Bernardo Navarrete, presidente del CPLT: “El aumento de la corrupción municipal fue culpa de quienes estaban llamados a ver el funcionamiento de las corporaciones”

Este año, el Consejo para la Transparencia (CPLT) celebra su 15º aniversario desde su establecimiento en 2008, con el hito de 2013 en que se creó el portal de acceso a la información pública para supervisar a los organismos de la administración del Estado y que durante los últimos seis meses tiene a Bernardo Navarrete como presidente de la institución.

Bajo su administración, al doctor en Gobierno y Administración Pública le ha tocado lidiar con el creciente tema de la corrupción municipal, problema que cree tiene que ver con la falta de atención de las autoridades hacia las corporaciones municipales, ahora epicentro de muchos casos irregulares en el país.

¿Cómo evalúa el acceso a la información de las instituciones del Estado?

Hemos construido, primero, un portal que sostiene algo central, que es que nos comunicamos por medios digitales. Es muy importante que a todo evento hemos logrado que no existan trabas de ingreso al sistema de información público chileno. Además de construir una institucionalidad abierta, sin barreras de ingreso para todos los chilenos y para quien lo estime. En 15 años se abrió un nivel de información que permite control social de la ciudadanía.

Se ha observado que en algunos casos los alcaldes tenían un nivel de discrecionalidad tan alto que dejaron de lado las normativas públicas, convirtiendo las corporaciones en una especie de “tierra de nadie”

Bernardo Navarrete, presidente del CPLT

¿En qué sectores aún falta avanzar en materia de transparencia?

Tenemos que avanzar en cooperar entre agencias en la información para generar evidencia. Lo segundo es retomar la ley de transparencia general para toda la institucionalidad del Estado. En Chile tenemos regímenes especiales para los distintos órganos, por lo que hay que evitar buscar propios regímenes. Una regla general nos permitiría poder evaluar a los tres poderes del Estado, incluyendo incluso al Tribunal Constitucional. La última es que necesitamos la Ley de Transparencia 2.0, porque es evidente que el 2008, cuando se creó, no teníamos el mismo nivel tecnológico, y nos permitiría actualizar normas, procesos.

¿Considera adecuada esta batería de propuestas para mejorar el acceso a la transparencia?

En menos de un año tenemos más de 300 medidas, 70 de ellas sobre corrupción directamente. El país no puede soportar tal institucionalidad sin ahogarse en normas y reglamentos cuando en estricto rigor basta hacer aquello que la ley establece. Tenemos una frondosa legislación y todas son normas que se entienden de conocimiento una vez que han sido publicadas y que en la práctica real no existen.

¿Cómo evalúa la indicación ingresada por el gobierno para que Contraloría realice controles de legalidad a instructivos del CPLT?

El Ejecutivo nos impuso un control de legalidad que son las formas en que nos comunicamos con las instituciones del Estado para direccionar a los funcionarios en la entrega de información en tiempo y forma. Resulta inentendible que la ley bloquee la autonomía para generar medidas obligatorias para el aparato del Estado y el gobierno lo quiera retirar por una indicación. Ese es el escenario en términos de retrocesos y del desarrollo de trasparencia. Llevamos 34 años diagnosticando nuestros males, cuando las soluciones están en las instituciones, en las normas ya existentes. Insisto que un déficit sustantivo que tiene Chile es la falta de una regla general de transparencia para todas las instituciones.

Hay al menos 642 causas abiertas en el Ministerio Público por casos de corrupción en municipios. ¿Cómo lo caracterizaría?

Los municipios han fracasado en tener los códigos de ética. Sólo el 19% de los municipios los tiene y de aquellos de los cuales las instituciones tienen serios problemas en su funcionamiento, es porque son creados a través de la instrucción que da el alcalde y que convoca funcionarios que no tienen interés o capacidades para estructurarlo. Tenemos un instrumento que ha fracasado y deberíamos ir hacia el cumplimiento de normas que ponen una condición. Por ejemplo, el oficial de cumplimiento, una persona que en el municipio, en el gobierno regional o en un ministerio tiene la potestad de hacer una investigación de forma autónoma y cautela que su cargo se mantenga.

¿Las corporaciones municipales han facilitado la negación de información de acceso público?

Uno puede encontrar corporaciones con una alta demanda y graves problemas de recursos. Además, surgen preguntas sobre cómo una institución que recibe financiamiento directo del municipio puede incurrir en actos de corrupción y defraudar a los ciudadanos. Es preocupante que en algunos casos se haya necesitado la intervención del contralor general y la Corte Suprema para abordar problemas que llevan décadas ocurriendo. Es necesario preguntarse por qué no se actuó antes y por qué no se investigó. Los alcaldes presiden estas corporaciones, pero también hay un directorio con responsabilidades. Es importante cuestionar qué papel jugaron estas personas en la supervisión y fiscalización. Se ha observado que en algunos casos los alcaldes tenían un nivel de discrecionalidad tan alto que dejaron de lado las normativas públicas, convirtiendo las corporaciones en una especie de “tierra de nadie”. Esto llevó a la necesidad de fiscalizar las corporaciones, que fueron creadas originalmente para proporcionar respuestas ágiles a las demandas de los ciudadanos.

Es importante que las autoridades estén atentas y se involucren para identificar y resolver los problemas en estas instituciones, porque el aumento de la corrupción municipal fue culpa de quienes estaban llamados a mirar el funcionamiento de las corporaciones e hicieron caso omiso a los hechos.