorio.

Funcionarios del Servicio Secreto, la policía de Nueva York y la oficina del fiscal de distrito Alvin Bragg se reunieron el lunes para discutir la logística de cómo arrestarían a Trump, si se presentara una acusación.

“Se le tomarían las huellas dactilares y se le tomaría una foto policial, aunque no se espera que sea ‘paseado’ o exhibido ante el público esposado”, según indicó el portal Politico.

Si Trump sería esposado dependería de Bragg, quien es demócrata. Los abogados de Trump han dicho que el expresidente se entregaría si fuera acusado.

Los agentes del Servicio Secreto acompañarían a Trump durante todo el proceso.

Según NBC News, no se esperan novedades hoy en la investigación del expresidente por parte del fiscal de distrito de Manhattan. El gran jurado de Manhattan se reunirá el próximo miércoles, por lo que en esta nueva fecha se podría presentar una acusación.

Sin embargo, Fox News informó que el gran jurado tiene otro testigo para entrevistar el miércoles, lo que podría posponer una acusación hasta la próxima semana, pero la situación es fluida y ha habido varios informes contradictorios. No obstante, todos están de acuerdo en que es “probable” una acusación formal contra Trump.

A pedido de los abogados de Trump, el gran jurado escuchó el lunes el testimonio del abogado Robert Costello, que asesoró previamente a Michael Cohen, testigo clave en el caso. Según fuentes de The Associated Press, Costello atacó la credibilidad de las declaraciones de Cohen.

Costello había buscado a un abogado de Trump diciendo que tenía información que contradecía las declaraciones actuales de Cohen y que podrían exculpar al exmandatario, dijo una fuente. El abogado alertó a la fiscalía, que la semana pasada emitió una citación para que la oficina de Costello entregara documentos y lo invitaron a testificar la tarde del lunes.

Después de sugerir el sábado en una publicación en las redes sociales que sería acusado formalmente el martes, Trump hizo reiterados llamados a protestas masivas por parte de sus seguidores: “Ya no podemos permitir esto más. Están matando a nuestra nación mientras nos sentamos y miramos”, escribió.

Su lenguaje hizo eco de la retórica que empleó antes del ataque al Capitolio de EE.UU. en 2021 y ha planteado preocupaciones sobre el potencial de violencia.

Ante esto, la Policía del Capitolio está tomando precauciones de seguridad en caso de que haya manifestaciones ante una posible acusación contra Trump, dijo el lunes el sargento de armas del Senado en un aviso a las oficinas de los senadores.

“Si bien las fuerzas del orden no están rastreando ninguna amenaza específica y creíble contra el Capitolio o las oficinas estatales, existe la posibilidad de que se produzcan manifestaciones”, dijo el sargento de armas en un correo electrónico a los miembros del personal del Senado. La Policía del Capitolio está “trabajando con socios encargados de hacer cumplir la ley, por lo que puede observar una mayor presencia de las fuerzas del orden en el Capitolio”.

El fiscal Bragg está en estrecho contacto con la policía y la seguridad judicial de Nueva York, según una carta a su departamento que se filtró a la prensa el domingo.

“No toleramos los intentos de intimidar a nuestra oficina o amenazar el estado de derecho en Nueva York”, escribió.

“Nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley se asegurarán de que cualquier amenaza específica o creíble contra la oficina se investigue a fondo y de que se implementen las salvaguardas adecuadas”.

Sin embargo, hasta ahora ha habido poca evidencia del tipo de protestas masivas organizadas que condujeron al ataque del 6 de enero.

Después de días de presión desde el sector de Trump para que se condenara la posible acusación, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, rompió su silencio el lunes. DeSantis acusó a Bragg de sólo perseguir a Trump al servicio de una “agenda política”, pero también se aseguró de mencionar repetidamente las acusaciones a las que se enfrentaba Trump.

“No sé qué se necesita para pagar dinero por el silencio a una estrella porno para asegurar el silencio sobre algún tipo de supuesta aventura”, dijo DeSantis, provocando la risa de los asistentes en la sala. “Simplemente, no puedo hablar de eso”.

Trump respondió insinuando, sin evidencia, que DeSantis pronto podría enfrentar acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de un hombre.

Lindsey Graham, senador de Carolina del Sur y aliado de mucho tiempo del exmandatario, dijo el sábado que el fiscal de distrito Bragg “ha hecho más para ayudar a que Donald Trump sea elegido”.

Otros posibles rivales de cara a 2024, ansiosos por convencer a los votantes de que es hora de alejarse del expresidente, pero también enfrentando el hecho de que sigue siendo la figura más popular del partido, también han dado su opinión.

Durante una visita del sábado a Iowa, el exvicepresidente Mike Pence calificó la idea de acusar a un expresidente como “profundamente preocupante”.

Asa Hutchinson, el exgobernador de Arkansas que está considerando su propia candidatura para 2024, dijo que no esperaba que Trump se retirara de la contienda después de una acusación, aunque eso sería lo “correcto” de hacer.

La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, una candidata declarada que también se desempeñó como embajadora de Trump en la ONU, dijo el lunes en Fox News que el caso de Bragg fue un intento de anotar “puntos políticos”, y agregó: “Nunca querrás tolerar ningún tipo de enjuiciamiento. Eso se está politizando”.

“Al final del día, la opinión de una sola persona sobre él no será diferente después de la acusación que antes”, dijo el veterano consultor republicano Terry Sullivan en una entrevista. “Todos sus aspectos negativos percibidos ya están integrados en su nombre de identificación con los votantes”.

Una acusación o incluso una condena penal no evitaría que Trump continúe con su campaña presidencial si así lo decide. No hay nada en la ley estadounidense que impida que un candidato declarado culpable de un delito haga campaña y se desempeñe como presidente, incluso desde prisión.

Sin embargo, el eventual arresto de Trump ciertamente complicaría su campaña presidencial. Según la BBC, si bien podría hacer que algunos votantes republicanos se unan en torno a su asediado campeón, podría ser una distracción significativa para un candidato en la campaña electoral, tratando de ganar votos y participar en los debates.

También profundizaría e inflamaría las divisiones ya marcadas dentro del sistema político estadounidense.

Según CNN, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, está “considerando presentar cargos de crimen organizado y conspiración” en su investigación de la campaña de Trump y sus aliados para anular la votación de 2020 en Georgia.

Los abogados de Trump tomaron medidas para obstaculizar la investigación el lunes, presentando una moción para descalificar a Willis de la investigación y anular cualquier evidencia reunida en la investigación especial del gran jurado que ella reunió.

El Departamento de Justicia ha estado intensificando lentamente su investigación sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Trump. La semana pasada, un juez federal se puso del lado del Departamento de Justicia y ordenó a un abogado de Trump que testificara ante el gran jurado en el caso, e incluso que entregara sus notas a los fiscales federales.

Al menos dos docenas de personas, desde empleados de Mar-a-Lago hasta asesores cercanos de Trump, han sido citados en la investigación, informó CNN.

La escritora y periodista E. Jean Carroll acusó a Trump de difamación en dos demandas separadas, derivadas de su negación frente a la acusación de que la violó en la década de 1990. El juicio en una de las demandas se retrasó el lunes, pero el otro comenzará el 25 de abril en Nueva York; Se espera que tanto Trump como Carroll testifiquen.

Seis miembros de Oath Keepers, un grupo de milicias de extrema derecha, fueron condenados el lunes por cargos relacionados con el ataque del 6 de enero. Según los fiscales, la investigación de la invasión al Capitolio, que ya es la más grande de la historia, con casi 1,000 personas acusadas, está a medio camino.