Una pena menor: SII considera atenuantes para Golborne y Zalaquett en caso Penta

El 18 de octubre de 2018 fue un día importante en el caso Penta. Esa jornada, la Fiscalía Oriente presentó la acusación y pidió las penas para 20 personas. Entre ellas, para las esposas de los dueños de empresa, María de la Luz Chadwick y Verónica Méndez, a quienes se requirió cuatro años de presidio como autoras de presuntos delitos tributarios. Misma condena se pidió para el excandidato presidencial Laurence Golborne y el exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett.

Para el lunes 13 de mayo está fijada la audiencia de preparación de juicio oral del caso. Así, a pocos días que comience esta instancia, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó su acusación particular en contra de 18 personas (dos menos que la fiscalía). En ella, pidió penas inferiores para todos los acusados.

Para Golborne solicitó tres años de presidio menor en su grado medio y multa de 40 UTA, como autor del delito tributario, y para Zalaquett 540 días de presidio y multa de 20 UTA, como autor del mismo ilícito.

En tanto, para las esposas de los dueños de Penta, el organismo recaudador requirió la pena de tres años de presidio menor en su grado medio y multa de 40 UTA.

El Servicio de Impuestos Internos pidió penas inferiores que la fiscalía, porque estimó que respecto a todos los acusados "concurre la atenuante de irreprochable conducta anterior", dice el documento. Además, respecto a Zalaquett y las esposas de los dueños de Penta, se considera la atenuante de haber pagado el perjuicio tributario que habrían generado.

Por estos días, abogados de algunos acusados han acudido a la fiscalía a negociar posibles salidas alternativas. En concreto, lo que se busca es evitar llegar a un juicio y, en el mejor de los casos, optar por una suspensión condicional del procedimiento. De todas formas, indican conocedores de las tratativas, el escenario más probable es que se llegue a juicios abreviados.

Las diferencias

La acusación del Ministerio Público incluye al exdiputado Carlos Bombal, para quien se pidió una pena de 541 días de presidio. El requerimiento de la Fiscalía Oriente también sumaba al asesor del holding Jorge Molina, para quien se solicitaba una pena de cuatro años.

Sin embargo, estos dos nombres no están incluidos en la acusación presentada por el SII. La razón -explican fuentes del caso- se debe a que ambos no fueron querellados por el organismo recaudador, por lo que resultaba imposible que fueran objeto de acusación particular.

Ambos, de hecho, hace pocos días fueron condenados al pago de una multa por un Tribunal Tributario y Aduanero (TTA). Así, el SII persiguió a ambos por la vía pecuniaria y no penal.