Visita de Rutherford en manos de la Suprema: CDE pide extender hasta por cuatro años su designación en fraude en el Ejército

El 30 de noviembre de 2021, el gobierno festejó la entrada en vigencia de la Ley 21.394, la cual fue promovida por el Ejecutivo para que los tribunales decretaran medidas para permitir enfrentar el término del Estado de Excepción Constitucional, producto de la pandemia del Covid-19, y así retomar la normalidad en la tramitación de causas judiciales.

Pero hubo abogados y funcionarios de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) que se percataron -tarde- que también había sido aprobada ahí una indicación impulsada por el diputado PS Leonardo Soto, que modificaba el Artículo 51, inciso tercero del Código de Justicia Militar en materia de duración en el cargo de ministros y ministras de Cortes de Apelaciones que integren las Cortes Marciales, prolongando las visitas en investigaciones penales por entre dos y hasta cuatro años.

Ello repercutía directamente en la labor de la ministra en visita Romy Rutherford, quien indaga desde marzo de 2017 el millonario fraude en el Ejército, tras tomar el caso que desde 2015 era llevado por el también magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago Omar Astudillo. Con esta nueva disposición, la jueza quedó en primer línea para ver extendida su renovación, algo que el jueves activó el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

A través de un escrito presentado por la abogada Carolina Vásquez -respaldado por la decisión del comité penal del organismo, que actúa como querellante en la causa-, el CDE pidió la extensión de la visita de Rutherford, en base a las nuevas disposiciones que entrega la Ley 21.394, solicitando así que se renueve su dedicación prioritaria y exclusiva en el caso por hasta cuatro años (que es lo que la norma permite).

Entre los argumentos entregados por el consejo está que la causa que lleva adelante Rutherford ya cuenta con 43 aristas, miles de documentos incautados y una serie de diligencias que debieron ser suspendidas por las restricciones sanitarias, impuestas producto de la pandemia, como por ejemplo, las cuarentenas y las distintas fases que aplicaron en el país.

Sumado a esto, se expuso que el fraude en el Ejército es una causa de alta complejidad, citando la nueva norma incluida en el Código de Justicia Militar, tras la publicación de la nueva ley. “En aquellos casos en que se haya nombrado, según lo dispuesto en los artículos 559 y 560 del Código Orgánico de Tribunales, a un ministro de la Corte de Apelaciones integrante de la Corte Marcial como ministro visitador, la Corte Suprema, por acuerdo del pleno, podrá extender hasta por cuatro años el plazo de duración en el cargo señalado en el inciso anterior, principalmente en los casos en que el ministro visitador respectivo se encuentre investigando causas de alta complejidad, duración e impacto público”.

De las 43 aristas de la investigación de Rutherford, entre las que más “impacto público” causaron están “empresas de turismo” y “gastos reservados”. En ambos, los principales inculpados han sido altos oficiales, entre ellos dos excomandantes en jefe del Ejército, como Juan Miguel Fuente-Alba (procesado por $ 3.500 millones) y Humberto Oviedo (encausado por $ 4.500 millones). Otros 15 oficiales han sido procesados en la investigación.

Según explicaron fuentes del CDE, principalmente en el comité penal hay un total respaldo al trabajo de Rutherford y, agregan, siempre han estado por apoyar su dedicación exclusiva al caso. Quienes la conocen, en ese sentido, cuentan que tiene hasta una bóveda en su oficina con miles de documentos que revisa diariamente, junto a un equipo de la PDI y funcionarios del Poder Judicial.

Pero sus diligencias y su figura no encuentra consenso en todos los abogados e intervinientes en la causa. En esa línea, hay quienes critican que se personalice una investigación en una determinada persona, y que ésta no esté a cargo de una institución, en este caso el Poder Judicial, y no en un nombre propio. Como en todo, agregan, Rutherford también tiene sus detractores/as en la Corte de Santiago, quienes también estarían interesados en tomar su puesto.

Más allá de las aprensiones y entusiasmos de terceros, la decisión final la deberá tomar el pleno de la Corte Suprema, y para eso tiene hasta marzo de este año. En 2019, cuando se decretó la primera renovación de Rutherford en la causa -ahí se hizo una nueva Ley que permitía una extensión por dos años-, esta fue notificada por el pleno el 20 de enero del 2020.

Esa vez la decisión del pleno de la Suprema fue unánime, incluso respaldada públicamente por el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva. “Es una buena señal de la conformidad que existe con su trabajo y también hay que tener en consideración que, aunque cualquier ministro está capacitado para conocer una causa como esa, se trata de un proceso que tiene 39 tomos, 39 cuadernos y con muchos procesados. Significaría un trabajo inmenso para una persona distinta a la señora Rutherford, que de la noche a la mañana se le entregaron esos antecedentes para que conociera la causa”, dijo esa vez el ministro del máximo tribunal del país.