Como un “aterrizaje forzoso” han calificado distintos personeros de gobierno la semana del debut de la administración del Presidente Gabriel Boric.

Y es que en la suma y resta, el balance de los primeros siete días del despliegue de la nueva administración no es positivo entre los los partidos que apoyaron la llegada de Boric a La Moneda. A eso se suma una convivencia compleja entre los miembros de Apruebo Dignidad y los representantes del Socialismo Democrático que se adhirieron a la administración de Boric.

El modelo de “un gobierno y dos coaliciones” no termina de convencer, reconocen en el oficialismo.

“La relación de confianza aún no se ha construido, tomará tiempo y quizás nunca termine de cuajar”, diagnostica de entrada un dirigente del Socialismo Democrático.

Los roces y diferencias de criterio entre representantes de las dos coaliciones del oficialismo quedaron a la vista apenas unas horas después del juramento de Boric. Quienes han sido testigos de la convivencia interna reconocen que los miembros del Socialismo Democrático que ingresaron al Ejecutivo son vistos con distancia y desconfianza por sus pares. A eso se suma la tensión interna por los nombramientos pendientes como las seremías y los embajadores.

El primer episodio de distanciamiento entre los inquilinos del gobierno fue tras la decisión del ministro de Vivienda Carlos Montes (PS) de invitar al sacerdote jesuita Felipe Berríos a integrar el consejo asesor en materia de campamentos. Una determinación que hizo reaccionar de inmediato a la ministra de la Mujer y miembro del comité político, Antonia Orellana (Convergencia Social), quien planteó sus reparos en el comité político aludiendo a que Berríos no habría tenido un rol suficientemente activo frente a las denuncias de abuso sexual contra el fallecido sacerdote Renato Poblete, miembro de la misma orden.

Finalmente, Boric -en su ronda de entrevistas televisivas- terminó por desechar la presencia del religioso en alguna instancia de gobierno.

El “veto” de Orellana a Berríos molestó a los socios del Partido Socialista, sobre todo por la compleja situación en que quedó el exsenador PS Carlos Montes, quien esta semana evitó referirse públicamente al asunto.

En el entorno del exparlamentario insisten que el Presidente Boric sí estaba al tanto de la invitación realizada al sacerdote. Y se quejan de que sus nuevos socios de Apruebo Dignidad se comportan más como dirigentes que como gobierno.

“No estamos funcionando como una coalición, porque tenemos formas de relacionarnos con el mundo social distintas. Varios de los partidos del frente han sido ‘piedra de tope’ para las transformaciones y hoy son socios estratégicos, pero accionistas minoritarios. Partidos como el PS tienen la oportunidad, siendo parte del gobierno de Boric, de reconstruir su espíritu original”, dice una dirigente de AD que reconoce que la convivencia no es fácil.

Al otro lado del cerco, los miembros del Socialismo Democrático critican a los dirigente de AD. “Insisten en esta lógica de que este gobierno es de ellos y están tensionados entre la decisión política del Presidente de sumarnos a la base política de su gobierno y su incomodidad con nuestra presencia”.

A esa nula coordinación entre los partidos, se suman diferencias “conceptuales e ideológicas”, afirma un dirigente frenteamplista. Esa fractura, afirman, se evidenció en torno al conflicto mapuche y el Estado de Excepción ratificado en el norte, pero no en el sur.

Así, la visita frustrada de la ministra Izkia Siches en La Araucanía siguió resonando en La Moneda y puso en evidencia que al interior del gobierno no hay una sola visión sobre el conflicto. La evidencia más patentes es que mientras la ministra Siches y el jefe de la Segpres, Giorgio Jackson, plantean la existencia de “presos políticos mapuches”, el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve (PS), planteó lo contrario.

“Las personas que hoy han sido condenadas por algún delito están condenadas por nuestro sistema judicial, por algún delito que está tipificado en el código penal”, dijo el socialista.

La aseveración de existencia de prisión política durante ese período en particular generó molestia en quienes fueron parte de la Nueva Mayoría. Un alto dirigente del bloque del Socialismo Democrático afirma que “tienen que entender que ahora ellos representan al Estado y dejar la consigna de dirigente gremial. Si hay presos políticos debieran decir ahora mismo dónde están, quiénes son y cómo los van a liberar”.

Asimismo, mientras que algunos parlamentarios que están de acuerdo con una estrategia de diálogo en La Araucanía, como Leonardo Soto (PS), pidieron mantener el estado de excepción luego del incidente de la ministra, contraviniendo la definición ya adoptada por el gobierno.

Incluso, y tras el episodio que marcó la visita de Siches a La Araucanía, la diputada comunista Karol Cariola afirmó que “no hay que pecar de confiados, acá hubo evidentemente situaciones que no se previeron. Poner en riesgo a un equipo ministerial por parte del gobierno es una situación bastante compleja”, lo que en algunos sectores de Palacio se leyó como una crítica a la planificación y al “estilo Siches”.

Las críticas a los primeros pasos del gobierno, en todo caso, no provienen solo del Socialismo Democrático. Desde Apruebo Dignidad también se dejaron ver discrepancias, luego de que integrantes de ese bloque cuestionaron que el primer proyecto que envió el gobierno al Parlamento fuese la prórroga del estado de excepción en el norte del país.

“Me mantengo crítica ante esta medida, si bien ha sido una herramienta efectiva para disminuir ciertos delitos en la zona (...), no podemos naturalizar la militarización de los conflictos sociales en nuestros territorios”, aseveró durante esa jornada la diputada de Comunes, Emilia Schneider, y emplazó a su gobierno a presentar un plan y medidas concretas para enfrentar la crisis migratoria antes de que finalice la prórroga.

Sin embargo, la incomodidad fue más profunda en la bancada del Partido Comunista, el Frente Regionalista Verde Social e independientes, por el símbolo que implicaba. “El estado de excepción no ha solucionado los problemas en la Macrozona Norte. El flujo migratorio irregular se ha mantenido en el tiempo. La problemática de fondo no se ha solucionado”, dijo el diputado comunista y representante de Tarapacá, Matías Ramírez.

Aunque el mandatario ha afirmado que en las designaciones de autoridades no ha primado un sentido de “cuoteo político”, en los partidos que siguen de cerca la designación de los gabinetes regionales tienen una opinión distinta. Si bien en el caso de los delegados presidenciales el balance final es que la mitad fue para Apruebo Dignidad y la otra para los partidos de la ex Concertación, existen tensiones aún en la definición final de seremías y cada partido ha puesto sus cartas sobre la mesa.

Por estos días, al subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Miguel Crispi, se le ha visto “atareado” por los pasillos de La Moneda en medio de la definición de la nómina final de los cargos regionales. Hasta ahora, se han conocido públicamente 20 nombres, principalmente radicados en Salud y Educación, a excepción de La Araucanía, donde también se entregaron los nombres de Hacienda, Agricultura y Obras Públicas.

Durante esta semana, Crispi ha sostenido reuniones bilaterales con los representantes de los partidos. El jueves, de hecho, se vio en Palacio a la vicepresidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba.

En el proceso que encabeza el Subdere, hay tensiones por el rol de Crispi, a quien acusan de estar buscando favorecer a su partido con objetivos electorales en el mapa definitivo de los gabinetes regionales. Así, en el bloque del Socialismo Democrático acusan que AD ha presionado para que sus partidos no tengan “compensaciones” a nivel de seremías.