Alfonso Silva: “La controversia por la Visa Waiver no habla bien de la diligencia chilena”

Chile ingresó al Programa de Visa Waiver, que permite a los nacionales de los países participantes designados viajar a Estados Unidos por turismo y/o negocios por hasta 90 días sin obtención de visa, el 28 de febrero de 2014. Por esas fechas, Alfonso Silva veía de cerca el tema como subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Sebastián Piñera. Y más tarde fue testigo de su funcionamiento, como embajador en Washington, entre 2018 y 2022.

En medio de la actual ofensiva de algunos congresistas norteamericanos, especialmente republicanos, que han amenazado con bloquear el financiamiento de Visa Waiver si Chile no es suspendido del programa debido al “turismo de robos” protagonizado por ciudadanos chilenos, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, sostuvo una reunión ayer en Washington con el secretario de Estado, Antony Blinken, en donde se trató el asunto. “Expresamos nuestro fuerte interés en mantener este programa”, dijo el canciller.

Asimismo, la Cancillería informó que *esta semana, un equipo técnico de alto nivel con representantes de la Mesa Interinstitucional, compuesta por el Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, Policías y Registro Civil, estuvieron en Washington DC trabajando con el DHS (Departamento de Seguridad Nacional). En este contexto, la ronda de consultas terminó satisfactoriamente para las partes y hemos dado garantías al DHS que se compartirán antecedentes penales que evitarán el turismo delictivo*.

De cara a la controversia generada por este fenómeno y el impacto en el Programa de Visa Waiver, Silva entrega su análisis en la siguiente entrevista con La Tercera.

¿Cómo analiza la escalada de este tema?

Es muy lamentable que esto haya tenido que llegar a un nivel de presión política por no haber avanzado como correspondía en una solicitud que se generó a fines de 2021. Esa solicitud de información (sobre los antecedentes penales de los chilenos que viajan a Estados Unidos) se hizo a fines de ese año, alrededor de octubre o noviembre, cuando yo estaba de embajador en Washington.

En Chile se estudió la propuesta norteamericana y surgieron algunas dudas sobre si la legislación interna chilena podría entrar en conflicto con el memorando de entendimiento que proponía Estados Unidos en ese momento.

Luego de un análisis que duró un tiempo, se le transmitió a Estados Unidos en esa época –debe de haber sido diciembre o enero– que no podríamos suscribir este documento después del análisis jurídico que se hizo.

Para ello, Estados Unidos propuso, con bastante flexibilidad, que Chile estudiara una fórmula que fuera aceptable para ambos países.

En ese momento yo dejé la embajada. Estoy seguro que las autoridades técnicas del Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional) hicieron todo lo posible por hacer un acuerdo con Chile.

La presencia de actores delincuentes chilenos, que ha sido bastante mediática, ha provocado que intervenga el nivel político. Es muy lamentable, porque esto no habla bien de la diligencia chilena para trabajar en las solicitudes estadounidenses que son requisitos naturales que puede poner un país.

Si uno se suma a ese beneficio, tiene que cumplir con las reglas. Las reglas son evolutivas, porque el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia se van acomodando para burlar estos requisitos. Entonces la autoridad norteamericana tiene que ir buscando nuevas fórmulas para poder ir controlando esto.

¿Qué fue lo más prioritario que solicitó Estados Unidos cuando usted estaba en la embajada?

Lo que se solicita es una información más acotada respecto a lo que estaba entregando Chile en ese momento, que no siempre satisfacía el requerimiento de Estados Unidos respecto a situaciones en las cuales ingresaban chilenos indeseables. Los detalles no los conozco, porque llegó directamente a Santiago. El Ministerio de Interior y la Cancillería coordinan. Pero el contenido de los acuerdos los ve Interior y el Ministerio de Justicia.

¿Las exigencias de Estados Unidos son las mismas que para el resto de los países que participan en el programa?

Sí, no hay ningún tipo de discriminación. La información que solicita Estados Unidos es una información que empezó a pedir hace un par de años a todos los países miembros del Programa de Visa Waiver. No tiene nada que ver esta exigencia con la actividad criminal de chilenos en Estados Unidos en este momento. Es una exigencia que resguarda la seguridad del país y que podría prevenir esa actividad criminal, pero que no nació en relación con eso.

¿Cuánto tiempo pueden tardar estas negociaciones y estos acuerdos?

Normalmente estas cosas se dilatan, porque hay detalles que discutir. En el momento en que me fui de la embajada todavía faltaba por entregar una propuesta chilena a la alternativa norteamericana. Desconozco cuándo se entregó la propuesta chilena y cuándo se elaboró. Pero ese proceso, que se inició en octubre–noviembre de 2021, se ha prolongado por todo 2022 y 2023. Estamos hablando de cerca de probablemente 18 meses.

¿Cree que hay una falta de coordinación ministerial?

No me extrañaría. Porque la urgencia que la Cancillería puede otorgar, y que de hecho ha otorgado, a la necesidad de llegar pronto a satisfacer la propuesta de Estados Unidos requiere al menos de la colaboración permanente del Ministerio de Interior, del Ministerio de Justicia, del Registro Civil y de la Policía de Investigaciones.

La Cancillería no tiene la facultad de forzar estas cosas, salvo los buenos oficios y la coordinación que corresponda. Pero esto no siempre ocurre y lamentablemente no solo en esta materia. En esta materia ha sido evidente el retraso y el nivel de crisis que se ha generado ya que llegó a un nivel político totalmente innecesario. Esto ocurre en muchas otras áreas en donde los ministerios tienen sus propios encargados de asuntos internacionales que algunos toman contacto con la Cancillería, pero en muchos casos los ministerios actúan por cuenta propia o no actúan.

La escalada de este tema hacia lo político, ¿puede ser un aprovechamiento del Partido Republicano para poner esto sobre la mesa en un año de campaña electoral en Estados Unidos?

Por supuesto, efectivamente el problema de que llegue a este nivel político no es solamente que Chile esté involucrado en una negociación pendiente, que a lo mejor se resuelve en los próximos días.

Influye el año electoral y el tema pasa a ser más bien político. Va a ser una discusión de si el gobierno actual, el demócrata, ha sido diligente para prevenir que países que tienen Visa Waiver estén cumpliendo con sus requisitos y de si, al no cumplir con esto, están poniendo en peligro a la población norteamericana porque ingresan delincuentes al país. El eje cambia, ya no es algo técnico que Chile tiene que negociar con el Homeland Security sobre un documento en particular.

Considerando los desafíos fronterizos y migratorios de Estados Unidos, ¿cree que los delitos cometidos por algunos grupos de chilenos en ese país son un problema grave para el país norteamericano?

Creo que el tema de que haya actividad criminal en Estados Unidos de algunos grupos de chilenos no es un tema tan grave para la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero evidentemente ha contribuido el hecho de que haya una cuestión pendiente de entregar información a la mano con la actividad criminal de grupos de chilenos en ese país. Ha sido algo muy mediático que partió en el estado de California, donde se dieron las primeras luces de esta situación en la prensa, y se ha ido repitiendo en otros lados. Probablemente ha sido utilizado con alguna finalidad electoral por parte del Partido Republicano.